En la dulce espera
Ayer los funcionarios judiciales se reunieron en asamblea para analizar los pasos a seguir después de haber recibido, con satisfacción, la sentencia. Según explicó Gustavo Signorelle, se aprobó abrir un “compás de espera” para saber si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial apelarán el fallo de la jueza Josefina Tommasino, que el lunes resolvió a favor del reclamo de 26% de aumento salarial de los judiciales. Los funcionarios buscarán entablar instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo y con la SCJ “para que puedan entender que esta sentencia es un buen negocio para el Ejecutivo. Si apelan y alargan el proceso nos obligan a nosotros a apelar, por los 19 meses que no nos da esta sentencia”. El dirigente se refiere a que el reclamo original de los funcionarios era que el aumento fuera retroactivo a abril de 2011, cuando dejaron de cobrarlo, mientras que la jueza lo estableció a partir de diciembre de 2012. Signorelle consideró que el anuncio de Astori sobre la apelación “es un apresuramiento, porque no hay que ser economista para saber que dos es menos que cuatro”. Ayer, en un encuentro con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, les dijo que será el encargado de las negociaciones con los judiciales.
Ayer de tarde, además, los funcionarios presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 19.310, de diciembre de 2014, que determinó que el aumento salarial reclamado sea de 8% para los judiciales. Según Signorelle, todos los artículos de la norma “tienen vicios de inconstitucionalidad de fondo o de forma”, y marcó dos ejemplos: que no se puede resolver un aumento salarial en un año electoral y la modificación realizada en el artículo 400 del Código General del Proceso, que pasa la responsabilidad del pago de las sentencias contrarias al Poder Judicial a la SCJ (en lugar de al Ministerio de Economía y Finanzas).
Encabezados por Jorge Chediak, los cinco jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantendrán a las 9.30 un encuentro con el presidente de la República en la residencia de Suárez. El magistrado indicó que, si bien tendrán “agenda abierta”, harán hincapié en la “problemática económica del Poder Judicial”, especialmente respecto de la implementación del Código Procesal Penal, “que requiere inversiones edilicias, capacitaciones y nombramiento de jueces”, y sobre las “diferencias salariales que se han venido acumulando desde 2011”.
La reunión se produce un día después de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara que va a apelar la sentencia en primera instancia de la jueza Josefina Tommasino, que falló a favor del reclamo salarial de 3.800 trabajadores representados por la Asociación de Funcionarios Judiciales, quienes exigen un aumento salarial de 26%. “La historia de este conflicto es muy conocida, y también las intenciones que se tuvieron al aprobar la última ley en el Parlamento. Sobre esa base es que vamos a apelar”, anunció ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, en rueda de prensa. Dijo que está “conforme” con la forma en que el Poder Ejecutivo se ha manejado con el conflicto, pero se mantuvo firme en que el aumento sea de 8% y retroactivo a tres meses: “Hay que partir de una realidad: tenemos una ley que está vigente”, añadió. En la SCJ todavía “no saben” si van a apelar. Tienen tiempo para hacerlo hasta el 13 de abril. Los funcionarios esperan conocer la postura de ambos poderes para determinar los pasos a seguir (ver “En la dulce espera”).
Si bien los funcionarios reclamaban por un total de 1.276.887.729 pesos, más de 50 millones de dólares, todavía se desconoce a cuánto asciende el monto total, ya que Tommasino consideró que el pago debe ser retroactivo a diciembre de 2012, cuando se presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 18.738, y no a abril de 2011, cuando los funcionarios dejaron de percibir el aumento. “Hay que analizar, caso por caso, cuál es el porcentaje que le corresponde a cada funcionario”, expresó Chediak ayer en conferencia de prensa, aunque aclaró que el pago “no va a salir del presupuesto de la Corte”.
“Antes, las sentencias que condenaban al Estado se pagaban [con dinero] de Rentas Generales; esto cambió a fin del año pasado, y es notorio con la excepción que se hace en el Poder Judicial, cuando se establece un régimen atípico, que la Corte ya había señalado que era inconveniente. La Corte no tiene posibilidad de pagar sentencias desde sus propios fondos, porque no le sobran. Hasta ahora no teníamos que tener revisiones presupuestales. Se nos agrega una carga y no se nos da ningún fondo presupuestal, que debió ser simultáneo para cumplir con esas cargas”, manifestó.
Agenda abierta
Consultados por otros temas que están en la órbita de la SCJ, los ministros se refirieron a los recursos de inconstitucionalidad que empresas de comunicación presentaron contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente desde el 29 de diciembre de 2014, fecha en que fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Chediak reconoció que ninguno había “estudiado” estos casos todavía. Aunque este tipo de recusaciones suelen demorar unos siete meses, aquí puede extenderse el plazo porque el ministro Jorge Ruibal Pino cesa en su cargo el 6 de junio, y la SCJ quedará con cuatro miembros hasta su nueva conformación.
Por otra parte, el juez sostuvo que “el Poder Judicial del Uruguay, el Estado uruguayo y las fiscalías hemos sido particularmente exitosos en la persecución de quienes cometieron las flagrantes violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura”. Basándose en “una lista de un medio periodístico”, Chediak destacó que “hay más de 30 violadores de derechos humanos en Uruguay -entre quienes están presos, los que tienen prisión domiciliaria y los que ya fallecieron-, lo que para el número de violaciones a los derechos humanos graves que se cometieron en Uruguay es muy exitoso. Lo hemos comparado con los juicios de Núremberg. En el primer juicio de Núremberg, el más importante, el que lleva Estados Unidos contra los miles de funcionarios nazis que integraban el Estado nazi y el Ejército nazi, se llevó a 34 jerarcas a juicio [y] cuatro de ellos fueron absueltos. Nosotros tenemos más de 30, que ya están encausados […], lo cual es un éxito, por supuesto que relativo, pero en todos estos fenómenos de Justicia de transición, el ideal es una cosa y lo que la realidad permite es otra absolutamente distinta”.
En referencia a las posibles “murallas” que el máximo tribunal pudiera poner en estas causas, consideró que “evaluar la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es un tema complejo, sobre todo si se considera que de cuatro tribunales de Apelaciones, tres tienen posiciones diferentes”. Asimismo, reiteró su postura acerca de que sentencias del derecho internacional, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman versus Uruguay, no tienen validez, en el entendido de que “en Uruguay no existe el precedente obligatorio, porque consideramos que afecta la independencia judicial”.
Por último, su colega Ricardo Pérez Manrique se refirió a la posible inclusión de “feminicidio” en el nuevo Código Penal, que se pondrá en debate. Se trata de un delito que ha sido motivo de reclamo en los últimos meses tanto por colectivos feministas como por jerarcas públicos, dada la magnitud que adquirió en el país, donde en 11 semanas han sido asesinadas 14 mujeres. “Hay que ver si esta figura es útil. En países en los que se tipificó, el delito no disminuyó”, dijo el ministro, y agregó que en Uruguay ya existe la figura de “homicidio agravado”. Sostuvo que el cambio debe hacerse “despacito por las piedras, para que se adapte a nuestra idiosincrasia”.