“El acuerdo va a salir”, aseguró con total confianza uno de los integrantes de los tres partidos opositores que participan en la negociación por los cargos que el gobierno ha ofrecido en entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos públicos. Otro de los participantes de las conversaciones ilustró que “se ha avanzado y se ha vuelto atrás, porque hay diferencias en los criterios”.
Algunos hechos hacen que esta negociación sea bastante más complicada que la que se hizo en 2010 con los mismos partidos políticos. Entre ellos está la ausencia del Frente Amplio (FA) en las conversaciones (en aquel entonces se discutía también la integración de los organismos de contralor, que también integraría el FA), la drástica disminución de cargos disponibles y, especialmente, la negativa del gobierno a permitir más de un director opositor por organismo, lo que impide que dos partidos puedan estar en una misma empresa pública, como ocurrió con UTE, ANCAP o el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) en 2010.
Además de los 26 cargos que el gobierno ofreció, en el “paquete” de negociaciones interno del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) se incluyó también cuatro cargos de secretarios de cámaras en el Parlamento (dos de los cuales ya fueron ocupados por representantes blancos en la Cámara de Senadores) y nueve en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. La oposición pretende que estos dos últimos casos sean parte de un “acuerdo parlamentario” que incluya al FA, dado que para su renovación se necesitan dos tercios de los votos. Según dijeron integrantes de las negociaciones, la idea no es cambiar la representación que actualmente tienen los partidos en estos organismos, pero sí, eventualmente, los nombres.
La ausencia del FA, interpretaron desde la oposición, es una decisión de carácter político que genera que, si eventualmente fracasan las negociaciones, “la señal política de los tres partidos sea negativa”.
Cuentas
El problema no es la cuantificación numérica de los cargos: habrá 26 lugares para los nacionalistas, 11 para los colorados y dos para los independientes. Unidad Popular resolvió no participar en cargos de gobierno, por lo que no integra esta negociación.
El asunto que dificulta los avances es quiénes acceden a qué cargos. En las negociaciones de 2010, la oposición jerarquizó los cargos disponibles en varias categorías y los repartió gracias a un acuerdo interpartidario, que permitió que en cada categoría se realizara una distribución en función de la votación de los partidos.
Pero no parece fácil que aquel sistema se repita esta vez. Según comentaron fuentes de los distintos partidos a la diaria, el Banco Central del Uruguay, Antel, ANCAP, UTE y el BROU son codiciados tanto por blancos como por colorados, y en estos últimos tres organismos ya no habrá lugar para todos. Las dificultades de esta negociación llevaron al PN a presentar un mecanismo alternativo para la distribución de los cargos: la implementación de una “nómina de prelación por cociente decreciente”. Se trata del mismo sistema que se utiliza para adjudicar las bancas en el Parlamento, pero, en este caso, los sectores más votados son los que eligen primero en la lista de cargos. “Algunos creen que tiene que ser con una lista, y otros, con una votación de acuerdo al cociente decreciente; todavía no hay una definición”, dijo un participante de las negociaciones.
De hecho, entre los partidos ya circuló un orden de prelación por cociente de participación, que le adjudicaba el primer lugar en la elección de los cargos a Aire Fresco (PN), el segundo a Alianza Nacional (PN), el tercero a Vamos Uruguay (PC), el cuarto a Aire Fresco, nuevamente, el quinto también a AN y el sexto a Batllistas de Ley (PC). El Partido Independiente aparecía por primera vez en el lugar 14.
Actualmente el PC y el PI son partidarios de optar por esta salida para la distribución de cargos. Pero a pesar de haber propuesto este sistema, el PN, que en términos electorales supone casi dos tercios del total de la oposición, prefiere llegar a un acuerdo antes que usar este mecanismo de “suerte y verdad”. “Hay que definir cómo se distribuyen [los cargos] en función de las prioridades que cada partido tiene”, estimaron desde el nacionalismo.
Una posibilidad que algunos dirigentes manejan es combinar ambos mecanismos en un sistema mixto, que implique tanto un acuerdo político como un mecanismo “objetivo” como el del cociente decreciente. Confiados en poder sortear estas dificultades, dirigentes de los tres partidos políticos dijeron tener la voluntad de que el acuerdo político se cierre cuanto antes.