La decisión de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, se basó en el recambio de autoridades que hubo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La gestión encabezada por Beatriz Silva contestó negativamente al primer planteo, en 2014, respuesta que repetió Susana Muñiz en esta segunda oportunidad. La oferta es para gestionar sin costo extra y directamente la planta de tratamiento de residuos sanitarios peligrosos (RSP), que pertenecía a la empresa ATT hasta que la Intendencia de Montevideo (IM) le rescindió el contrato por incumplimientos varios.
En 2003, ATT resultó ganadora de una licitación pública para explotar un padrón en la calle Oncativo y construir una máquina con la tecnología adecuada para hacer frente a la nueva normativa en materia de RSP, vigente desde 1999. Junto con ATT, la empresa Aborgama obtuvo el segundo predio ofertado por la comuna, y desde entonces son las dos únicas empresas habilitadas para el tratamiento y la disposición final de RSP en Montevideo.
Son, al mismo tiempo, dos de las tres beneficiadas con contratos millonarios desde hace décadas, producto de licitaciones convocadas por ASSE para la recolección, el traslado y la disposición final de RSP de sus dependencias en todo el país. Junto con Trenal SA, Aborgama y ATT conforman la tríada que viene siendo investigada por la Justicia del Crimen Organizado y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Fueron denunciadas por una cuarta empresa, Ecotecno, por sobrefacturar los servicios en el ámbito público y por operar de manera monopólica para garantizarse el reparto de mercado sea cual sea la elegida en cada llamado.
En 2014, la IM rescindió contrato con ATT, porque la empresa hizo funcionar la planta un solo día en diez años, la que, tal como lo establecía el acuerdo legal, pasaría a ser propiedad de la comuna en caso de que el vínculo cesara por irregularidades de la adjudicataria. Durante todo ese tiempo y pese a la aparente inactividad, la firma pagó regularmente el canon de 500.000 dólares mensuales. Poco después de la rescisión, desde la División Desarrollo Ambiental se envió una nota a ASSE con la que se ponía la maquinaria a disposición del organismo.
En aquel entonces, Silva le explicó a la diaria que la propuesta fue rechazada porque recolectar y tratar RSP no está entre las competencias de ASSE, mientras que el gerente administrativo, Héctor Garbarino, aseguraba que “el ofrecimiento de la intendencia continúa a estudio sobre su viablilidad y conveniencia por parte del organismo”. Las diferencias en torno al tema han quedado plasmadas también en directorios anteriores, ya que hay posiciones que sostienen que el tratamiento de manera directa por parte de ASSE podría contribuir a sincerar el mercado y el volumen real del negocio.
En esta ocasión, la negativa que recibirá la IM tiene un sustento principalmente en cuestiones más cotidianas, no tan de fondo. Olivera decidió reiterar el planteo luego de que la ex ministra de Salud Susana Muñiz asumiera al frente de ASSE el 15 de abril. Las nuevas autoridades no tienen entre sus prioridades centrales este tema, ni siquiera en la agenda bilateral que mantienen con la comuna. “Tenemos definida la ampliación de una policlínica que no podemos hacer”, porque se precisan determinados trámites en el palacio municipal, ejemplificaron fuentes de ASSE. En los hechos, tanto el tema de RSP como el de la policlínica y otros que unen a ambos organismos quedarán por la vía de los hechos y las transiciones suspendidos por un período de varios meses, que culminará una vez que asuma Daniel Martínez.
La ruptura contractual con la IM determinó que desde setiembre ATT no pudiera seguir cumpliendo con los servicios que le brindaba a ASSE. Por defecto, Aborgama y Trenal vienen supliéndola. La propia ASSE puso al tanto al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) de la salida del mercado de ATT a fines de 2014, cuando le comunicó que se ponía en práctica la prórroga automática a favor de Aborgama y Trenal establecida en las licitaciones originales.
La resolución del 15 de enero del órgano de contralor -en la que observa el gasto, como observadas están las adjudicaciones iniciales- consigna que “la administración no prorrogó la adjudicación a la firma ATT en virtud de que la misma no contaba con planta de tratamiento habilitada desde el mes de setiembre de 2014, lo que determinó que oportunamente se realizara un llamado para cubrir el servicio de los centros generadores que atendía dicha empresa”, procesos que continúan inconclusos. Los informes al TCR refieren a decisiones tomadas por la entonces ministra Muñiz, que hoy, desde ASSE, tiene la responsabilidad directa a la hora de gestionar sobre cuestiones tales como la de los RSP.