La semana pasada, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) visitó Montevideo con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones que el Comité contra la Tortura (ONU) efectuó al Estado uruguayo en mayo de 2014. La representante de OMCT, la especialista en derechos de la infancia Carolina Barbara, en diálogo con la diaria destacó el estado “horrible” en el que se encuentra la cárcel de mujeres (INR-Unidad Nº 5) y se sorprendió al ver que centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) inaugurados recientemente ya se encuentran “destruidos”. Opinó que el director del Sirpa, Ruben Villaverde, debería renunciar y señaló que “el sistema penal juvenil no ha cambiado para nada”, a pesar de las reformas anunciadas y de las numerosas denuncias de torturas y condiciones degradantes.
Para esta misión, el Comité contra la Tortura (CCT) solicitó el seguimiento de tres recomendaciones: torturas y malos tratos en cárceles de adultos, sistema de justicia juvenil y centros de menores. “Es muy raro para el comité que dos de las tres principales recomendaciones sean sobre menores. Las características del encierro, el número de personas privadas de libertad y el hecho de que el encierro sea una regla -más que el último recurso- es algo que llama la atención para un país como Uruguay, que se ha destacado en los últimos años por su agenda de derechos. Además se han aprobado leyes que asustan, como el endurecimiento de la legislación penal que se aplica a menores infractores, que lleva a encierros de más de un año. Esto representa un retroceso en sus derechos y contradice al Código de la Niñez y la Adolescencia”, sostuvo Barbara.
Para el 23 de mayo, tanto la OMCT como el Estado uruguayo deben enviar al CCT información actualizada sobre los avances que han tenido las recomendaciones. Barbara enviará un informe basado en documentación, entrevistas y reuniones que mantuvo del 13 al 17 de abril con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el Sirpa, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Amnistía Internacional.
“Todas las autoridades con las que nos reunimos nos hablan de un ‘período de transición’, pero esto no puede ser una excusa para eludir responsabilidades internacionales adquiridas por el Estado”, sintetizó la abogada.
Si bien el CCT recomendó al Estado “adoptar las medidas apropiadas para que todas las denuncias por tortura o malos tratos se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad, se enjuicie debidamente a sus autores [...]; se atiendan las necesidades básicas de las personas privadas de libertad en materia de atención médica, acceso a agua potable y saneamiento, y adecuada ventilación de las instalaciones [...]; se redoblen esfuerzos para que se apliquen medidas sustitutorias a la privación de libertad [...] y se establezca un plazo límite para la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales, en el marco de la reforma del Código de Proceso Penal [...]”, desde el INR indicaron que “están en un período de transición y de reforma penitenciaria, que implica pasar de policías a operadores civiles dentro de las cárceles, y que los procedimientos cuando hay casos de tortura es la presencia del comisionado parlamentario”. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, Álvaro Garcé, dejó este cargo en octubre de 2014 y “nadie sabe quién va a ocupar ese puesto”, aseguró Barbara.
De momento, los presos “no están recibiendo visitas de monitoreo”, ni del Comisionado, ni del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la INDDHH, que debería efectuar la “vigilancia e inspección” de cárceles e instituciones psiquiátricas junto al Comisionado y la Inspección General de Psicópatas.
Cercos y murallas
En la ajustada agenda que mantuvo en Uruguay, la enviada de la OMCT destinó la jornada del jueves 16 para recorrer la cárcel de mujeres (INR-U5) y el Centro de Ingreso, Estudio y Derivación (CIED-Sirpa). “Lo que vimos nos causó gran preocupación. La situación [en la cárcel femenina] está horrible: hay mujeres con niños, que reciben la leche pero no tienen refrigerador, entonces el alimento se echa a perder. No tienen vidrios en los cuartos, y los niños que están ahí pasan frío, entra viento. El edificio era un hospital, no es un espacio construido para que allí funcione una cárcel”, sentenció Barbara. “La parte bonita es la de los talleres”, ubicada en la planta baja de la Unidad 5. En el quinto piso “estaba todo inundado porque había habido un incendio el día anterior [miércoles 15 de abril] y estaba todo cubierto de agua [señala con sus manos varios centímetros de agua desde el piso]. Muchas de las celdas tienen problema de filtración de agua. Donde están los niños hay hongos, hay gusanos que salen de los caños porque están tapados. Es una situación de completo abandono”, describió la abogada. “Yo le pregunté [al director del Área Metropolitana del INR, Rolando Arbesun]: ‘Si hay un incendio, ¿cómo hacen para evacuar?’-porque la estructura no parece adecuada para una salida de emergencia-. Y él me respondió: ‘No sabemos’. No tienen seguridad, no tienen estructura”, subrayó Barbara.
Aunque las convenciones internacionales han dispuesto el cierre de las celdas de aislamiento en cualquier cárcel del mundo, el quinto piso de la U5 sigue siendo “el piso de castigo”. Allí se encuentran mujeres sancionadas y otras que son derivadas “como forma de protección de otros ataques”. En esta unidad penitenciaria se registró un suicidio en 2014 y dos en lo que va del año (en enero y marzo). En entrevistas confidenciales que Barbara mantuvo con varias mujeres privadas de su libertad, la abogada detalló: “Muchas se refirieron a los casos de suicidio entre comillas. 'Cuando estás en el quinto piso, te pase lo que te pase, nadie va a hacer nada. Estás abandonada. Si quieres te matas, te cortas, que no importa. Después nos dijeron que tal compañera 'se ahorcó o fue ahorcada'. Pero no nos aclararon muy bien.’ Yo pasé la información a la INDDHH y también pedí información al INR sobre las investigaciones que se estén llevando a cabo en torno a estos suicidios y otras muertes, que también es una recomendación del comité”. Además, Barbara remarcó que “tener un módulo de castigo donde la persona está para resguardar su seguridad no corresponde según el derecho internacional”. “Las autoridades nos dijeron que usan las celdas de aislamiento cuando las mujeres ‘están muy agitadas, para que se calmen’”, relató.
No es menor
“Las recomendaciones enviadas por el CCT no fueron cumplidas por los centros de menores”, aseguró la representante de la OMCT. “Lo que hicieron fue construir nuevos centros que ya están horribles. Gastaron millones [una cifra que se estimados en 15 millones de dólares], pero no se sabe exactamente en qué, porque visitamos el CIED -ubicado en General Flores y Bulevar Artigas-, un centro que fue inaugurado en diciembre de 2014 y ya parece que tiene varios años. Fue muy mal construido y sigue lógicas como la construcción de celdas de aislamiento, prohibidas por estándares internacionales a los que Uruguay adhirió. Si bien las autoridades nos dijeron que no las usan, ¡no puede ser que construyan desde cero un centro de privación de libertad de adolescentes y hagan celdas de aislamiento!”, expresó.
Representantes de la OMCT se reunieron con Gabriela Fulco, quien quedará al frente del Sirpa. La funcionaria reconoció a la organización que “persisten las 23 horas de encierro y situaciones de violencia”, y que ella buscará “fortalecer medidas alternativas a la privación de libertad”.
Si bien desde el MNP destacaron a Barbara que en lo monitoreos “se registran menos situaciones de violencia [física] porque [los funcionarios] están 'alertas' a que estas visitas pueden llegar en cualquier momento”, también le informaron que recibieron denuncias en las últimas semanas. “Las palizas continúan. El uso excesivo de medicación continúa, sobre todo en el Centro de Ingreso Adolescente Femenino (CIAF). Los adolescentes que están en el CIED dicen que las prácticas violentas son constantes y dicen que prefieren estar en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) antes que en el CIED. ¿Conoces el Ceprili? Es horrible. Que una persona prefiera estar allí significa que la situación del lugar donde está es terrible”, contó la abogada. También recibieron denuncias por malos tratos y condiciones de encierro en el hogar Ser de Colonia Berro. “No están yendo a la escuela. No salen para nada, a ningún taller, y nos explicaron que esto se debe al cambio de directiva hace dos semanas”. “El sistema penal juvenil no ha cambiado para nada”, sentenció Barbara.