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Poca información y alto porcentaje de ginecólogos objetores dificultan aplicación de Ley IVE.

En el litoral del país las mujeres encuentran serios obstáculos para abortar. 87,3% de los ginecólogos sanduceros figuran como objetores de conciencia a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); 43% en Río Negro, y de Soriano no se conocen datos de instituciones públicas y privadas de salud por “una orden de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] a nivel central”, según la investigación del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).

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Durante 2014, MYSU llevó adelante el estudio “Estado de situación y desafíos en aborto y salud sexual y reproductiva (SSR) en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano”. Entre enero y marzo de este año, realizaron entrevistas en profundidad a 59 mujeres de entre 15 y 49 años, de distintos niveles socioeducativos y económicos, sobre sus “percepciones” como usuarias de ASSE o de alguna mutualista local.

“Obtuvimos dos resultados preocupantes”, señaló a la diaria la directora de MYSU, Lilián Abracinskas. En primer lugar, “el poco conocimiento que la ciudadanía tiene respecto de los servicios de SSR”. Señalan que no existe la debida difusión; por lo tanto, “hay una brecha entre la oferta y la demanda” que estas prestaciones podrían tener en todo el país. En segundo lugar, está el “estigma asociado a la práctica del aborto, que sigue teniendo un peso social enorme. Esto hace que [la mujer que decide abortar] no lo comparta ni con su entorno familiar. También aducen que muchas veces no está garantizada la confidencialidad en la consulta, entonces tienen miedo de que si van al servicio de la localidad pueda conocerse su embarazo no deseado; esto lo destacan también en caso de que puedan ser VIH positivas. Y además presuponen que, de saberse, serían condenadas; lo que les generaría un problema”, añadió la militante feminista.

Con estos resultados “nos preocupa que la práctica del aborto clandestino pueda ser algo que persista, por este temor a la sanción social” y “nos lleva a pensar que estas mujeres pueden estar atravesando una situación de embarazo no deseado en una situación de soledad, de angustia, de temor. Éstas no son las condiciones que deberían darse ante una apertura de estas prestaciones por la ley [Nº18.897]”, añadió.

Para “desactivar estas situaciones de prejuicio y tabúes” en torno a esta decisión, Abracinskas destacó la necesidad de involucrar no sólo a instituciones de salud, sino también al Ministerio de Desarrollo Social, actores educativos y autoridades departamentales, para “romper con modelos hegemónicos que todavía sostienen que la mujer se realiza si es madre; que si hacés un aborto vas en contra de la naturaleza; o que, si te quedás embarazada, sos una despreocupada y llevás sin responsabilidad tu vida sexual”.

Para la activista, los resultados del estudio que dan cuenta de elevados porcentajes de objetores de conciencia llevan a “pensar la laicidad en concreto”.

Son o se hacen

Están los ginecólogos objetores de conciencia; están los que no objetan y realizan abortos, y están los que no objetan pero tampoco los realizan. En Paysandú hay 16 profesionales de ginecología de los cuales 14 figuran como objetores. Aunque en ASSE figuran tres como “no objetores” sólo un profesional hace abortos; si no está disponible, las usuarias deben ser trasladadas a otro servicio. En la mutualista Corporación Médica de Paysandú, de dos no objetores sólo uno hace abortos; el otro sólo los hace cuando su colega no puede. A su vez, de los dos no objetores uno figuraba como objetor en el prestador público al momento de relevar los datos.

En Río Negro, tres de los siete ginecólogos de ASSE son objetores y de Young; por lo tanto, allí no se realizan abortos y las mujeres son derivadas a Fray Bentos, servicio que cuando se desborda debe trasladarlas a otro departamento. Respecto de las mutualistas, los tres ginecólogos de Amedrin no son objetores, pero atienden a sus usuarias y a las que no son atendidas por Camy -ubicada en Young-, cuyos tres profesionales son objetores.

“Sería bueno que se estipulara mucho mejor cuál es el procedimiento para objetar conciencia y cuál es el alcance de ésta, porque en algunas situaciones puede llegar a ser omisión de asistencia u obstáculo de acceso. Este debate debe incluir a la corporación médica”, sostuvo Abracinskas, quien resaltó que su organización no tuvo acceso al registro de objetores ni a las razones por las que objetaron, y cuestionó: “¿Efectivamente se trata de motivos religiosos o filosóficos de tal entidad que les impiden la práctica? ¿Desde cuándo en un país históricamente secular, con bajos niveles de religiosidad, tenemos esta cantidad de ginecólogos objetores?”. Esgrimió que esto puede estar ocultando que los médicos no se quieren “complicar” al realizar una práctica que no está prestigiada, por la que no perciben ganancias extra y que carga con “el estigma de ser ‘el médico abortero’”.

En el segundo semestre del año, MYSU continuará el estudio en Maldonado, Rivera y un departamento del centro del país (Durazno o Florida), y dará seguimiento a los servicios del área metropolitana.

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