El monte nativo -también llamado monte indígena- representa aproximadamente 800.000 hectáreas del territorio uruguayo, compuesto principalmente por “rebrotes” o renovales, que son reproducciones de brotes de árboles nativos que han sido talados. Si bien su estado de conservación -salvo en algunos casos frente a las ciudades y otros lugares puntuales- es muy bueno, desde la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) convocaron ayer a conferencia de prensa para anunciar un aumento de las fiscalizaciones, en particular en la cuenca del río Santa Lucía. Advirtiendo, sin embargo, que “no es una alarma, sino simplemente un aviso”, según el titular de la dirección, Pedro Soust.
Las principales amenazas al bosque nativo son la invasión de otras especies no autóctonas que inutilizan el campo, y la tala de árboles ilícita. A pesar de que la primera ley forestal data de 1968, la protección de los bosques se remonta a los años 90, con acotados recursos. Según Soust, la diferencia la hizo la ley presupuestal del quinquenio pasado, que dio “un empuje muy grande” a la Dirección Forestal a “empezar a ser más severos con las multas”, que pasaron de costar 400 dólares por operativa -sin tener en cuenta la superficie involucrada- a una cifra de 12.400 dólares por hectárea, “frenando así una serie de intervenciones que se estaban haciendo”, afirmó Soust en referencia al hecho de sustituir bosques por plantaciones agropecuarias.
Este aumento de la pena económica hace que “el productor piense tres veces antes de talar o comprar hectáreas ‘al costado’”. “Hemos detenido aviones fumigando y matando árboles nativos”, afirmó el director forestal, quien sostuvo que por estas “talas indiscriminadas” se recaudaron 788.000 dólares de multas entre 2010 y 2014, y “hay otros 200.000 que todavía se están procesando”. Además de las multas, se confisca el medio de transporte y la maquinaria involucrada, y como corrección al daño, los infractores están obligados a reponer los árboles que fueron talados. “Ha sido una lucha bastante importante, pero está dando sus resultados”, evaluó.
Particularmente en la cuenca del Santa Lucía, a la que “se le está tratando de poner el foco, sin descuidar el resto del país”, Soust afirmó que se están “incentivando las acciones”, aumentando las inspecciones técnicas en el terreno mediante imágenes satelitales a tiempo real, en coordinación con el Ministerio del Interior y las intendencias correspondientes. La técnica consiste en “un estudio aerofotográfico que recorre el río para ver dónde hubo alguna intervención”. En la misma línea se están organizando, en conjunto con el Ministerio de Defensa, vuelos periódicos para “empezar a controlar el área”.
En la cuenca del Santa Lucía el bosque nativo actúa como una barrera física de 100 metros que protege el curso del agua, porque en esa franja está prohibido hacer plantaciones así como fertilización. “Para nosotros es un compromiso velar por la conservación, preservación y mejoramiento de todos los tipos de bosques: naturales y plantados”, afirmó el director forestal, por lo que “estamos tratando de tejer una malla a efectos de solucionar los problemas que pueden existir”, pero “no tenemos realmente certeza de que sean importantes; al revés, creemos que no son significativos en los márgenes del río Santa Lucía y sus afluentes”. A futuro, la dirección se plantea “incrementar los controles, las recorridas, y la integración de la red interinstitucional para la detección de infracciones”, afirmó su titular.