La primera vez de Tabaré Vázquez fue el 6 de marzo de 2008. Ese día se aprobó uno de los proyectos de ley más ambiciosos del presidente: el que prohibía fumar en espacios cerrados de uso público o trabajo y la publicidad de los productos de tabaco. Aquella decisión trajo aparejada una denuncia de la tabacalera Philip Morris, que le exige a Uruguay que pague 25 millones de dólares por “perjuicios causados”, y que todavía está por resolverse en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Pero también estableció un precedente.
El 10 de diciembre de 2013, bajo el mandato de José Mujica, el Frente Amplio aprobó el control y la regulación de la marihuana y sus derivados. La ley establece, entre otras cosas, otorgar licencias a privados para cultivar y cosechar, y la venta en farmacias. Hasta el momento no ha traído juicios, pero sí demoras en su implementación. Ahora, Vázquez ocupa otra vez la silla presidencial y está a punto de parir su segundo hijo: una ley que regula el mercado del alcohol. El miércoles se acordó que sólo bares y restaurantes podrán vender alcohol de 22.00 a 8.00. Ayer, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, aseguró que la regulación respetará el “derecho al goce y al placer”.
Con la mira puesta en generar políticas para reducir el uso nocivo del alcohol y la marihuana, ayer se celebró la conferencia Políticas de Drogas y Bienestar Público, en la que participaron expertos internacionales en la materia, entre ellos, el estadounidense Thomas Babor, que en 2011 publicó un libro sobre lo que aprendió al estudiar los diferentes casos en el mundo: desde los sistemas prohibitivos hasta los que regulan su uso y distribución.
Romani explicó que es necesario conocer los casos extranjeros, no para “repetir” modelos, sino para recrear e incorporarlos según “nuestras condiciones”, que implican “un enfoque de derechos”. En ese sentido, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, Eduardo Levcovitz, añadió que las políticas uruguayas parten de la perspectiva psicosocial y sanitaria, no de la criminalista. Romani afirmó que “es mejor codiseñar y cogestionarlas con los involucrados, en este caso con los consumidores, que tienen una enorme sabiduría, pese a tener problemas con las sustancias”. A su vez, dijo que la fiscalización “no puede comprometer los derechos inalienables” de los ciudadanos ni “lesionar el bienestar social”. Además, hizo hincapié en que es responsabilidad de los adultos proteger a los niños y a los jóvenes: “No podemos discriminarlos ni estigmatizarlos porque son bochincheros, toman en la calle y están pasados. Sí, están pasados, pero es responsabilidad de los adultos; no nos hagamos los chanchos rengos”. “Es un desafío mundial y existe una estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol”, agregó.
Por otro lado, Romani preguntó cómo inciden y cómo incorporar los aspectos culturales y simbólicos que una sociedad tiene sobre el alcohol en las políticas para reducir el daño provocado por su utilización. Babor contestó que el valor simbólico de las sustancias psicoactivas es lo que la gente piensa sobre el significado intrínseco de la sustancia. Afirmó que “hoy las corporaciones transnacionales son las que tienen el control de los valores simbólicos”, porque los crean constantemente y su arma es la publicidad: “relacionan el beberaje con la recreación” y proponen que éste “facilita la sociabilidad y la actividad sexual”. Explicó que esos mensajes sustituyen a los antiguos valores simbólicos e ideológicos del alcohol, que estaban relacionados con las costumbres tradicionales y religiosas.