Las sombras de Montevideo se visten de garúa en mayo. En la sede de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos, la palabra “impunidad” aparece otra vez en la consigna para marchar el miércoles 20, como en 2006 y 2012. “En la medida en que no se avanza sobre estas causas, la impunidad es cada vez mayor. Se están muriendo los testigos, las víctimas y los culpables. Y la Justicia evita actuar porque si el imputado se muere no hay juicio. O se dan pasos decisivos ahora o, por la vía de los hechos, la impunidad se va a consagrar. Una vía para asegurarnos de que no exista nunca más terrorismo de Estado es que exista la Justicia. Si salgo a robar, lo más seguro es que vaya preso. Pero con el terrorismo de Estado estamos mandando otro mensaje: cuanto más terrorista es uno, más seguro está de no pagar por ese delito. Siguen amenazando, siguen presionando y se les mantiene en la impunidad”, afirma Ignacio Errandonea, integrante de Familiares.
La reciente absolución por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del ex policía Ricardo Zabala, procesado como cómplice en el secuestro del maestro y periodista Julio Castro -desaparecido y asesinado en 1977-, marcó el pulso de la entrevista que la diaria mantuvo con la Coordinadora de Apoyo a la 20ª Marcha del Silencio, que llevará adelante numerosas actividades este mes, con el objetivo de “poner el tema sobre la mesa, crear conciencia y generar memoria”, destaca el militante Diego Vieytes.
“El silencio pesa” dos décadas después de dar los primeros pasos en la movilización más masiva que tiene lugar en Montevideo. Lo afirma, atragantada de indignación, Norma Marín, de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), y el resto asiste con las cabezas gachas, sentados alrededor de la mesa, entre almanaques, apuntes, consignas y ronda de mate. Ojos llorosos, voz quebradiza, golpes a la mesa, acentúan la bronca por no saber dónde están los más de 200 detenidos desaparecidos, ante lo que entienden como una falta de exigencia desde el gobierno a distintas instituciones estatales para obtener información sobre quiénes fueron responsables directos en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
“Las consignas de cada Marcha del Silencio han reflejado los problemas del momento [respecto a la lucha por los derechos humanos] en Uruguay. La de este año [‘¡Basta ya de impunidad! Verdad y justicia’] refleja el gran problema de la impunidad que sigue vigente: la no actuación de la Justicia, o que actúa como puede -aunque no masivamente-, y cómo el paso de los años ha dificultado la obtención de Justicia”, analizó el director del Museo de la Memoria (Mume) de Montevideo, Elbio Ferrario, entrevistado por la diaria.
En las últimas marchas “empiezan a aparecer otros elementos que tienen que ver con la impunidad no sólo con los desaparecidos, sino también con los asesinados políticos y con la tortura. Al recorrer las distintas consignas ves el proceso que ha hecho Familiares: en 1996, el tema de la Justicia no se tomaba; se hablaba de Verdad, Memoria y Nunca Más, porque las condiciones políticas no estaban dadas para pedir Justicia. Después, Familiares fue asumiendo el tema de la Justicia como reclamo”, añadió Ferrario. “La marcha hoy no es solamente por los desaparecidos; unifica las causas de todos aquellos cuyos derechos fueron violados y es un espacio donde sus reivindicaciones tienen lugar”, expresa Nilo Patiño, de Familiares.
Que no exista un Plan Nacional de Derechos Humanos “que atraviese todas las instancias del Estado”, puntualiza Ferrario, ni “políticas públicas de memoria” que supongan un compromiso claro, conciso y continuo del Estado uruguayo, agregan desde Familiares, dificulta la elaboración de memorias colectivas sobre el pasado reciente.
Las rondas de los viernes
El antecedente de las marchas fueron “los viernes de la plaza”, recuerda Vieytes. En esos días “se subía desde Conventuales a la plaza Libertad. A veces con mayor convocatoria, otras sintiéndote más solo y con mayor temor, porque en esa época los temores eran mucho más tangibles; había un gobierno democrático muy nuevito, que de alguna manera daba un mensaje de ‘Pórtense bien porque [los militares] están acá y nosotros no nos vamos a parar adelante’. Había señales claras de que era una democracia muy débil y de que las Fuerzas Armadas todavía tenían un poder real. La Marcha del Silencio se volvió algo más masivo y más nucleador” desde aquel 20 de mayo de 1996, fecha en que se recuerda el asesinato de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros William Withelaw Blanco y Rosario Barredo, cometido en 1976 por militares argentinos y uruguayos en Buenos Aires, Argentina.
“Yo sentí en 1996 algo que vuelvo a sentir ahora: el silencio pesa. Estamos en un punto muy complejo y esta marcha pesa mucho. Con esto de Zabala yo siento que el mensaje es: ‘Acá no entra ni uno más. Hasta acá juzgamos’”, sostiene Marín. Ana María Pereda, de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, agrega: “Ocurre que no son sólo 20 años de marchas, sino 40 desde que se empezó a denunciar los hechos... y no pasa nada”.
Patiño subraya que “Familiares se apartó siempre de las consignas político-partidarias, para evitar que fuera una marcha que se transformara en una herramienta de un partido político” y que, aunque “muchas veces [dentro de la Coordinadora] hubo resistencias a salir en silencio, el resultado no es malo, porque el silencio también habla. La convocatoria es buena y abarca muchos sectores sociales; el tema unifica mediante una consigna. La marcha es apartidaria, no apolítica. El silencio es simbólico y tan profundo que habla mucho más que lo que uno pueda decir. No significa que no tengamos cosas para decir”.
Continuidades y rupturas
Se llega a la 20ª Marcha con “desazón” y a la vez con “nuevas expectativas” ante la creación desde la presidencia de Tabaré Vázquez del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que todavía no está operativo, ya que no se ha firmado el decreto reglamentario. Vieytes remarca: “Existen muchos reparos, porque ya hemos tenido expectativas en otros momentos y los resultados han sido muy malos. El quiebre del tema está en que el gobierno exija la información que existe a quienes la tienen y la entregue, no que espere a que alguien lo haga de manera voluntaria. Uno siempre esperó que fuera un gobierno de izquierda el que exigiera esa información; en algún momento estuvieron en la marcha con nosotros”.
“Se debe pedir información al Ministerio del Interior, que es el auxiliar de la Justicia y aporta las pruebas, y al Ministerio de Defensa, institución militar que sabe qué hizo durante la dictadura, por qué lo hizo, quiénes ejecutaron las órdenes, quiénes implementaron el terrorismo de Estado, dónde están los desaparecidos. Como es una institución que depende de un gobierno democrático, y estamos viviendo en un país supuestamente democrático, no puede estar ocultando los crímenes ni los nombres de los culpables -agrega Errandonea-. No hemos tenido un solo gobierno que tome conciencia de su rol, que haya puesto a los militares frente a sus responsabilidades. Hubo continuidad institucional para pagar la deuda externa que nos dejó la dictadura, pero no para marcar la responsabilidad que tuvieron los militares en el terrorismo de Estado. Es absurdo”, afirma quien leyó la proclama de Familiares en el acto del PIT-CNT este 1º de mayo, donde hicieron un llamado a la “responsabilidad del Parlamento” por elegir los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
“Desde el Poder Ejecutivo ha habido más bien obstáculos para llevar adelante acciones concretas. Han eliminado centros de memoria, como ‘La Isla’ del Penal de Libertad; Punta de Rieles volvió a funcionar como cárcel. Si bien hay que destacar el apoyo de distintas intendencias departamentales en realizar actividades vinculadas a los derechos humanos, los jóvenes que hoy tienen 30 años se han criado en una cultura de la impunidad”, reflexiona Baldemar Tarocco, integrante de la Asociación de ex Presos Políticos Crysol.
Mariana Marrero, de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), se suma: “Si no hay respaldo institucional, si no hay políticas claras de memoria, hay actividades que por más ganas que tengamos de hacer, no las podemos llevar adelante. En Argentina hubo y hay una política clara de memoria que acá no hay, con excepción de las marcas de la resistencia”.
“La política [de memoria] es de amnesia. A mí me duele en las tripas que se nieguen a hablar de torturas con lo que pasó en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa]. Con el olvido y la desmemoria hablamos de ‘malos tratos’, y eso es tortura. Las autoridades no asumen sus responsabilidades y también es un problema social, muy poca gente salió a hablar contra eso. La impunidad es eso: que hoy se puedan cometer atropellos como ésos, o como el gurí que mataron en el barrio de Santa Catalina [en referencia a Sergio Lemos, de 19 años, baleado por la espalda a manos de un policía, el 4 de noviembre de 2013], que vayan pasando los hechos y nos olvidemos. Es la impunidad que venimos cultivando desde hace muchos años”.
Mayo concentrará muestras artísticas (Poéticas del Silencio, en el Subte), fotográficas (desde el 19 en la galería a cielo abierto del Parque Rodó) y de cine documental (los lunes en la sala Zitarrosa). Del 12 al 18, FUCVAM, Crysol, FEUU, Ademu, Observatorio Luz Ibarburu y Jóvenes Armenios del Uruguay brindarán charlas en una carpa frente a la Universidad de la República. La 20ª Marcha, que saldrá el 20 de mayo desde Rivera y Jackson, está lejos de ser la última: “Como no hay avances sustantivos, y mientras haya un solo desaparecido, vamos a seguir marchando”, concluye Errandonea.
Como señala Eugenia Allier Montaño en su libro Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay (Trilce, 2010): “Habría que preguntarse si es posible que el verdadero antónimo del olvido no sea la memoria, sino la justicia”.