“En estos dos meses no estuvimos durmiendo la siesta”, aclara Wschebor rápidamente, mientras recibe a la diaria en su oficina de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependencia creada en 2003 que, desde hace una semana, funciona en el tercer piso de la galería Caubarrère. Hace minutos se firmó el decreto presidencial que formaliza el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado en febrero por el presidente Tabaré Vázquez como parte de la renovación en políticas vinculadas con el pasado reciente. La iniciativa “es una oportunidad para darle impulso a la búsqueda de verdad y justicia”, califica la historiadora, que responderá a los planes de trabajo y líneas de acción que establezcan Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota, quienes constituyen el grupo y se desempeñarán en forma honoraria.
El propósito esencial del grupo será “investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado”, entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Sus acciones pretenden contribuir a la verdad histórica y promover la justicia, sobre la base de normas y estándares internacionales de verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición.
Felipe Michelini destacó que el grupo tendrá “plena autonomía” para funcionar y mantendrá reuniones periódicas en el local de la Secretaría de Derechos Humanos. “Es un trabajo de largo aliento y habrá que poner la mejor imaginación. No significa llegar y, con una varita mágica, resolver los hechos que sucedieron hace más de 30 años, que se efectuaron con voluntad expresa para su ocultamiento”, dijo. El grupo hará un seguimiento de denuncias, causas, sentencias y resoluciones, a nivel nacional e internacional, así como de leyes reparatorias, enumeró.
Buscará “seguir más de cerca los aspectos que hacen a la justicia”, indicó Wschebor, lo que implicará “sistematizar todos los elementos generados en los procesos judiciales que se encuentren archivados o que estén en curso de investigación”, para “asegurar la accesibilidad” a la información, según se establece en el decreto. Los archivos que tiene la secretaría, señaló su directora, “tienen que ser más accesibles” para víctimas, querellantes e investigadores. Para ello, pondrán a disposición del público que requiera consultar ese material a profesionales de apoyo que forman parte del equipo de archivólogos, para que asesoren en la búsqueda y consulta de documentación. Se procederá a la desclasificación de archivos que no están siendo usados en procedimientos judiciales, y a una “mediana desclasificación” de aquellos que están siendo utilizados como prueba.
A su vez, se crearán “registros adecuados” para facilitar el acceso a la información y se digitalizará “toda la información existente y la que se logre incorporar” para el “acceso, análisis, detección y cruzamiento de información” en forma ágil y fidedigna. La secretaría establecerá protocolos específicos para que fuentes documentales como cartas, fotos y testimonios sirvan para usar como prueba en juicios.
El grupo también recabará y organizará el registro de testimonios -brindados en sedes judiciales o instancias administrativas, dentro o fuera del territorio nacional- de toda persona en calidad de víctima, testigo u otra vinculación con los hechos, que quiera hacerlo en forma voluntaria. Éstos podrán ser utilizados como pruebas por el Ministerio Público, las víctimas y familiares en procesos o instancias judiciales (para su difusión masiva las personas deberán dar su consentimiento expreso). A la vez, la secretaría elaborará un informe sobre los testimonios con los que ya cuenta desde la época de la Comisión para la Paz, “para que queden a disposición y sean utilizados en futuras investigaciones que busquen el esclarecimiento de la verdad”, dijo Wschebor. “Abrir esta documentación es una política de reparación simbólica”, destacó.
“El diálogo con la Justicia se establecerá en función de las causas”, agregó, considerando la independencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. “Si jueces y fiscales consideran que, mediante un testimonio, pueden dilucidar detalles de una causa y facilitar el rol de los testimoniantes para no revictimizarlos, tendrán toda la información que los habilite a poder hacerlo, pero eso debe establecerlo el Poder Judicial”.
Calidad humana más protocolo y rigor administrativo. Ésos serán los pilares del trabajo de la secretaría. “Necesitamos un vínculo más horizontal con organizaciones sociales que muchas veces nuclean este tipo de demandas”, y “profesionalizar el trabajo de gestión de documentación dentro de la secretaría”.
Por estas horas se firmará el convenio con la Universidad de la República para la continuación de los trabajos del equipo de historiadores y antropólogos, informaron desde Presidencia. El Grupo de Investigación en Antropología Forense podrá retomar las excavaciones en el Batallón 13 y en zonas contiguas al Servicio de Materiales y Armamento, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como 300 Carlos. Asimismo, se espera una sistematización y reordenamiento de la información producida en las investigaciones históricas llevadas adelante por el equipo coordinado por Álvaro Rico.
“Venimos de una etapa de gran acumulación”, reflexionó Wschebor. “Hoy demandamos como mecanismo de apoyo una reorganización del material, para responder a las demandas del grupo, de organizaciones sociales, de investigadores y de la sociedad en general. Estamos en una instancia de procesamiento de estos diez años de trabajo”, agregó.
“El esclarecimiento de la verdad es nuestro norte”, señaló la titular de la secretaría. Y esto “no es un apriorismo, es un proceso colectivo. Hay cantidad de cosas que resta saber”, remarcó. A sus espaldas estaba la pizarra de su oficina, donde podía leerse, escrito en letras negras: “En el caos está el orden”.