“Queremos competir con precios”, sostuvo el presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, Miguel Mestre, en diálogo con el periódico local Diario Cambio, ante la problemática que viven los comerciantes en la zona por la pérdida de competitividad. Desde que Brasil aplica una progresiva devaluación en su tipo de cambio, que cerraba el jueves en un nivel de 3,15 reales el dólar, de acuerdo con los datos del Banco Central del Brasil -un deterioro que se remonta a niveles observados diez años atrás-, las ventas en las ciudades limítrofes han sufrido una “notoria” disminución. “La situación es de tal gravedad -afirmó el empresario- que en poco más de un mes fueron tres los comercios del centro de Melo que debieron cerrar por no poder competir con los precios de Brasil”.
Según fuentes locales, en los supermercados de Yaguarón y Aceguá se pueden encontrar productos por un valor de hasta casi la mitad de lo que valen frontera adentro. Se trata de bienes básicos, como pan, azúcar, aceite, enlatados y arroz, pero también pasta dental, masas prontas, refrescos, pollo, dulces, panchos y carne de cerdo.
La lista
Los reclamos de los comerciantes de Cerro Largo se suman a los que vienen formulando los de Artigas. En un comunicado difundido el miércoles, los artiguenses solicitaron al gobierno la instrumentación de un “estudio profundo de una política de frontera, como lo hace Brasil”, según publica el portal norteño Todo Artigas. Con el apoyo de la candidata frenteamplista por la reelección Patricia Ayala y de los diputados Mario Ayala (Partido Nacional) y Silvio Ríos (Frente Amplio), y asegurando que las fuentes de trabajo comprometidas contemplan a 7.500 personas, también incluyen en la lista una serie de medidas que abarcan la reducción de tarifas y aportes patronales a la seguridad social para los pequeños comerciantes y de impuestos a los consumidores para estimular el comercio.
En primer lugar, proponen la “creación de una oficina Tax Free”, que implicaría “ampliar el alcance del decreto ley firmado por [el ex presidente] José Mujica por el cual se habilita a los comercios debidamente registrados ante la DGI [Dirección General de Rentas] a realizar la devolución de hasta un 80% del valor del IVA [Impuesto al Valor Agregado] abonado por el turista cuando este consuma productos como prendas de vestir, artículos de cuero o punto, alimentos y bebidas o artesanías de origen nacional o extranjeros”. Dicen que este beneficio ya fue otorgado en el paso de frontera de la ciudad de Chuy “como forma de fomentar el turismo” y que se encuentra vigente hasta fines de abril.
También piden la inclusión de los comercios fronterizos en un “programa de devolución de un porcentaje de valor del IVA similar al creado por la Ley [17.934] de fomento a la actividad gastronómica, servicios de catering y eventos, rentadoras de autos y turística, la cual habilita la devolución del 9% del IVA a las compras realizadas con tarjetas de crédito”. En esta línea, un pedido extra refiere a la “reducción del cobro del Imesi [Impuesto Específico Interno] al 24% cuando el pago de la compra se realice mediante tarjeta de crédito”.
Por otro lado, proponen la “eliminación o reducción de los aportes patronales en épocas de crisis o ‘zafralizarlos’” y señalan que esto “ya se hizo en la zona costera del país en temporadas turísticas difíciles”. Asimismo, solicitan la reducción de tarifas de luz, agua y teléfono “a los comercios que pagan sobreprecios a la tarifa común” o, en todo caso, “buscar planes especiales en los horarios comerciales”.
Por último, reclaman la reducción de tasa de tarjetas de crédito; en este sentido recuerdan que “ya existe un proyecto aprobado en [la] Cámara de Diputados, con media sanción” que “tiene como objetivo reglamentar la relación entre los bancos emisores de las tarjetas y los pequeños minoristas, estableciendo una relación más justa y equilibrada entre el poder concentrado de los dueños de los medios de pagos electrónicos y los pequeños”.
En cuanto al estudio de una política de frontera, solicitan “el envío de un grupo de técnicos del mejor nivel posible” que ayude en el trazo de “un diagnóstico comercial y social que nos permita desarrollarnos adecuadamente en forma más o menos estable”. El pedido lo formalizarán los comerciantes de Cerro Largo ante Vázquez y el Consejo de Ministros cuando sesionen el 20 de abril en la ciudad de Melo.
Los kilos
En cuanto al contrabando, “casi no preocupa” a los comerciantes fronterizos. “Queremos competir con precios y no con medidas severas como el cero kilo”, afirmó Mestre, quien consideró que “el contrabando es imposible de controlar”.
Hace casi dos años, ante la devaluación que vivía Argentina, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) implementó la medida “cero kilo”, que busca eliminar el régimen de tráfico fronterizo -o “contrabando hormiga”-, es decir, la gente que cruza a otro país por el día para ingresar mercadería a menor precio a Uruguay. Por ahora, se ha aplicado únicamente en las fronteras con Argentina, pero, dada su eficacia, la DNA se ha mostrado abierta a aplicarla en otros pasajes limítrofes.
“No queremos perjudicar a las familias”, sostuvo el empresario de Cerro Largo, quien subrayó que, por el contrario, la idea es aplicar medidas “que ayuden a las empresas” locales, tal como lo plantean los comerciantes de Artigas. “Si no hay impedimentos para que traigan las mercaderías, vamos a pedir medidas que favorezcan la compra y el consumo en Cerro Largo”, sostuvo Mestre.
Por su parte, en el comunicado difundido, los comerciantes nucleados en el Centro Comercial e Industrial de Artigas sostienen que “quienes comerciamos en la frontera desde siempre sabemos que la única forma eficaz de competir y controlar el contrabando es con precios competitivos”.
Sin embargo, el vicepresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, discrepa. Según dijo a la diaria, “el problema del ‘bagayo’ es el eterno problema de los pasos fronterizos” y, en este sentido, “la función que tiene que cumplir [la Dirección Nacional de] Aduanas no la cumple y permite que ingrese todo el ‘bagayo’, en detrimento del comercio en general”. Para Fernández, “lo que tienen que pedir [los comerciantes de Artigas y Cerro Largo] es que se cumpla la ley y se fiscalice la frontera”, es decir, replicar la medida “cero kilo” para la frontera con Brasil, porque entiende que “si hacemos exoneraciones impositivas, terminamos dando la razón a que está bien que la gente haga ‘bagayo’, y el gobierno no puede permitir esto”.