El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció que ante la imposibilidad de atender la inversión en infraestructura que requiere el país por los canales convencionales -esto es, el presupuesto nacional- se pone en marcha desde ya el plan B del gobierno: apelar al sector privado mediante la modalidad de Participación Público Privada (PPP) para la reparación y mantenimiento de tramos de rutas de primera categoría. Convocados por la Cámara de Comercio Francesa en Montevideo, analistas privados de tres consultoras locales discutieron ayer respecto de las posibilidades de los empresarios ante el llamado de auxilio del gobierno.
Si bien el gobierno no adelantó detalles de los llamados, el socio de CPA Ferrere Gabriel Oddone estimó que el monto total de inversiones propuesto será de 2.500 millones de dólares en todo el período, teniendo en cuenta los aportes de fondos públicos y la presunta inversión de los privados. “Lejos de poder resolver el problema, por lo menos es un paso adelante”, opinó, teniendo en cuenta que “el monto de inversión necesaria para estar al día” asciende al doble, 5.000 millones de dólares.
El socio de Deloitte Pablo Rosselli también consideró estos montos como reducidos, teniendo en cuenta que “mayores niveles de inversión ayudarían a atraer inversores extranjeros”, algo “indispensable” para llevar a cabo el plan, teniendo en cuenta las limitaciones del sector empresarial local. “En los próximos años las tasas de interés van a subir en todo el mundo y eso va a ser una insuficiencia para el sector privado, que va a tener que estar dispuesto a asociarse con empresas internacionales”, dijo, advirtiendo en este caso la necesidad de ampliar la cartera de proyectos para “atraerlos”.
Oddone también se refirió a un eventual “estrés sobre la capacidad operativa del sector privado” que podría evitarse recurriendo al “apoyo de organismos multilaterales como la CAF [Corporación Andina de Fomento] y bancos privados”, sobre todo en la construcción de las obras, así como con “la promoción y el estímulo de un mercado de valores local”. Asimismo, opinó sobre la complejidad técnica de los diseños, que a su juicio debería ser “baja”, sin que esto repercuta en los niveles de innovación.
Desde otra óptica, Rosselli planteó que para que las PPP sean un mecanismo eficiente debe haber “un adecuado reparto de riesgos entre el sector público y el privado”. Para el caso concreto de la reconstrucción de infraestructura vial, sostuvo que “el Estado debe tener cuidado de no trasladar el riesgo de disponibilidad de demanda a los privados encargados del proyecto”, hecho que se evitaría “buscando un financiamiento parcial en los usuarios de las carreteras”. Lo dijo en referencia a los que transportan cargas pesadas, a los que se les podría cobrar “una cuota” por su usufructo de la red vial.
Otro punto sobre el que hicieron hincapié fue el de los contrapesos institucionales necesarios para poder renegociar los contratos en un futuro: “Debe haber un consenso político amplio sobre el uso de este tipo de instrumentos para evitar renegociaciones malas en un futuro, cuando el partido de gobierno pueda ser otro”, sostuvo Rosselli. El economista también advirtió sobre la necesidad de que el Estado eventualmente contrate a “inspectores profesionales para ver si los privados están cumpliendo los contratos”.
Por su parte, desde Posadas, Posadas & Vecino, y enfocado en una perspectiva legal, Diego Gamarra opinó que “el diseño institucional y procedimental de las PPP es excesivamente pesado”, ya que “hay demasiadas instituciones involucradas [la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Nacional para el Desarrollo]”. En cambio, propuso reducir “el interlocutor estatal al MEF o la OPP”, de manera de “optimizar el esquema”, punto con el que sus colegas Oddone y Rosselli discreparon. “Es insoslayable que el MEF tenga su propia mirada y la OPP una más transversal: el MEF tiene que poder decir ‘No hay más plata’, mientras que la OPP opina sobre la necesidad de construir una u otra obra”, consideró Rosselli.
Este último también advirtió sobre el tipo de proyectos que el gobierno pondrá a disposición de los llamados por PPP. “Muchas veces el Estado toma decisiones sin tener en cuenta las tasas de retorno, desplazando al sector privado de proyectos que serían rentables y dejando de invertir en otros que no lo son”, subrayó.