“Es obvio que estamos en una circunstancia extremadamente compleja”, comenzó diciendo el presidente de la comisión, el comunista Óscar Andrade (Frente Amplio, FA), “no sólo desde el punto de vista del proyecto sino desde el social”, en referencia a los 700 trabajadores que están “pendientes de una solución”.
Una semana atrás, GNLS manifestó al presidente de la República, Tabaré Vázquez, que “tuvieron inconvenientes con una subcontratada [Oas, de Brasil], que se retiró”, según declaraciones de Vázquez, y ante esto “pretendían cambiar el contrato inicial con Uruguay”; es decir, en vez de cobrar 14 millones de dólares por royalties durante 15 años, cobrarían unos 20 millones por 20 años, cambio al que el mandatario se negó. Aparentemente, la empresa habría manifestado una eventual salida del país de no atender a su demanda, dejando la obra sin terminar.
Consultado por la veracidad de estos hechos y su compromiso con el proyecto, el director general de GNLS, Fernando Tovar, se limitó a responder que “GNLS y sus accionistas siguen comprometidos en encontrar una solución para la continuidad de las obras y del proyecto” y aseguró que se están “analizando otras alternativas para encontrar una solución”.
Ante esto, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (FA), Luis Puig, cuestionó si ese compromiso había generado “aspectos concretos” y ejemplificó con resoluciones en cuanto a la situación de los trabajadores y la continuidad de la obra; concretamente, consultó si se había planteado al Estado la renegociación de los montos.
Por su parte, el nacionalista Pablo Abdala abogó por otro conjunto de ciudadanos: los pequeños y medianos empresarios, proveedores de Oas, quienes denunciaron incumplimientos de pago por montos superiores a 15 millones de dólares. “Más allá de que la que incumplió fue la empresa constructora [...] parece claro y evidente que también las tiene el que la contrató”, le señaló a la delegación.
Su par Amin Niffouri (Aire Fresco, Partido Nacional) coincidió: “[GNLS] fue la que contrató a esa empresa y la que, supuestamente, debía evaluarla y controlarla”. “Estamos hablando de más de 1.200 trabajadores”, agregó, en referencia a los 700 trabajadores en paro y los 500 damnificados indirectamente por recesiones de los proveedores. Estos últimos, que concurrieron a principios de mes a la Comisión de Industria de Diputados -la cual integra el diputado blanco- “expresaron que GNLS cobró la garantía del Estado” y que “no era de 100 millones de dólares, sino de 126”. Niffouri advirtió, además, que “estas empresas vieron señales de que Oas estaba por retirarse a partir de octubre del año pasado”, y se dirigió a la delegación: “Quiero saber qué hizo GNLS y si no advirtió que esta empresa estaba por irse”. Ante el silencio de GNLS, el emepepista Daniel Placeres insistió: “Quisiera que la empresa se exprese acerca de si tienen intenciones de continuar en el país”.
Finalmente, Tovar volvió a tomar la palabra y afirmó que “Oas no se ha ido”. “Queremos encontrar la manera de destrabar el proyecto para lograr esa continuidad. Ésa fue la intención cuando firmamos nuestro compromiso y sigue siendo nuestra intención”, sostuvo, evadiendo las preguntas de los diputados. Confirmó que la salida de Oas “no fue una sorpresa ni fue imprevista”, pero que sí lo fue “la situación financiera en la que cayó, a raíz de la investigación que está llevándose a cabo en Brasil”.
“Hay una sola manera de cumplir: cumplir con lo firmado, el cumplimiento del contrato que une y vincula a la empresa que hoy comparece en esta comisión con el Estado uruguayo”, observó Abdala, a lo que el director de GNLS repitió que se están “elaborando nuevas alternativas en las que atenderemos los mensajes que nos dio el presidente y [...] se incluirá una garantía de rein- tegro para los trabajadores que se necesiten una vez que se reinicien las obras, o indemnización para los que no puedan reintegrarse”.
“¿Están queriendo renegociar el contrato firmado porque no pueden cumplirlo?”, preguntó concretamente Andrade. Tovar respondió: “Estamos preparando alternativas para la continuidad del proyecto”. “¿Eso implica renegociar el contrato firmado?, insistió el diputado. “Eso implica alternativas de diálogo que estamos emprendiendo”, culminó el representante empresarial.
Finalmente, los diputados se rindieron y dejaron en actas: “No se ha respondido nada”. Niffouri expresó su “malestar con la situación” y dijo a la delegación que “si no se quería dar [declaraciones], capaz que no tendrían que haber venido”. “Creo que ésta no es la actitud que contribuye a buscar alguna solución”, se lamentó; sin decir palabra alguna, la delegación de GLNS se retiró de la sala.
Coletazos
Los trabajadores del gas, de UTE y de la Federación ANCAP, nucleados en la Coordinadora de Sindicatos de la Energía de Uruguay, se declararon ayer en “estado de alerta” y “en conflicto” ante la cuestionada continuidad del proyecto de la planta regasificadora. Ayer los de la construcción volvieron a manifestarse mediante un paro parcial, con un acto frente al Palacio de la Luz.
Por otro lado, el senador nacionalista Álvaro Delgado, integrante de la Comisión de Industria del Senado, convocó a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, para, entre otros temas, responder sobre la situación de la regasificadora.