“Supongo que Tróccoli no quería enfrentarse a la fiscal que le hizo judicialmente la impunidad imposible en Uruguay”, sostuvo Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, en referencia a la que fuera fiscal y hoy preside la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, que se presentó ayer a título personal en el juicio llevado adelante por la Tercera Sección Penal del Tribunal de Roma en la cárcel de Rebibbia. Desde febrero allí se juzga a 32 militares: 16 de Uruguay, 11 de Chile, cuatro de Perú y uno de Bolivia, por 23 desapariciones forzadas y asesinatos de ciudadanos italianos y de 18 uruguayos durante la coordinación represiva denominada “Plan Cóndor”.
Si bien el capitán de navío Jorge Tróccoli no tenía que declarar, su ausencia se hizo notar porque había asistido a las instancias previas, además de que se trata del único de los imputados que reside en Italia, tras huir de la Justicia uruguaya en 2007, cuando iba a ser procesado por Guianze, imputado por delitos de lesa humanidad. Estuvo representado por su defensa, que objetó a distintas partes civiles propuestas por el fiscal Giancarlo Capaldo.
La jueza Evelina Canale aprobó la presencia de familiares de las víctimas y de instituciones como el Ayuntamiento de Roma, la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile y el Partido Comunista de Chile. Sin embargo, rechazó la participación de Abuelas de Plaza de Mayo, que representarían el caso de Mariana Zaffaroni y su madre desaparecida, María Emilia Islas, ya que entendió que la finalidad de esa organización de derechos humanos argentina “no se corresponde con el asunto juzgado y su fundación se produjo después de los hechos investigados”.
La magistrada italiana fijó el calendario de 38 audiencias que se celebrarán durante este año, excepto en agosto, mes de feria judicial en Italia. La próxima será el 9 de abril, cuando comience la fase de instrucción y se presente la lista de testigos. Los militares uruguayos acusados son Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Vázquez Bisio, Luis Maurente, José Sande, José Gavazzo, José Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Álvarez, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Tróccoli.
En una conferencia de prensa que la querella uruguaya brindó ayer en la sede del PIT-CNT, el secretario de Derechos Humanos de la central, Edgardo Oyenart, destacó el caso del dirigente sindical Gerardo Gatti, desaparecido en Argentina en 1976: “En esta causa se están dirimiendo responsabilidades; aunque nosotros sabemos perfectamente quiénes fueron, queremos que se haga justicia”. Martha Casal, viuda de Gatti y madre de Adriana Gatti Casal, también desaparecida en el vecino país, comentó a la diaria que el inicio de este juicio en Italia representa una “esperanza renacida”. “Lo que falta es la verdad; eso no se ha conseguido. Es justo que se sepa qué ha sido de ellos [los desaparecidos], en su mayoría jóvenes, cuyos casos representan un aplastamiento de reivindicaciones que eran justas”, afirmó. “Falta juzgar a una enorme cantidad de responsables cívico-militares, pero debajo de la tierra, debajo del mar, quienes no están siguen removiendo”.