La ley de salud sexual y reproductiva y la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “chocan contra la muralla del poder médico”, señaló López. Esta barrera imposibilita el ejercicio completo del derecho a la salud y está sostenida por “problemas funcionales” -como que la accesibilidad universal a los servicios de salud no sea tal en los hechos- y “problemas culturales” reflejados en la atención a usuarios del sistema de salud por medio de “prácticas paternalistas, no incluir a los varones en consultas médicas sobre la sexualidad, pensar que los adolescentes son incapaces de tomar decisiones, y la infantilización de las mujeres”. Las objeciones de conciencia son un ejemplo de esto último ya que, en su mayoría, “no tienen que ver con la religiosidad, sino con otro sistema de valores”, y reflejan una doble moral de los médicos.
López cuestionó que se haya “naturalizado” ese “derecho de los profesionales” sobre el “derecho de las mujeres a decidir abortar”, y preguntó a la viceministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg -presente en el evento-, si existe “voluntad de negociar” con el poder médico para “deconstruir el corporativismo” que se lleva adelante en distintas prácticas por el derecho a la salud sexual y reproductiva, que van desde la colocación de un DIU a la prescripción para recetar misoprostol. “Estamos cercando al núcleo duro del problema”, agregó López, pero consideró que no alcanza con cuestionar esto, sino que se debe trabajar por la “apropiación subjetiva que cada persona debe hacer como sujeto de derecho”. “Podemos tener marcos legales protectores y garantistas, pero esto no significa que haya procesos de legitimación social de esos derechos ni que los exijamos como tales”, concluyó.
La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, subrayó que el poder de decisión que los médicos “detentan” es también “el que se les otorga” social y mediáticamente. Lustemberg consideró que ante los avances normativos alcanzados, se debe trabajar estos temas “con autonomía en nuestras casas, educando a nuestros niños y niñas”, además de considerar la “integralidad” en políticas públicas que refieren a la sexualidad y la reproducción, y evidenciar el “machismo encubierto” que existe en Uruguay. “Desde el ministerio trabajaremos para mejorar la atención, profundizar la reforma y la humanización de quienes brindan servicios referentes a un derecho tan sensible”, dijo. Por último, sostuvo que las capacitaciones del funcionariado de la salud se tienen que hacer en los lugares de trabajo, para que no se ausenten de éstos y se mejore la articulación entre formación y práctica.
Meté un cambio
Entre los principales avances respecto de los servicios de salud sexual y reproductiva, el informe de MYSU destaca que éstos hayan sido incorporados al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como prestación obligatoria; que 91% de mujeres embarazadas acuda a la consulta obstétrica desde el primer trimestre; la mejora en el acceso y la cobertura a las técnicas de reproducción asistida, y la gratuidad en el acceso a métodos anticonceptivos en salud pública y con costo mínimo en el sector privado.
Entre los problemas identificados, persisten los abortos clandestinos -especialmente en el litoral del país-, con la diferencia de que las mujeres acuden más que antes de la instauración de la ley IVE a los centros de salud para consultar por “complicaciones” de abortos realizados fuera del SNIS. Según la ONG, esto ocurre por el “mal conocimiento sobre la legislación promulgada”, que expone a las mujeres “a posibles medidas judiciales”, ya que cuando se aborta fuera del sistema “se comete un delito”.
Se critica la “falta de una atención integral” que se traduce en “intervenciones parciales que sobrecargan a determinados profesionales”; también que no existan “canales claros” para denunciar actos de violencia obstétrica, y el “déficit” en la atención a personas trans y población LGBTI.
De cara a la conmemoración mundial que se realiza hoy por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, se identifica como un asunto pendiente que los equipos multidisciplinarios puedan monitorear, coordinar y transversalizar la salud sexual y reproductiva, supervisando y asegurando el adecuado cumplimiento de las normas. Y se insta a revertir la “muy baja calidad de atención” que se brinda en los servicios de salud a personas trans u otras con orientación sexual diversa, a la población adolescente y a personas con VIH.