Una inspección realizada por la Policía a la empresa multinacional Prosegur Transportadora de Caudales Sociedad Anónima, a pedido del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse) del Ministerio del Interior, detectó que la firma tiene vencido el seguro de responsabilidad civil desde el 13 de mayo de 2013, que las armas inspeccionadas calibre 22 “no se encuentran declaradas”, que tampoco cuenta con “chalecos antibalas declarados” y que 12 funcionarios “se encuentran con el curso y tests psicológico vencidos”. El informe entregado por la jefa del Departamento IV, la subcomisaria Luz Marina Rocha, al director de la Renaemse, el comisario inspector Guillermo Expócito, con fecha 13 de abril, da cuenta de una serie de irregularidades constatadas en la inspección realizada por la oficial, un perito técnico y un especialista en armas de fuego y chalecos, a la sede operativa de la empresa, en Piedras 136.
La actuación de la Renaemse respondió a una denuncia presentada por escrito en marzo por el Sindicato de Trabajadores de Prosegur (Sitpro), filial de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS). Si bien la mayor parte de los trabajadores de las empresas de transporte de valores están afiliados a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), una minoría, en particular los trabajadores de Prosegur, formaron el Sitpro. La inspección detectó en la playa de estacionamiento de los camiones blindados cuatro chalecos “en mal estado”, por lo que fueron incautados y, por disposición del juez penal de 19o Turno, Gabriel Ohanián, enviados a “estudio” a la Policía Técnica. El informe también constató que funcionarios declaran que “la empresa les entrega como arma un revólver calibre 38, que sus chalecos antibalas están vencidos o se encuentran en mal estado, que varias veces les manifestaron a los responsables de la empresa pero les dijeron que no se los cambiaban porque estaban en vigencia todavía”. También se deja constancia de que el asesor de seguridad del Grupo Prosegur Seguridad, el coronel retirado José Díaz, manifestó que la empresa posee procedimientos para verificar la validez de los chalecos. Consultado sobre por qué se detectó la existencia de chalecos vencidos, el militar respondió, según consta en el informe, que “la empresa tiene un protocolo y procedimientos para verificar el estado de cada chaleco, pero, como en todo protocolo en el cual intervienen muchas personas, puede haberse producido alguna desviación”.
La inspección dio inicio a dos expedientes, “a fin de deslindar responsabilidades sobre las irregularidades constatadas”, y dio vista del informe a Sitpro y a las cinco empresas que forman parte del Grupo Prosegur Seguridad. Finalmente, el informe recuerda la normativa legal vigente citando los decretos 416/985 y 275/99, que establecen que el personal deberá cumplir con las exigencias de capacitación fijadas por la reglamentación y que las empresas deben poseer armamento propio, con calibres autorizados y en buenas condiciones de mantenimiento. Se recuerda que las armas deberán ser usadas exclusivamente para los servicios que brinda la empresa y luego se deben devolver y permanecer “bajo medidas de seguridad” en la empresa, con “su correspondiente armero”. Fuentes de FUECYS explicaron que una de las denuncias presentadas por el sindicato refería a que el “armero” -la persona que entrega las armas, las municiones y los chalecos- carecía de este último elemento de protección. La negociación entre la empresa y Sitpro se lleva a cabo en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, y las partes aún no se han puesto de acuerdo. Según supo la diaria, los expedientes abiertos en la Renaemse aún están en trámite.