Los avances en materia de libertad de expresión han sido notables en los últimos diez años, de tal manera que organizaciones internacionales como Freedom House colocan a Uruguay en el primer lugar del ranking de América del Sur.
Esta situación se ha logrado, en particular, por la aprobación de leyes que modernizaron la normativa sobre estas libertades: Ley de Radiodifusión Comunitaria en 2007, Ley de Acceso a la Información Pública en 2008, Ley de Despenalización del Delito de Difamación en 2009 y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2014. Este paquete legislativo está en sintonía con las recomendaciones de los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas.
Un solo tema falta abordar para completar la adecuación normativa de Uruguay en materia de libertad de expresión: la regulación de la asignación de la publicidad oficial.
El otorgamiento de estos recursos estatales fue utilizado durante las administraciones del Partido Nacional y el Partido Colorado para premiar a medios de comunicación afines y para castigar a quienes eran críticos. Además, ha quedado demostrado que estas prácticas estuvieron relacionadas con el otorgamiento de frecuencias a correligionarios y, en el caso de directores de entes autónomos, para pagar favores a medios de departamentos en los cuales tenían intereses políticos.
La llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno nacional significó un drástico cambio de rumbo. Salvo hechos puntuales, ningún organismo nacional o internacional ha denunciado una práctica sistemática de abuso en la distribución de la publicidad oficial en función de la línea editorial o informativa de los medios en los últimos dos gobiernos del FA.
Sin embargo, esto no significa que el reparto aún sea justo y eficiente. El propio ex presidente José Mujica afirmó en 2012 que existía una “injusta distribución” ya que “más de 90% de los gastos de propaganda de todas las agencias del Estado -incluyo a los ministerios, Banco de Previsión Social, empresas públicas, intendencias- termina quedando siempre en Montevideo”. Ante el hecho, declaró: “Deberíamos de colocarlo en la consideración pública y tomar alguna medida paliativa que corrija esta nueva injusticia”. Lamentablemente, este proceso no se concretó en un cambio normativo, aunque se trabajó intensamente en ello desde Presidencia.
La falta de evidencias de abuso en la asignación de publicidad oficial por parte del gobierno nacional es una muy buena noticia, pero en el interior hay todavía intendencias que utilizan este recurso de manera ilegítima (véase nota de Sudestada sobre el caso de Salto, que no permite ver sus gastos de publicidad).
La voluntad política expresada por los gobiernos frenteamplistas, que será sin duda ratificada por Tabaré Vázquez en su segundo mandato, debe ser consolidada con la aprobación de una ley que regule los procedimientos y criterios de otorgamiento de la publicidad estatal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han sido claras al respecto: “Resulta necesario que los Estados miembros cuenten con marcos normativos que establezcan criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial de conformidad con los estándares interamericanos vigentes en materia de libertad de expresión” (Informe Anual 2013).
Se cumple una nueva conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y es un buen momento para reinstalar el tema en el Parlamento y transformar una práctica política ejercida voluntariamente por los gobiernos frenteamplistas, en una obligación republicana para cualquier gobierno, sea nacional o departamental.
Las condiciones políticas son óptimas. Todos los partidos políticos han incluido este tema en sus discursos de campaña, e incluso el FA en su Programa 2015-2020 incluyó el compromiso expreso de “aprobar una legislación que regule la asignación de publicidad oficial para que haya una distribución más justa a todos los medios del país, de modo transparente y bajo criterios compatibles con la libertad de expresión y la promoción del pluralismo y la diversidad”. Además, las organizaciones de la sociedad civil y varias gremiales de empresarios -en particular, las que reúnen a medios radiales y escritos del interior- esperan con gran expectativa que este asunto ingrese en la agenda pública.
El objetivo no es otro que lograr un uso más justo, eficiente y transparente de nuestros dineros públicos y garantizar que nunca más sean utilizados como mecanismos indirectos de censura.