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Asamblea de funcionarios del hospital Vilardebó. Foto: Pablo Nogueira (archivo, agosto de 2013)

Tras fugas de pacientes judiciales del Vilardebó, ASSE reconoce que capacidad está al límite y refuerza guardia con servicio policial

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El miércoles se fugaron dos pacientes del hospital Vilardebó; estaban en la sala 11, destinada a usuarios derivados por el Poder Judicial. Uno de ellos volvió al hospital por su voluntad y el otro fue capturado el viernes por la Policía luego de que hiriera a un chofer de ómnibus. El juez volvió a ordenar su internación en el Vilardebó y los funcionarios rechazaron esa decisión, alegando que no estaban dadas las condiciones de seguridad. “Los enfermeros decidieron retirarse de la emergencia, que es una medida natural que aplicamos cuando estamos en desacuerdo con el protocolo”, explicó a la diaria Silvia Machado, secretaria nacional de Montevideo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Pero el juez reiteró el pedido. El viernes de noche los funcionarios del turno vespertino realizaron una asamblea y volvieron a plantear la necesidad de redistribuir al personal -auxiliares de enfermería y vigilantes-, puesto que en la sala 11 debería haber tres pacientes por turno, ya que hay turnos en los que hay un solo funcionario, añadió Machado.

Parte del equipo de gestión y adjuntos al directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrieron al hospital en la madrugada del viernes. Un comunicado emitido el sábado por ASSE resumió que debido a las características “de alto riesgo” de los pacientes judiciales que ingresaron y reingresaron el viernes de noche y “dado que la capacidad del hospital se encuentra al límite, estos ingresos suponían por sí mismos, la necesidad de extremar las medidas de seguridad para el correcto desarrollo de la atención sanitaria por parte del personal del hospital”. Por eso se instaló una guardia policial en la sala 11 que permanecerá hasta mañana, coincidentemente con el régimen de guardia que el hospital mantiene durante este fin de semana largo.

El comunicado del organismo consigna que la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, recorrió el viernes de mañana el hospital y en reunión con la dirección “surgió la necesidad de priorizar la elaboración de un cronograma para la ejecución de las obras pertinentes. Como tarea inmediata, se plantearon las obras en la zona de asistencia directa a pacientes judiciales, reforzando las medidas de seguridad vinculadas a la infraestructura”. Mañana el equipo de gestión del Vilardebó y el programa de Salud Mental de ASSE y las gerencias del organismo comenzarán un proceso de coordinación para adoptar las medidas que correspondan, informaron fuentes de ASSE a la diaria.

Los funcionarios están trabajando con guardia gremial y en equipo hacen las recorridas por cada una de las salas. Mañana a las 17.00 harán una asamblea general, que según Machado será resolutiva.

Hacia el hospital penitenciario

“La postura de nuestro gremio es no atender más presos; estamos trabajando bajo presión, los mandan tanto al Hospital Vilardebó como a cualquier otro hospital”, reclamó Machado. Reiteró que la FFSP presentó la petición de construir un hospital penitenciario que atienda no sólo a los pacientes judiciales sino también a las personas privadas de libertad que tienen que ser hospitalizadas y hoy están en salas generales esposadas o engrilladas.

La construcción de un hospital penitenciario excede el accionar de ASSE. Los ministerios de Salud Pública (MSP) y del Interior (MI) han tenido conversaciones al respecto. la diaria intentó sin éxito consultar a autoridades del MSP. En diálogo con este medio, Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, confirmó que crear un hospital penitenciario “es un planeamiento que se está hablando entre el MSP y el MI”, y que la idea es que atienda a todos los reclusos y cuente con una sala para pacientes con patologías psiquiátricas. Ratificó que su concreción “es un anhelo del sistema penitenciario”.

También lo es para la Justicia. “Es una verdadera necesidad” opinó Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, en diálogo con la diaria. Recordó que Uruguay tuvo un hospital penitenciario hasta que se cerró la cárcel de Punta Carreras, en 1986, y sostuvo que “funcionaba muy bien para todo el sistema de prisiones”. Mendoza también recordó ese centro, pero lo calificó de “chico” comparado con el tamaño actual de la población penitenciaria.

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