El 17 de abril la Intendencia de Canelones aprobó la primera de dos resoluciones que le concederán un estatus especial a la zona rural de Paso Picón, un centro poblado sobre el cual no había límites para que cayera el glifosato aplicado por el doctor Máximo Castilla, ya que estaba categorizado como área rural. La resolución es de corte general y prevé que, así como en Picón, en otras zonas también sea necesario disponer estrategias territoriales para evitar daños en el ambiente y en la salud de las personas.
En su artículo único solicita el visto bueno de la Junta Departamental para ampliar el texto de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial mediante la incorporación de dos artículos. Uno “declara de interés departamental la definición de los perímetros territoriales en el medio rural con asentamientos humanos con el objetivo de viabilizar la permanencia de la población en el medio, para la cual se promoverán: condiciones socio-ambientales adecuadas y programas que atiendan al poblador rural”. El otro le otorga al intendente la potestad de definir cuáles son “los perímetros territoriales en el medio rural con asentamientos humanos”, que deberán comunicarse al legislativo local y a los organismos nacionales correspondientes.
Ese segundo artículo también dispone que una vez delimitados los nuevos perímetros el jefe comunal “adoptará medidas concretas en el territorio en el marco de las competencias del gobierno departamental, en coordinación y acuerdo con los organismos nacionales”. Según lo explicó el director de Gestión Ambiental canario, Leonardo Herou, la segunda resolución apuntará a reconfigurar el estatus de territorio de Paso Picón, al tiempo que ya se están evaluando las medidas posteriores a impulsar.
Esta posibilidad era reclamada por el grupo de habitantes de Paso Picón afectados por las fumigaciones con glifosato y otros productos que cada año otro vecino hace sobre sus cultivos de soja transgénica. Se trata de Máximo Castilla, un reconocido empresario médico de la zona que amplió sus negocios a la soja, quien ha llegado a denunciar por la vía penal y civil a los damnificados; amparaba sus prácticas en que al tratarse de un área rural, en Picón no cuentan las distancias mínimas. Por eso la lluvia de glifosato no tardaba en llegar, por ejemplo, a la casa de Adriana Pascual, cuya salud ha sido dañada por esta causa, según lo comprobó el Ministerio de Salud Pública, que impuso multas al médico.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por su parte, verificó que productores orgánicos de la zona perdieron cosechas por la deriva de los químicos sobre sus tierras, lo que también ameritó que lo multaran. Sin embargo, la normativa estaba del lado de Castilla. De acuerdo con lo señalado por Herou, cuando la resolución específica sobre Picón esté pronta, en los próximos días, se darán a conocer también las nuevas pautas productivas y sus regulaciones. Herou añadió que tanto la ampliación de las directrices como la definición de nuevos perímetros tienen como sustento jurídico y conceptual la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que en su artículo 16 cataloga a las directrices departamentales como “el instrumento que establece el ordenamiento estructural del territorio departamental, determinando las principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo”.
Con este mismo apoyo, en 2010 la de Canelones fue la primera y hasta ahora única intendencia en prohibir la fumigación aérea en todo su territorio.