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Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, Uruguay planea reformar esta agencia y limitar el uso del veto.

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El desafío es no estar en Nueva York sólo para calentar el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). Si las probabilidades se cumplen, Uruguay será electo en octubre durante la Asamblea General de la ONU como miembro no permanente de esta agencia internacional, y su presencia se extenderá entre 2016 y 2017. Uruguay cuenta con el apoyo de 33 países de América Latina y el Caribe, que firmaron en febrero el endoso que lo catapulta como único candidato regional. Además, tiene 109 votos a favor y le restarían 20 para el respaldo unánime, aunque con obtener dos tercios ya podría formar parte. Con este escenario, Uruguay volvería al Consejo medio siglo después de su primera vez, y comenzaría su participación presidiéndolo desde enero de 2016.

Entre sus objetivos, el Consejo de Seguridad se plantea mantener la paz y seguridad internacionales, armonizar los esfuerzos de las naciones para evitar conflictos, en la búsqueda -ante todo- de acuerdos pacíficos que, de no obtenerse, derivan en la autorización del uso de medidas coercitivas en los territorios, como recordó ayer la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, Denise Cook, durante una mesa que se llevó adelante ayer en el Anexo del Palacio Legislativo, organizada por Amnistía Internacional Uruguay y la Fundación Friedrich Ebert.

El Consejo se reúne en forma permanente y siempre está preparado para sesionar. Cuenta con cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y diez miembros no permanentes. Entre estos últimos, Chile finaliza su participación este año y Venezuela en 2016. La república bolivariana ha denunciado la falta de transparencia en la toma de decisiones del Consejo, con negociaciones en las que las cinco potencias llevan la voz de mando por medio de su poder de veto.

Francia ha pedido limitar el veto, un guante que pretende recoger Uruguay para llevar como pedido ante la ONU, para lo cual se requiere enmendar la carta constitutiva del Consejo, resaltó el representante de Amnistía Internacional en Nueva York, Renzo Pomi, durante el evento. También destacó que la agenda del Consejo ha crecido en su complejidad. Hoy, proteger a la población de los territorios en los que se dirimen conflictos internacionales, asegurar elecciones libres y justas, lograr el desarme civil y garantizar los derechos de los refugiados son algunos de los objetivos que deben garantizar las misiones de paz.

En opinión de Pomi, Uruguay deberá lidiar con el uso “irresponsable” que hacen del veto los cinco miembros permanentes; proteger y prevenir abusos y explotación sexual por parte de funcionarios en las misiones; y promover la elección transparente del secretario general de la ONU, fomentando más de una candidatura.

El embajador Martín Vidal, director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que hay que “prepararse a conciencia” para la candidatura uruguaya, a la que se presentaron siete años atrás. Se respira fe en las filas diplomáticas, por el desempeño que el país ha tenido en misiones internacionales y la agenda de derechos que lleva a nivel nacional.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, remarcó el desafío que supondrá la presencia de Uruguay en el Consejo de Seguridad, y subrayó que las decisiones que allí se tomen deben tener presencia en el debate público, como parte de las políticas de defensa. “A este país chiquito se le va a hacer difícil acostumbrarse a vivir en el conflicto internacional, y eso nos va a obligar a políticas de alianzas para enfrentar el desbalance con los cinco miembros permanentes”.

No obstante, remarcó que es un debate necesario “para que otro mundo sea posible”. “Las guerras tienen mucho olor a petróleo y a recursos naturales”, añadió.

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