La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió ayer en audiencia pública a Lilián Abracinskas, de Mujer y Salud Uruguay, a Lilián Curbelo, de Infancia y Adolescencia Ciudadana, a Marina Morelli, de Mujer Ahora, en representación de la sociedad civil, y al embajador Hugo Cairus y la asesora Paula Rolando, por el Estado uruguayo, para escuchar a las partes sobre la reforma del Código Penal que se proyecta en el país.
Morelli solicitó, en nombre de las organizaciones, que la CIDH “señale al Estado uruguayo” con un informe “preciso” sobre “cuáles son los estándares en materia penal para la prevención, protección y sanción de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes”, para que “no se apruebe” un Código Penal contrario a las obligaciones internacionales que asumió Uruguay en la materia. También solicitó que la CIDH “dé seguimiento especial al proceso parlamentario” de discusión de la reforma de ese código.
Las organizaciones exigieron que la nueva ley respete “los derechos sexuales y reproductivos, evitando la criminalización del aborto e incorporando tipificaciones relacionadas con la esterilización forzada, la inseminación forzada, la manipulación del cuerpo de la mujer contra su voluntad y la violencia obstétrica”; que debe armonizar los delitos sexuales, “eliminando los estereotipos de género y abarcando todas las formas de abuso sexual”; y que no debe retroceder “en formas delictivas ya legisladas”, como la “explotación sexual comercial”, incorporando leyes sobre “trata de personas, tráfico de migrantes y crímenes de genocidio, lesa humanidad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. También pidieron que se incluyan en el delito de violencia doméstica “todas las formas de violencia y se sancione penalmente la expresión más dramática, como es el feminicidio”.
Abracinskas cuestionó la vigencia de un Código Penal “androcéntrico y patriarcal, que no respeta la igualdad de género”. Dijo que el Parlamento comenzó a discutir su reforma en 2010, pero no consultó a la sociedad civil. Destacó que se presentaron textos alternativos y declaraciones públicas de advertencia y, sin embargo, el 3 de febrero la comisión que discutía el proyecto lo aprobó “sin modificación alguna”. Para Abracinskas, el proyecto no fue aprobado definitivamente por el Parlamento porque “los plazos no lo permitieron”, y no por otras razones.
Curbelo denunció que en la redacción proyectada “el delito de violación” no contempla “todas las formas y vías de penetración, ni la vía oral, ni la penetración digital o con objetos”. Luego se centró en denunciar la “alarmante realidad” en cuanto a la “explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, que es negociada por los adultos como si fuera “una mercancía”.
Morelli, antes de hacer la petición, denunció que en Uruguay entre 1991 y 2015 “murieron asesinadas más de 730 mujeres”, y que en los 75 días que van de este año “fueron asesinadas 14 mujeres, la mayoría de ellas a manos de sus parejas y ex parejas”. La figura del homicidio “no nos dice nada”, porque “invisibiliza” la violencia estructural, que “el derecho no debe ignorar”, expresó. “En materia de derechos humanos, hay que hacer lo que hay que hacer. No es aceptable promulgar leyes que den cuenta de lo que se pudo hacer, de acuerdo al escenario e interés político circunstancial del momento”.
Por su parte, Cairus aclaró que la aprobación del proyecto estaba “prevista” para diciembre de 2014, pero “se suspendió para que la comisión tratante tomara en consideración las observaciones realizadas por diversas instituciones y organizaciones”; defendió los “avances legislativos” en materia de violencia de género y de derechos humanos que se han dado en el país, y expresó que siempre “hay espacio para mejorar”. “Para Uruguay es primordial eliminar cualquier forma de discriminación”, dijo, y se comprometió a transmitir al gobierno lo constatado en la audiencia.