Desde marzo de 2013, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, se está llevando a cabo un juicio histórico por los crímenes cometidos en el marco del llamado Plan Cóndor. De los más de 20 acusados, uno solo es extranjero: el ex militar uruguayo Manuel Cordero. Todos los demás son argentinos y están imputados por los delitos de asociación ilícita (todos excepto Cordero) y distintos casos de privación ilegal de la libertad. Hay, entre ellos, figuras emblemáticas de la dictadura argentina, como el ex dictador Reynaldo Benito Bignone (1982-1983), el ex comandante Santiago Omar Riveros y el ex dictador Jorge Rafael Videla, que murió poco tiempo después de que se iniciara el juicio.
La causa es realmente innovadora. Por primera vez, un tribunal nacional aborda los crímenes cometidos por el Plan Cóndor en todo su alcance geográfico. Nunca antes, además, se había utilizado la figura de “asociación ilícita” para juzgar la coordinación internacional establecida entre las dictaduras para cometer violaciones de los derechos humanos. Finalmente, es la primera vez que, en Argentina, un extranjero es imputado y la gran mayoría de las víctimas fueron extranjeros: de 106, 48 son uruguayos y 22 chilenos; hay también paraguayos y bolivianos.
El Plan Cóndor fue una red secreta de inteligencia y contrainsurgencia instituida por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70. Tuvo su origen en cooperación informal bilateral entre las fuerzas militares y policiales de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, ya en 1972, como relató Carlos Osorio en la audiencia del 6 de marzo de este año. Se formalizó en una reunión en Santiago de Chile a fines de noviembre de 1975. Desde ese año hasta 1981, torturó, asesinó y desapareció a cientos de líderes políticos, militantes, refugiados y exiliados, estableciendo un área de terror e impunidad sin fronteras en Sudamérica.
Los orígenes
La causa se inició en 1999 a partir de denuncias de familiares de extranjeros desaparecidos en Argentina y de argentinos desaparecidos fuera de su país. Luego se sumaron muchas otras. Cuando se presentó la primera querella, seguían vigentes en Argentina las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por lo tanto, se acusó sobre todo a los altos mandos de ese país -que no podían alegar que cumplían órdenes como los oficiales inferiores- y a sus pares extranjeros. Asimismo, la imputación de privación ilegal de la libertad permitía considerar a la desaparición forzada como crimen permanente y avanzar con las investigaciones pese a las amnistías.
Debido a la complejidad del proceso por la cantidad de acusados, víctimas y países que abarca, la recepción de pruebas se organizó por pares de países, empezando por Argentina y Uruguay, hasta cubrir todos los que integraron el Cóndor. El juicio está ahora en su tramo final, a punto de empezar con la etapa de alegatos. El tribunal, compuesto por los jueces Adrián Federico Grunberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Laufer, con Ricardo Ángel Basilico como juez suplente, recibió centenares de testimonios de sobrevivientes, familiares, peritos y expertos. Escucharlos es una experiencia conmovedora, y fundamental en la reconstrucción del rompecabezas del Plan Cóndor.
En los relatos hay rastros que muestran cómo se desarrollaba y actuaba la coordinación represiva. Por ejemplo, el hermano de un ex tupamaro, desaparecido en Buenos Aires en 1978, recordó el 20 de setiembre de 2013 cómo él le comentaba que “se tenía que cuidar tanto de la Policía argentina como de las Fuerzas Armadas uruguayas” y que había visto a varios de sus integrantes por las calles de la ciudad. Una semana después, un uruguayo que fue secuestrado junto con su padre en 1976 en Buenos Aires detalló cómo un grupo de tareas integrado por diez personas, vestidas de civil y con armas, rompió la puerta de su casa “con fuerza salvaje”. Entre ellas había un uruguayo al que luego pudo identificar como José Nino Gavazzo. Le ofrecieron un cigarrillo de la marca Nevada, que no se conseguía en Argentina. Después de que los liberaron, su padre le dijo que había reconocido a varios oficiales uruguayos en Automotores Orletti, entre ellos Hugo Campos Hermida, Cordero y Gilberto Vázquez, además de Gavazzo.
El 25 de marzo del año pasado, la hermana de un militante chileno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desaparecido en 1976 en Buenos Aires relató cómo fue secuestrada y torturada en 1977, en el centro clandestino de detención Club Atlético, en San Telmo. Al llegar había varios chilenos que la esperaban. Les preguntó por qué estaban allí y le contestaron: “Porque Pinochet así lo quiere”. Durante los interrogatorios querían que hablara de su hermano, aunque ya parecían conocer las respuestas: “¿Era del MIR?”; ella contestó que sí y le dijeron: “No eres mentirosa”. Ella preguntó si tenían a su hermano y le respondieron que “ya no”, que se lo habían llevado a Chile “porque allí tenía muchas cuentas por pagar”.
La importancia de la causa
A pesar de que faltan algunos meses para que se conozca la sentencia, se puede intentar hacer algunas evaluaciones preliminares. En primer lugar, este proceso, junto con el relacionado con el plan sistemático de robo de bebés, desempeña un papel clave para socavar la estructura de impunidad en Argentina, que comenzó a ser quebrada hasta que, finalmente, se anularon las amnistías y los indultos, lo que permitió que se reanudaran los juicios.
En segundo lugar, esta causa no tiene precedentes, por su intento de abarcar la complejidad de la represión en Sudamérica, con argentinos y extranjeros entre los acusados y las víctimas, investigando crímenes que en todos los casos “cruzaron las fronteras” por involucrar a más de un país. Es la primera vez que un tribunal sondea la red transnacional de terror en su totalidad.
Finalmente, activistas y abogados abrigan la esperanza de que el juicio pueda tener un impacto en los países cercanos, sobre todo en los que se han quedado atrás en aclarar e investigar violaciones de derechos humanos en el pasado reciente.
La vinculación con Uruguay es contundente e indudable: hubo secuestros de uruguayos en prácticamente todos los países del Plan Cóndor. La última actualización de la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos uruguaya, de este año, identifica a 192 víctimas, de las cuales 137 desaparecieron en Argentina, 41 en Uruguay, nueve en Chile, tres en Paraguay, una en Bolivia y una en Colombia.
La causa por el Plan Cóndor comenzó en Argentina pocos días después de que la Suprema Corte de Justicia uruguaya dictara, en febrero de 2013, una sentencia muy controvertida y criticada tanto en el ámbito nacional como internacional. En ella se afirmó que los crímenes de la dictadura no fueron de lesa humanidad, sino delitos comunes, y que por lo tanto pueden prescribir. En este contexto, un veredicto condenatorio en la megacausa argentina, con muchas víctimas uruguayas y un uruguayo imputado, puede convertirse en una herramienta importante para que los activistas locales presionen por avances en la investigación del pasado reciente, a fin de salir de la situación de semiparálisis en la que se encuentran las causas en Uruguay.
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.