La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados recibió ayer a una delegación de trabajadoras del call center de Vabiloy SA, que vende en exclusividad servicios de acompañantes para la empresa Vida. Las trabajadoras, acompañadas por dirigentes de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), denunciaron el despido de dos delegadas sindicales y el cierre de la unidad de Santa Lucía, en Canelones, como represalia por haberse organizado para reclamar contra el desconocimiento de la normativa laboral por parte de la empresa y contra el abuso y acoso moral y sexual por parte de un encargado de turno de dicha unidad. La trabajadoras estuvieron nueve días acampando frente el local, con el fin de salvaguardar sus pertenencias que habían quedado adentro y los cuadernos donde anotaban las comisiones que debían cobrar.
El referente nacional del sector Call Center de FUECYS, Robin Sosa, dijo en la comisión que Vida y Vabiloy pertenecen al mismo propietario, que “ya tiene un historial de represión antisindical”. Sosa denunció también que el lunes se enteraron del despido de una trabajadora de la unidad de Pando “por el solo hecho de tomarse una fotografía con compañeras que estuvieron en la organización sindical”.
Sara Bassini, una de las denunciantes, manifestó que fueron “castigadas” por querer organizarse para tratar de cambiar una situación “de acoso, de violencia psicológica y física”. “Las compañeras se iban todos los días llorando, porque las levantaban a prepo de una silla, porque les tiraban del pelo o porque les decían los peores insultos que se le puede decir a una persona. Nos importa dejar en claro la falta de respeto existente, incluso que se nos quisiera manosear o se nos dijeran cosas sobre nuestro cuerpo”, contó.
El secretario de Derechos Humanos de FUECYS, Raúl Ferrando, dijo que los encargados de los distintos call centers “tienen la misma política: el golpe en la silla, sobre el escritorio y el abuso”. “Hay detalles en las denuncias realizadas ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social [IGTSS] que son de situaciones de esclavitud. Por ejemplo, la encargada del local de Pando, al encontrar un papel con sangre en el baño, hizo pasar una a una a las compañeras y les exigió que se bajaran el pantalón, para ver cuál era la que estaba menstruando, así limpiaba el baño”, añadió.
El titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Juan Castillo, en audiencia con la empresa le solicitó que tomara las medidas necesarias para reintegrar al personal de la unidad de Santa Lucía. Sin embargo, el 25 de mayo, la empresa ratificó la decisión de cerrar y comunicó que el personal había cobrado las indemnizaciones por despido.
Ferrando dijo a la diaria que se van a iniciar las “acciones judiciales pertinentes”, porque los despidos “no fueron bien liquidados” y “hay un despido abusivo porque hubo persecución sindical, y ante la organización de las trabajadoras, la empresa responde cerrando”. La Comisión de Legislación del Trabajo convocó a la empresa, que no se presentó y respondió que el tema ya estaba “cerrado”.