La recomendación del Mercosur fue trasladada hace más de un año a las mesas de desarrollo rural que organiza el MGAP en todo el país, donde surgió la discusión en primera instancia y los resultados fueron poco alentadores. “Llegamos a la conclusión de que en Uruguay el sello podría ser tipo paraguas -que visibilizara la agricultura familiar-, pero no le encontramos más utilidad que ésa”, contó a la diaria Raúl González, un productor caprino de Lavalleja que concurrió ayer a la reunión. “Desde la lógica del productor no hay demanda. Se ve hoy acá”, observó; ese hecho se corroboró con la asistencia de tres representantes de la agricultura familiar en un total de 60. Sin embargo, consideraron que “era bueno ampliar el abanico y conocer otras miradas institucionales, y por eso estamos hoy acá”, agregó.
Otro de los productores presentes se mostró en la misma línea. “Así como viene, puede ser más negativo que positivo”, dijo a la diaria Pablo Naya, director técnico de la Cooperativa Agraria Uruguaya Limitada de Productores de Cerdo, que nuclea a 200 productores de Salto, Paysandú, Flores, Cerro Largo, Tacuarembó, Lavalleja, Canelones y Montevideo.
“Tenemos mucho miedo de un sello Mercosur”, confesó el cooperativista, y explicó: “Somos un rubro que ha sido siempre subordinado en función de políticas de Estado […] y vemos que el país tiene una política de dejar ingresar carne de cerdo sin ningún tipo de control, con altos niveles de subsidio, o que ‘rebotó’ de otros mercados, y nosotros tenemos que competir con eso y se nos hace muy difícil”. En este sentido, teme que “un sello Mercosur podría terminar en una política de promoción del consumo de carne importada”, inquietud que el director general de Desarrollo Rural, José Olascuaga, dijo compartir al ser consultado por la diaria. De todas formas, Naya se mostró dispuesto a “estudiarlo”, aunque insistió en que no cree que “sea algo positivo para los agricultores familiares de Uruguay”.
Buscando lo colectivo
La producción familiar agropecuaria comprende a las personas físicas que gestionan directamente una explotación agropecuaria o una actividad productiva agraria sin el uso directo de la tierra. Estas personas, en conjunto con su familia, deben cumplir cuatro requisitos en forma simultánea: realizar la explotación con la contratación de, como máximo, dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales (500 al año); explotar como máximo 500 hectáreas Coneat 100 bajo cualquier forma de tenencia; residir en la explotación o a un máximo de 50 kilómetros; y que los ingresos familiares extraprediales sean inferiores o iguales a unos 43.000 pesos en promedio mensual. Atendiendo ciertas particularidades, hay excepciones: los productores hortícolas, frutícolas o vitícolas pueden contratar un equivalente de hasta 1.250 jornales zafrales anuales; por otro lado, los apícolas pueden tener hasta 1.000 colmenas, sin condiciones en materia de superficie y residencia.
De acuerdo con el último censo agropecuario, de 2008, de las 40.000 explotaciones activas en el país, 65% (unas 26.000) son producciones familiares, pero sólo ocupan 14% del territorio uruguayo (unas 2,25 millones de hectáreas). Si bien ocupan todo el país, la mayoría se ubica en Canelones.
Los productores familiares son unos 22.858, mayoritariamente hombres (64%), de 50 años de edad en promedio. 62% tienen explotaciones ganaderas, sobre todo de carne y lana, y, en menor medida, lecheras y agrícolas.
La realidad es diferente para cada uno, pero también hay dos grandes grupos: los que explotan la ganadería y los que no. Según González, los primeros encontrarían menos beneficios en el sello, porque en la cadena de producción de este tipo de rubros “se pierde el beneficio de ser un productor familiar: los productores crían los terneros, después pasan a un gran criador, luego a la agroindustria y luego al frigorífico, que los vende sin clarificar que proviene de un productor familiar”.
Sin embargo, entre los mismos productores consideran que los restantes no tienen por qué ser rehenes de esta situación. “Hay queseros artesanales, productores de miel, entre tantos, que sí pueden beneficiarse de un sello, por eso es una cuestión para discutir entre todos. No va a ser fácil de resolver, y puede incluso llegarse a la conclusión de que no es necesario un sello, pero hay que intentarlo”, consideró el productor caprino.
¿Ascendente o descendente?
Otra dificultad que encuentra la iniciativa es “el individualismo de los productores”, según plantea Naya. “Las políticas de los últimos diez años […] han tenido muy buenas intenciones, pero han sido un fracaso tras otro”. Para el director de la cooperativa de producción de cerdos, falta que los productores familiares “se hagan dueños de la propuesta”, porque es “a partir de ahí que surge su disposición”.
Olascuaga afirmó que el sello es “una herramienta que se construye con los involucrados”, por lo que parte del proceso en estos talleres será “ver los objetivos de construir este sello, que pueden no coincidir con las ideas que tienen los productores”. “Quizá no hay que pensar que va a ser un traje a medida, sino varios trajes a medida”, observó el director del MGAP. La de ayer fue la primera de cuatro jornadas que se llevarán a cabo en el correr del año.