Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reunieron por primera vez con el presidente Tabaré Vázquez el jueves de la semana pasada. Uno de los temas de los que conversaron fue la posibilidad de aplicar en forma gradual el nuevo Código del Proceso Penal; la norma otorga mayor protagonismo al fiscal en la investigación y deja la resolución en manos del juez, en el marco de un juicio oral y público. La entrada en vigencia del Código está prevista para el 1º de febrero de 2017, pero el jueves los ministros manifestaron su preocupación por el presupuesto que requerirá - “Vamos a necesitar, de pique, un defensor más por juicio”, advirtió Ricardo Pérez Manrique- y solicitaron que en 2017 el Código empiece a regir sólo en algunas zonas del país.
Ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró esta propuesta “inconveniente e inconstitucional”. “La Fiscalía de Corte tiene una posición absolutamente contraria. La entrada en vigencia de un sistema procesal penal en una parte del territorio nacional y mantener al mismo tiempo en otra parte del territorio otro sistema, en nuestra opinión tiene visos de inconstitucionalidad en tanto vulnera el principio de igualdad, porque habría ciudadanos que estarían siendo juzgados en base a un código y ciudadanos que estarían siendo juzgados en base a otro código”, manifestó. Puso como ejemplo la posibilidad de que algunos ciudadanos, por encontrarse en determinadas zonas del país, sean sometidos a prisión preventiva por haber cometido un delito, mientras que otros no lo sean al ser juzgados en base a un código distinto. Valoró además que la aplicación gradual es “innecesaria e inconveniente”, y agregó que disponer la gradualidad no es potestad de la SCJ sino del Parlamento, que es “el único que tiene la potestad de llevar adelante modificaciones en ese sentido”.
Díaz realizó estas declaraciones tras su participación en la firma de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte para la aplicación del Código del Proceso Penal, que incluye la elaboración de protocolos de actuación de policías y fiscales, y actividades de capacitación. El fiscal de Corte sostuvo que la institución que dirige “sí va a estar preparada para la reforma, sin excusas ni pretextos”.