Entre médicos
El informe de la división Salud Ambiental y Ocupacional del MSP -elevado en julio de 2014 a la INDDHH, institución ante la cual los vecinos formularon la denuncia- menciona que en el caso de Paso Picón existe una “exposición reiterada a plaguicidas por parte de la población residente de la zona y que la misma ha afectado la salud de los pobladores, incluyendo la afectación aguda de la salud de un funcionario” durante la inspección. Menciona que los vecinos presentan síntomas como “cefaleas, ardor ocular, dolor y ardor orofaríngeo, ardor nasal, dificultad respiratoria, broncoespasmo, irritación cutánea y diarrea”, que se corresponden “con el cuadro clínico descrito en intoxicaciones agudas y reiteradas por plaguicidas”. Los equipos del MSP constataron que las fumigaciones de Castilla ocurrían hasta a 30 y 50 kilómetros de las viviendas circundantes. El MSP resolvió aplicarle una multa de 1.000 Unidades Reajustables al productor, quien presentó sus descargos; el MSP se mantiene firme en la decisión tomada y está terminando de elaborar la respuesta.
Sobre la ruta 62 de Canelones, que une la capital departamental con la ciudad de Santa Lucía, se ubica Paso Picón, un área rural que ha sido noticia en los últimos meses debido a las fumigaciones que aplica un productor sobre sus hectáreas sembradas de soja y muy próximas a las casas de los vecinos. El productor es Máximo Castilla, médico que reside en la ciudad de Canelones (a cuatro kilómetros de Paso Picón) y explota campos de la zona, en los que planta trigo en invierno y soja en verano. Los vecinos comenzaron a denunciar las fumigaciones a fines de 2013. El Ministerio de Salud Pública (MSP) constató la afectación a la salud de Adriana Pascual, una de las vecinas, de su hija y de un funcionario de la Intendencia de Canelones a causa de las fumigaciones (ver recuadro).
La empresa contratada por Castilla para fumigar fue sancionada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en octubre de 2014, cuando se constató que en junio no había respetado en su predio la distancia mínima que se debe mantener con respecto a los cursos de agua. Castilla fue sancionado recientemente, cuando el MGAP constató que el 28 de enero la fumigación había alcanzado, por deriva, al predio de Ariel Gulpio, un productor orgánico de la zona, cuya salud también sufrió daños. Pero ayer volvió a fumigar. Pascual afirmó a la diaria que la aplicación de productos se produjo ayer entre las 11.30 y las 14.30 mientras el viento soplaba a 24 kilómetros por hora, siendo que está prohibido que se fumigue cuando la velocidad del viento supera los 10 kilómetros por hora. Los vecinos llamaron a la Policía y formularon la denuncia ante el MGAP, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el MSP, “pero nadie lo detuvo”, lamentó. Al atardecer, el mosquito (tractor con largos brazos) volvió a rociar los campos de soja, pero el viento ya era calmo; aun así, no se podía respirar aquel “olor a desinfectante”, describió la vecina.
Mano a mano
La casa de Ariel Gulpio fue el punto elegido por los vecinos para recibir a las autoridades del MGAP el jueves 26 (la reunión estaba agendada para el martes 24, pero las autoridades la aplazaron dos días). A la sombra de una amplia enredadera, tomaron asiento algunos habitantes de Picón y se sumaron otros de Los Álamos -que es parte de la zona suburbana de Santa Lucía- y de Villa Guadalupe -zona rural próxima a Juanicó-. En Los Álamos hay una plantación de soja y en Villa Guadalupe, unos capitales argentinos compraron 60 hectáreas que tendrán el mismo destino. La idea era compartir experiencias. Las autoridades se retrasaron y eso dio tiempo para intercambiar información sobre las vías de denuncia, normas, ordenanzas, afectaciones a la salud y nombres de estudios médicos que constataban las afecciones más comunes (y las resistencias de algunas mutualistas a la hora de autorizarlos).
Inocencio Bertoni, responsable de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Hugo Ferrazzini, director de Control de Insumos, y Fabio Comoto, inspector del ministerio, fueron las autoridades invitadas. El intercambio se extendió durante dos horas y media, en las que los funcionarios explicaron su trabajo e intentaron defenderse de los dardos lanzados por los vecinos.
Otro nivel
La Intendencia de Canelones (IC) convocó a una reunión que se realizará el jueves 5 y que nucleará a diferentes organismos que tienen injerencia en el tema. Por el MGAP irán los responsables de la DGSA, de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y de la dirección departamental de Canelones, también asistirán referentes de la Dinama y del MSP. Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la IC, explicó a la diaria que si bien las instituciones ya están trabajando coordinadamente, se intentará profundizar el intercambio. Precisó que es necesario ajustar los procedimientos de denuncia, que suelen corresponder a más de un organismo, así como revisar normativas. Canelones innovó años atrás, cuando prohibió las fumigaciones aéreas en el departamento. Pero las terrestres siguen siendo una piedra en el zapato, especialmente en zonas pobladas que no alcanzan la categoría de centros poblados.
En 2004 el MGAP emitió una resolución en la que prohíbe “las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios” -de esta manera refiere el MGAP a los productos agroquímicos- a cultivos que estén a menos de 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana o centro poblado, y dispuso que esa distancia no puede ser inferior a 300 metros cuando la aplicación es terrestre (por ejemplo, mediante un mosquito o tractor). Los vecinos de Santa Lucía plantearon la obvia contradicción: si todo cultivo de soja transgénica -que se planta ampliamente en Uruguay- requiere una serie de aplicaciones de agroquímicos, ¿cómo es posible que sea plantada en una zona suburbana (en Los Álamos, por ejemplo)?
El caso de Picón es distinto. Se trata de una zona rural donde quien fumigue puede hacerlo a una distancia inferior a los 500 y 300 metros; el único impedimento es que no haya deriva, es decir, que no haya un viento superior a 10 kilómetros por hora.
Los vecinos reclamaron que “nadie controla lo que el productor aplica” y que los diferentes químicos son combinados sin que se midan las consecuencias. Bertoni dijo que era imposible tener un inspector que controle a cada productor. Es cierto, dijeron los interpelantes, pero pusieron el ejemplo del tránsito, donde las multas significativas pueden habilitar la suspensión del permiso para conducir, y controles dispersos pueden identificar malas prácticas.
Bertoni anunció que el efecto de las combinaciones “es un tema a trabajar”. Manifestó, además, que propondrán que la habilitación de fitosanitarios, a cargo de la DGSA, no corresponda sólo al principio activo, sino al producto formulado: “El glifosato es la molécula, pero hay 20 formulaciones distintas; es el producto final el que tenemos que controlar”, expresó. El jerarca anunció que se está trabajando para diseñar un monitoreo del control satelital de las aplicaciones de agroquímicos, que podría estar listo en el segundo semestre de 2015. Alcanzaría a 100% de las fumigaciones aéreas y de las aplicaciones terrestres de las empresas registradas (no las que hacen aisladamente los productores, como ayer las estaba haciendo Castilla, según los vecinos).
Poco antes de que finalizara el encuentro, Bertoni comentó: “Ustedes no deben de estar satisfechos con la actuación del MGAP”, y añadió: “Pero actuamos, no estamos ajenos al tema”. La misma sensación les quedó a los vecinos, pese a que anoche, hasta las 22.30 al menos, el mosquito seguía rociando los campos aledaños y tal vez los propios.