Sin escape

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A 14 meses de los hechos ocurridos en Durazno y que conmovieron al país, la Justicia se apresta a cerrar la primera etapa, el presumario, de una investigación abierta para establecer responsabilidades en la muerte de dos trabajadores y en las heridas graves que experimentaron otros dos. Para la fiscal Patricia Lanzani, la conducta empresarial en los hechos configura las figuras penales de “homicidio culposo” y de omisión impropia al no cumplir con las medidas de seguridad para sus empleados y clientes, por lo que pidió el procesamiento con prisión del empresario Miguel Camilo y de su hermana, que también figuraba como dueña del local de Care Supergas, en Pablo Galarza y ruta 5.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por la diaria, la jueza María Caamaño (a cargo del expediente desde el 10 de diciembre tras reemplazar a Tabaré Erramuspe al frente del Juzgado Letrado de Primer Turno de Durazno), le dio vista del planteo fiscal a la defensa de Camilo, procedimiento formal previo a que se pronuncie cuando la acción solicitada implica algún tipo de consecuencia para el o los indagados. En cambio, si la posición de la Fiscalía era la de archivar el expediente por entender que no había delito probado, la magistrada no hubiera tenido más alternativa que proceder a clausurar las actuaciones.

En virtud de que los hechos investigados fueron causantes de la muerte de dos personas y de heridas graves a otras dos, en este caso el pedido de procesamiento va acompañado de la prisión. Estaba en cuestión si Camilo pudo haber evitado que Pedro Ansolabehere y Mario Luzardo perdieran la vida trabajando en su local de venta y recarga de garrafas de supergas de tres y 13 kilos. Y pudo haberlo evitado en caso de cumplir con las normas que regulan la actividad. Es más, el 20 de febrero de 2014 Care Supergas no sólo no estaba cumpliendo con las normas de seguridad, sino que el permiso provisorio que le había otorgado la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) había caducado un año antes, y por tanto a esa fecha el local debía estar cerrado y su proveedora, Acodike, no estaba autorizada a entregarle supergás.

En 2011, mediante la resolución 43, el directorio de la URSEA comunicó los nuevos lineamientos operativos bajo los cuales deberían comenzar a funcionar los locales de distribución de garrafas de 13 kilos y de recarga de garrafas de tres kilos, según un cronograma fijado para cada caso de acuerdo con las dimensiones de los comercios y la cantidad de reformas a realizar. Estos plazos eran establecidos después de una inspección a cargo de cada una de las distribuidoras (Acodike, Megal, ANCAP y Riogas), que a su vez eran las que debían realizar la inversión.

Como en su momento informó la diaria, la puesta al día de todos los puntos de venta y recarga significaba 12.000.000 de dólares que debía asumir la Cámara de Gas Licuado, que intentó por distintas vías que el costo lo asumiera el Estado. En el caso puntual de Care, las reformas necesarias costaban 2.000 dólares.

Uno de los cambios fundamentales que introdujo la resolución 43/2011 apuntaba al sistema de recarga de las microgarrafas (tres kilos), quedando prohibido el método histórico de llenado mediante “gravedad”. Éste consistía en un mecanismo de poleas que colgaba los tubos de 45 kilos con la válvula hacia abajo para surtir a las microgarrafas, que a su vez era presurizado con un compresor de aire para maximizar la salida del fluido. Este sistema fue considerado “peligroso”, ya que al invertirse el tubo, la seguridad de la válvula quedaba inactiva por estar sumergida en el supergás. A partir de entonces se impuso el sistema “pescador”, que obliga a trabajar con el tubo de 45 kilos en forma vertical -con la válvula hacia arriba-, y dentro del cual se introduce un caño con doble conexión: una para la entrada de propano y otro para la salida de gas hacia la microgarrafa.

El 20 de febrero el método de gravedad demostró su peligrosidad, ya que cuando los empleados de Care estaban realizando una recarga la válvula comenzó a perder fluido, determinando que entrara en combustión cuando uno de ellos encendió la camioneta para alejarla del lugar. Esto también evidenció, entre otras irregularidades, que los vehículos de la empresa no contaban con “cortallamas” para evitar este tipo de episodios, que no había elementos de control en caso de incendio y que los trabajadores no tenían la capacitación y formación necesaria y obligatoria.

Producto de las quemaduras que sufrieron en la ocasión fallecieron Luzardo (horas después del siniestro), Ansolabehere (al mes) y resultaron con quemaduras graves Pablo Buottafoco y Hermes Dota, quienes se desvincularon de Care luego de cumplir con varios meses de internación y recuperación por las lesiones.

El expediente acumula dos piezas dada la gran incorporación de documentos de carácter técnico y pericias solicitados por Erramuspe, el juez que instruyó la causa, y Lanzani a distintas instituciones, entre ellas a la Dirección Nacional de Bomberos, Policía Técnica, Inspección General del Trabajo, URSEA y a la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería. En este caso la información aportada por los ingenieros fue clave para establecer que el tubo y la válvula en cuestión no tenían defectos de fábrica que explicaran la pérdida, sino que ésta se habría debido al manejo incorrecto.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que el pedido fiscal se concretó previo a Semana de Turismo. Posteriormente, la jueza le dio vista a la defensa de Camilo y su hermana, la abogada Beatriz Scapusio, quien ya hizo sus descargos correspondientes en la misma línea que basó su defensa, en el sentido de sostener la inocencia de sus clientes.