Los acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) o, más recientemente, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), plantean importantes retos de cara a la construcción y a la consolidación de sistemas educativos públicos, especialmente en los países del sur.
Estos acuerdos, una vez firmados, obligan a los gobiernos a garantizar a los proveedores de servicios transnacionales el acceso a sus mercados nacionales por tiempo indefinido, limitando la capacidad de regulación estatal. En el caso de la educación, dichos riesgos se multiplican por el papel estratégico que ésta desempeña en la promoción de la equidad social y la distribución de oportunidades, así como por su condición de derecho humano fundamental.
Los defensores del libre comercio consideran que la liberalización del sector educativo permitirá diversificar la oferta educativa y fomentar la competencia entre proveedores -lo cual, consideran, es sinónimo de la promoción de una oferta de calidad-. Ahora bien, la comunidad educativa es más bien escéptica respecto a esta tesis. La intromisión de los acuerdos comerciales en el campo educativo genera serias preocupaciones.
En primer lugar, respecto a la capacidad de regular de los estados. Los compromisos de liberalización adquiridos en el marco de acuerdos comerciales limitan la capacidad de los gobiernos a la hora de introducir nuevas regulaciones en el ámbito educativo, ya que éstas pueden ser consideradas “barreras comerciales” innecesarias. Nos referimos a temas clave en la regulación de todo sistema educativo, como pueden ser los requisitos de calificación del profesorado, o procesos de certificación de nuevos proveedores. Los acuerdos comerciales también pueden impedir que los gobiernos establezcan límites a las operaciones de los proveedores con fines de lucro, o al porcentaje de beneficios que éstos pueden repatriar en concepto de regalías.
Además, el control de la calidad. En ese sentido, desde el punto de vista del libre comercio, determinadas normas y procedimientos para la evaluación y acreditación de la calidad pueden ser percibidos como barreras comerciales. Además, la teoría de que a más proveedores, más competencia y, por ende, mejor calidad de los servicios no tiende a funcionar en el campo educativo, y menos aun en entornos con regulaciones débiles. De hecho, es habitual que los proveedores educativos con fines de lucro (sean transnacionales o locales) ofrezcan peores condiciones laborales a los docentes, tengan educadores con un nivel de calificación más bajo, o cuenten con infraestructuras más deficitarias en lo que respecta a laboratorios, acceso a bibliotecas, etcétera. Por ejemplo, en la Universidad Europea de Madrid (que pertenece a la empresa International Laureate) sólo 17,6% de los profesores tiene el título de doctor, mientras que la media en las universidades públicas españolas es 70%.
También afecta a la perspectiva del desarrollo. La apertura del sector educativo al comercio internacional puede dificultar la emergencia de una oferta local propia y adecuada en los países del sur. En palabras del profesor Philip Altbach, del Boston College, en un contexto de apertura comercial “los países en desarrollo estarán en desventaja considerable. Las instituciones académicas locales tendrán dificultades para competir con los proveedores internacionales que optan por crear instituciones en su país”.
En su momento, el AGCS de la Organización Mundial del Comercio (OMC) encontró mucha oposición en la comunidad educativa internacional y, como consecuencia de ello, muchos países se comprometieron a no ofrecer ni demandar la apertura comercial del sector educativo. No obstante, los países más interesados en la comercialización de servicios (incluyendo los servicios educativos) se han propuesto continuar avanzando en su liberalización mediante un nuevo acuerdo comercial con menor alcance territorial, el TISA.
Por los motivos expuestos brevemente en este artículo, los países deberían excluir la educación de las negociaciones del TISA. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), en el comunicado que emitió al término del Congreso Mundial de la Educación Superior en 2009, recomendó a los países miembros que no adquirieran compromisos de liberalización en el marco de la OMC. Ahora bien, más allá de esas medidas reactivas, cabe decir que la mejor vacuna contra los efectos de los acuerdos de libre comercio reside en la construcción de sistemas educativos públicos y de calidad. Es más que probable que los proveedores transnacionales con fines de lucro no encuentren muchas oportunidades de negocio en los países donde la oferta pública es suficiente, diversa y de excelencia.
Finalmente, oponerse al TISA (como al AGCS en su momento) no debe confundirse con oponerse a la internacionalización de la educación. Más bien al contrario. Los intercambios con fines no comerciales entre profesores y estudiantes de diferentes países, así como los consorcios internacionales para la creación de programas de estudio o de proyectos de investigación, no hacen más que reforzar el intercambio de ideas y la calidad de los sistemas educativos. Por lo tanto, la cooperación internacional es otro de los instrumentos de los que dispone la comunidad educativa para oponerse a las dinámicas de transnacionalización del sector que se plantean desde una lógica meramente comercial o lucrativa.