Si bien la comisión multisectorial que lidera el presidente Tabaré Vázquez aún no ha concretado su medida para paliar el consumo de alcohol, ayer este grupo lanzó su segunda propuesta: extender el horario de prohibición de venta de bebidas espirituosas de 22.00 a 8.00 (actualmente es de 24.00 a 6.00).
La primera de las medidas había sido anunciada en la reunión anterior del grupo. Consistía en implementar la “tolerancia cero” para el consumo de alcohol en el tránsito. En aquella reunión se estableció que la medida se iba a implementar por decreto el 15 de mayo. Pero lo jurídico primó sobre lo político: los integrantes del cuerpo habían obviado la Ley 18.191, que en su artículo 45 estableció en 0,3 el nivel de gramos en la sangre permitido para los conductores. El Poder Ejecutivo ya envió un proyecto de ley al Parlamento para modificarlo y llevarlo a 0. La iniciativa ya ingresó a la Cámara de Senadores y tendrá un “rápido tratamiento”, aseguró el diputado frenteamplista José Luis Gallo.
La ampliación del horario de prohibición de venta también implicará una modificación legislativa, que será parte de un proyecto marco sobre alcohol que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento una vez que culmine el trabajo de la comisión.
Sin embargo, no todas son unanimidades en el espectro político: el diputado oficialista Sebastián Sabini, referente del Movimiento de Participación Popular en temas de adicciones, comentó ayer en Twitter: “Sinceramente no sé cuáles son los beneficios de reducir el horario de venta de alcohol. Penaliza a los que no pueden pagar tomar en un bar. Profundizamos una política que afecta más a los que tienen menos dinero. Si tenés plata para pagar un bar, no te toca. Es injusta”.
La prohibición regirá para todos los comercios, salvo aquellos que cuentan con una habilitación especial para la venta de alcohol: bares, restaurantes, pubs y discotecas. Incluso se prevé que estos negocios no podrán vender bebidas alcohólicas para que sean consumidas fuera de sus recintos. Esta idea viene de la mano de otra que todavía no ha sido analizada en detalle por la comisión: el establecimiento de licencias para la venta de alcohol, que permitiría un mayor control sobre los negocios que comercializan bebidas. La propuesta ha sido trabajada por la senadora nacionalista Verónica Alonso, la diputada colorada Susana Montaner y el presidente de CAMBADU, Mario Menéndez. Alonso dijo que, a diferencia del proyecto de ley que se trabajó en el gobierno de José Mujica, la idea es que las licencias no impliquen una contrapartida económica para los comerciantes.
También habrá un refuerzo presupuestal en la futura ley de presupuesto para el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en la búsqueda de que este organismo pueda controlar que no se venda alcohol a menores de edad. “Hoy no hay una fuerte fiscalización”, dijo uno de los integrantes. En la próxima reunión, prevista para el 3 de junio, se abordarán los aspectos de prevención del consumo a incorporarse en la educación formal. A esos efectos la comisión recibirá a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y a las presidentas de los consejos de Educación Inicial y Primaria y de Secundaria, Irupé Buzzetti y Celsa Puente, respectivamente.