De estudiarse y aprobarse, esta nueva forma de elección podría aplicarse este año, cuando queden vacantes el puesto del ministro Ricardo Pérez Manrique, el 17 de mayo, y el de su colega Jorge Ruibal Pino, el 6 de junio. Sin embargo, la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento archivó la petición presentada en octubre de 2014 por decenas de organizaciones sociales, porque “venció el plazo que establece el artículo 318 de la Constitución”. “Eso es un error jurídico”, explicó a la diaria Marina Morelli, abogada integrante de la cooperativa Mujer Ahora, ya que ese artículo se aplica “cuando se trata de una petición calificada, que tiene que ver con recursos administrativos ante decisiones administrativas. La nuestra es una petición simple, contemplada en el artículo 30 de la Constitución”, añadió.
Al no ser notificadas formalmente de esta decisión parlamentaria, las 26 organizaciones peticionantes, encabezadas por Mujer Ahora, solicitarán por escrito, la semana entrante, el desarchivo de la petición al presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic. “Se archivó sin ser estudiada” en la comisión, dijo Morelli. Amnistía Internacional, el PIT-CNT, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur), el grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Cotidiano Mujer, la fundación Mario Benedetti, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Servicio de Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales en el Uruguay, Mujer y Salud en Uruguay, entre otras organizaciones firmantes, también decidieron pedir entrevistas con Sendic, con los coordinadores de las bancadas parlamentarias y con la Comisión de Constitución y Códigos de la Asamblea General.
“Esta petición posibilitaría que por primera vez en la historia nacional, el proceso parlamentario que antecede al acto de designación adquiera características diferentes a las que tradicionalmente se han practicado”, caracterizadas por un “secretismo inaceptable”, expresaron en el documento presentado en 2014. Exigen la creación de una Comisión Especial Bicameral que pueda recibir las propuestas de personas que aspiren a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia; recibir y poner a disposición de la ciudadanía la información; elaborar informes y elevarlos a la Asamblea General.