Montevideo, 22 de mayo de 2015
Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas provenientes de distintos ámbitos e instituciones comprometidos con el rumbo de la vida nacional, desean expresar su fuerte preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones para el acuerdo denominado TISA (Acuerdo en Comercio de Servicios), sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía. Este último señalamiento no resulta un aspecto menor a propósito del involucramiento del país en negociaciones de tan extraordinaria implicancia estratégica y ajenas a las garantías mínimas que ofrece la negociación multilateral.
Las negociaciones TISA abarcan un amplio rango de temas como la energía, el agua, las telecomunicaciones, el servicio postal, la educación, la salud, el medioambiente, el empleo, el transporte aéreo y marítimo, los servicios financieros (bancos, seguros, créditos no bancarios, otros), las compras públicas, entre otros. En torno a estos temas, y ante las resistencias encontradas en las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las grandes potencias y las empresas transnacionales han impulsado en las últimas décadas una agenda de extrema liberalización y desregulación, que procura el avance del mercado por sobre la lógica tradicional del accionar del Estado en beneficio de la producción, de los sectores populares y como motor de acciones estratégicas para el desarrollo nacional.
Es particularmente preocupante la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas, y a las pequeñas y microempresas. Una consecuencia del TISA será el debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras, y el retroceso del Estado -con el menoscabo de sus empresas públicas- como motor del desarrollo. El TISA no reconoce las profundas asimetrías entre los países -no contempla el Trato Especial y Diferenciado- y trastoca la cláusula de salvaguardia, que tradicionalmente ampara a un Estado ante el exceso de importaciones en un sector, atándola a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, que quedan sujetos al monitoreo del Fondo Monetario Internacional volviéndose, en definitiva, un amparo para el país exportador.
Es especialmente condenable la naturaleza secreta de las negociaciones del TISA y la falta de información y participación de las y los ciudadanos, en lo que configura una verdadera práctica antidemocrática, mientras las grandes corporaciones de los países desarrollados definen la agenda de temas, controlan y pautan la negociación e imponen las grandes definiciones.
Los gobiernos de los países desarrollados que impulsan el TISA siguen una estrategia que ha sido calificada con acierto como de “patear la escalera”, impidiendo la evolución del resto de los países al desarrollo de capacidades y tecnologías que ellos ya han alcanzado.
Es nuestra convicción que la adhesión de un país como Uruguay al TISA significa afectar su desarrollo futuro, la transformación de su matriz productiva y sus perspectivas de crear una sociedad más prospera y más justa.
Uruguay tiene poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder. Es imperioso que se evalúe adecuadamente y en su limitada dimensión para el proceso de desarrollo del país, los beneficios que se derivarían de la expansión de los Servicios Globales de Exportación, desde zonas francas. Ante los eventuales beneficios que de ahí se derivarían se pone en juego la autonomía de las políticas públicas en las más diversas áreas. Las normativas en materia de relaciones laborales, seguridad social, protección al medioambiente, regulación del sistema financiero, promoción del derecho a la salud o la educación serán evaluadas en función de su “objetividad, razonabilidad e imparcialidad” y pueden ser cuestionadas o impugnadas en la medida en que menoscaben el interés de las empresas extranjeras.
La permanencia de nuestro país en las negociaciones tiene, además, fuertes impactos en materia de su inserción internacional. Implica un movimiento de apertura irrestricta al resto del mundo y de debilitamiento del espacio regional como ámbito de referencia. Una eventual adhesión del país a este tipo de acuerdos conllevaría importantes daños a nuestra estrategia de desarrollo.
Por todo lo expresado esperamos un debate público genuino y profundo sobre estos temas de gran relevancia, para lo que resulta imprescindible la postergación de la presentación de la lista de oferta uruguaya, lo que implicaría la aceptación de condicionamientos y restricciones contrarios a la defensa de los intereses nacionales. Alertamos respecto a los peligros que entraña este acuerdo y sostenemos la inconveniencia de la permanencia de nuestro país en una negociación de esta naturaleza.
La presente declaración se encuentra abierta a nuevas adhesiones.
Saludan atte.
Marcelo Abdala, Óscar Andrade, Felipe Arocena, Rodrigo Arocena, Viviana Barreto, Gustavo Bittencourt, Gerardo Caetano, Julio Calzada, Lilián Celiberti, Roberto Chiazzaro, Isabel Clemente, Roberto Conde, Alberto Couriel, Omar Defeo, Álvaro Díaz, José Díaz, Raúl Donangelo, Adolfo Elizaincín, Wilson Fernández Luzuriaga, Julio Ángel Fernández, Wilson Nerys Fernández, Fernando Gambera, Macarena Gelman, Daniel Gil, Carlos González, Jorge Irisity, Roberto Kreimerman, Gustavo Leal, Joselo López, Susana Mallo, Roberto Markarián, Marcelo Mondelli, Constanza Moreira, Karin Nansen, Pedro Narbondo, Daniel Olesker, Álvaro Padrón, Ricardo Pallares, Gabriel Peluffo, Fernando Pereira, José Manuel Quijano, Gonzalo Rodríguez Gigena, Octavio Rodríguez, Enrique Rubio, Alejandro (Pacha) Sánchez, Rafael Sanseviero, Jorge Schellemberg, Judith Sutz, Maren Ulriksen, Daniel Viñar, Marcelo Viñar.