De un lado, Tania da Rosa, directora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), y Martín Sbrocca, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Del otro, Virginia Masdey y Marisa Arizeta, abogadas del Ministerio del Interior (MI). En el medio, la jueza María Isabel Vaccaro, que condujo la audiencia que se celebró ayer en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1º Turno y quien fallará hoy a favor o en contra de una acción legal que Cainfo inició el lunes. El motivo: la falta de respuesta del MI a un pedido de información sobre el sistema de vigilancia electrónica El Guardián que Da Rosa presentó en 2014.
Los representantes de Cainfo aclararon que están interesados en la operativa: “Quién se va a hacer cargo de la custodia, recolección, control, tratamiento y destrucción” de los datos que recolectará El Guardián y qué controles habrá. El MI, por su lado, alegó que como la adquisición del software se calificó como secreta, el protocolo de manejo también lo es. La jueza decidirá hoy si la información es considerada de interés público y debe ser liberada, o si el MI puede clasificarla como reservada, lo que sentaría un precedente de secreto para El Guardián, que ya está interceptando llamadas, correos electrónicos y redes sociales en modo de prueba.
