Una niña de 11 años quedó embarazada producto del abuso sexual ejercido por un hombre de 41 años con el que vivía desde hacía un año. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) recibió una denuncia anónima por este caso y decidió una medida de amparo para la niña. El Juzgado Penal de 1º Turno dispuso una orden de alejamiento del adulto, que luego fue procesado con privación de libertad por no cumplir con la medida cautelar. La Justicia también ordenó los estudios médicos de rigor que, además de probar la violación, constataron el embarazo de tres meses de la pequeña, que permanece internada desde el 29 de marzo en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR).
La madre de la niña manifestó el 16 de abril ante el Juzgado Letrado Especializado de Familia de 5º Turno de Montevideo -que también sigue el caso- que está de acuerdo con interrumpir el embarazo de su hija por entender que María (nombre ficticio con el que nos referiremos a la niña a lo largo de esta nota) “no está en condiciones de llevar adelante el mismo y no está en condiciones a su vez de hacerse cargo del cuidado y atención de su hija, entendiendo necesaria la internación de la menor en INAU para que se le brinde el abordaje y contención pertinente”.
Desde el equipo de la ONG El Farol, que forma parte del Proyecto Calle (INAU), que trabaja con esta familia desde hace tres años, se pusieron en contacto con el equipo médico del CHPR, ya que la madre estaba preocupada porque los plazos para la interrupción del embarazo corrían y no había avances al respecto.
Un equipo de psiquiatría infantil del hospital trabajaba con María desde principios de abril sobre “el futuro del embarazo”, señaló una fuente del INAU. “La posición de la niña ha sido sostenida sin dudas: desea ser madre”, indicaron los especialistas.
Por este motivo, le suspendieron la medicación psiquiátrica que estaba tomando antes del ingreso.
La resolución del Tribunal de Familia recuerda que tanto los informes médicos remitidos por el hospital Pereira Rossell como la evaluación hecha por el equipo de Calle señalan que María “no tiene capacidad para entender las consecuencias del embarazo, la maternidad y la relación con un hombre que triplica su edad, además de ser ella portadora de un evidente retardo al menos leve”, aunque manifestaba que quería tener a su hijo y casarse con el hombre que había abusado de ella.
Asimismo, destaca que se acordó con el Ministerio Público y con las defensas que la situación “no encuadra dentro del art. 7 de la Ley 18.987 [de Interrupción Voluntaria del Embarazo] que refiere a la hipótesis de que una adolescente consiente interrumpir su embarazo”.
Por ello, la jueza Raquel Gini resolvió que no le corresponde decidir la progresión o interrupción del embarazo, sino que los médicos tratantes deben “adoptar la decisión pertinente en concurrencia con la madre de la niña en atención de la edad”, llegar a “un acuerdo a nivel médico con la niña y su madre”.
A la vez, dispone que, una vez dada de alta, sea derivada a un hogar de amparo del INAU “adecuado a su patología y [que] se le brinde asistencia psicológica y psiquiátrica”.
¿Interés superior?
Notificados de la decisión judicial, desde el equipo de psiquiatría del Pereira Rossell le comunicaron el viernes 17 de abril a la asistente social que sigue el caso que la resolución judicial “determinaba que sin el consentimiento de la niña no se podía llevar adelante la interrupción del embarazo”, que María estaba “descompensada” y habían vuelto a medicarla.
“Con esta información, consultamos si no era posible intentar un pedido de audiencia al juez, a fin de explicarle personalmente la situación e intentar que habilitara la interrupción del embarazo. La psiquiatra me dijo que trasladaría esta inquietud al equipo y allí se decidiría”, expresó a la diaria la técnica, que prefirió mantenerse en el anonimato.
El lunes 20 la madre de la niña le mostró la resolución a la asistente social y notaron que la decisión sobre continuar o no el embarazo debía tomarse junto con el equipo médico, pero ese mismo día le habían comunicado a la mujer que los médicos habían decidido que la niña siguiera adelante con el embarazo. “Ya le dieron el carné de control de embarazo”, comentó la madre de María.
El 21, ante la insistencia del equipo de Calle, desde el CHPR le comunicaron que “el plazo para la interrupción del embarazo había caducado”. Ese mismo día, María fue dada de alta, aunque hasta ayer continuaba internada, confirmó la doctora Mónica Silva, directora de la División Salud del INAU, en diálogo con la diaria.
Mientras que la familia buscó asesoramiento en la ONG Mujer y Salud de Uruguay (MYSU) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para viabilizar la interrupción del embarazo, el equipo del CHPR evaluó que, si bien la situación implica riesgo, “no existen motivos de orden ginecobstétricos” que ameriten un aborto.
“Si bien [María] tiene historia de trastorno de conducta y funcionamiento intelectual descendido, estos trastornos no ameritan que sea declarada incapaz”, agrega un informe que sintetiza la reunión que mantuvieron el 29 de abril los equipos que participaron en la atención de la niña -entre los que estuvieron la coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti; especialistas de la cátedra de Psiquiatría Infantil de la Facultad de Medicina (Udelar); integrantes de la División de Salud, de Jurídica y de los proyectos Calle y Tribal del INAU; y médicos del Pereira Rossell-, que acordaron cómo y por qué seguir adelante con su embarazo.
“Se discutió muchísimo porque no es una situación fácil”, confió Silva, pero añadió que en casos en los que “no existe riesgo de vida para la niña ni para el bebé no podemos obligarla a que aborte”.
La Justicia remite al “interés superior del niño” y los equipos antes nombrados y sostiene que “desde la perspectiva de derechos no puede obligarse a [María]”. Por ello centrarán el seguimiento del caso desde la base de la “autonomía progresiva”, para permitir que María decida sobre la continuidad del embarazo. “Se acuerda que es capaz de comprender lo que le sucede y sus consecuencias tanto como la mayoría de las adolescentes que se enfrentan a un embarazo, por lo cual no se debe violentar esta decisión”, indica el informe.
“No es la primera situación de este tipo que abordamos, y siempre se decide así”, explicó Silva. Aunque puede haber “excepciones”, la directora de la División Salud del INAU detalló que en los últimos tres años han tratado tres situaciones en las que “niñas de 11 y 12 años sufrieron abuso y explotación sexual y culminaron en un embarazo” porque se les respetó su decisión.
“Si no hay riesgo de vida, no es difícil seguir adelante con el embarazo; lo difícil es cómo llevarán luego a su hijo en la vida”, expresó Silva.
En el caso de María, la propia coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Ana Visconti, ratificó en la reunión que “la talla y el peso de la niña no son menores que los de otro embarazo adolescente”, por lo que “tampoco serían causal de interrupción de embarazo”.
“Trabajamos desde la autonomía progresiva, porque la niña quiere tener al bebé, sabe que está embarazada y, aunque tiene un leve retardo, no es incapaz”, sostuvo Silva.
Aunque ya tiene el alta, la niña ha hecho dos intentos de fuga y se descompensó a lo largo del mes, por lo que cursa un embarazo con medicación psiquiátrica y, una vez que se estabilice, el INAU buscará un hogar de amparo “donde ella se sostenga sin medicación”, afirmó la funcionaria. “Sería ideal que no tuviera medicación, que hubiera un equipo psicológico y psiquiátrico sólido que pudiera trabajar con ella cómo llevará adelante su proyecto de familia; incluso, lo mejor sería que pudiéramos lograr que tenga una 'familia de acogida' que recibiera a la niña con su bebé, pero no creo que lo podamos conseguir, porque no se encuentran familias que quieran afrontar este desafío”. El equipo trabajará para que María “pueda tomar la decisión de dar en adopción”, así como pensar “qué pasa si el hombre que está preso reclama su paternidad” o si “ella se quiere casar”, ya que mañana cumple 12 años.
Consultada sobre la interacción que el equipo médico pudo haber mantenido con la madre de la niña, Silva señaló que la mujer “sólo mantuvo una reunión con la psiquiatra” y no fue posible coordinar otros encuentros.
“Nunca iban a visitarla [con excepción de uno de los seis hermanos que tiene]”, sostuvo Silva. En el entorno de María afirman: “Los padres sólo hablaron una vez con la psiquiatra, la única vez que los citaron”.
“Aunque la madre quisiera, personalmente me parece inhumano obligar a la niña a abortar”, dijo Silva. “¿Aunque se trate de un embarazo producto de una violación?”, preguntó la diaria. “Que haya una violación no me habilita a obligarla a abortar. Si bien esto puede parecer una protección de derechos, va en contra de la voluntad de la chiquilina de no abortar”, respondió Silva. “Que acá hubo una situación de abuso, yo no tengo duda. Que el señor tiene que ir preso, no tengo duda; pero a mí eso no me puede habilitar a obligarla a abortar. Si se hubiera trabajado antes... Al INAU le llegó este caso en la semana 14 [de embarazo], con plazos muy cortos como para que el equipo de salud mental trabajara con la nena”.
Consultada sobre qué injerencia tiene la patria potestad en este caso, Silva cuestionó a la madre: “¿Puede decidir una madre que dejó que su hija de diez años se fuera a vivir con un hombre de 40? Yo creo que no”.
Finalmente, la directora de Salud del INAU reconoció que se trata de “una situación compleja, en la que se juntan muchas cosas: el abuso y explotación sexual de una niña, la extrema vulnerabilidad de su familia, que estuvo en situación de calle, la idealización de la niña” respecto de la relación con su abusador, pero insistió en que obligarla a abortar sería diatrogenia [los daños causados en la población por una mala política de salud] pura”. No obstante, consideró que es necesario crear un “mapa de ruta de intervención” para este tipo de situaciones y que “es bueno dar a conocer este caso para abrir el debate en torno al embarazo adolescente y al sentido que tiene para ellas quedar embarazadas, siendo que a esta altura se sabe que existen los anticonceptivos”.
Por ello, apuntó a la necesidad de fomentar en las y los adolescentes “la accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva, para su empoderamiento”.
¿O interés supremo?
“Acá un equipo médico no puede ser dios. En este caso, cada uno de los que intervienen debe ser consultado. ¿Después quién se hace cargo de esta decisión? ¿Los profesionales de la salud se quedan tranquilos y piensan que cumplieron con su función si la niña y el bebé no se mueren en el parto?”, cuestionó Lilián Abracinskas, directora de MYSU, quien asesoró al equipo de El Farol que acompañó a la madre en la decisión de que la niña debía abortar.
“No es verdad que la voz de las mujeres, aun siendo adultas, sea considerada válida en sí misma, y por eso hasta hoy deben pasar por jurisprudenciar su decisión de interrumpir un embarazo. Pero ahora resulta que la voz de una niña que vive en la más absoluta miseria es sagrada, porque dice que quiere ser mamá. ¿Alguien se acercó a decirle que su situación puede ser diferente, que su situación es de riesgo y que pueden morir ella y su bebé? Si esta chiquita se muere, ¿qué hacemos? Si tiene el bebé, ¿quién se va a hacer cargo de ese niño? Acá se actuó con criterios médicos, cuando el abordaje es el de una niña de 11 años que vive en múltiples vulnerabilidades”, agregó Abracinskas.
“Pareciera que acá no importa que estamos hablando de una niña de 11 años, que fue violada y que va a llevar adelante un embarazo porque dice que está 'enamorada' de un señor que sin dudas la sedujo y abusó de ella”, agregó.
La activista feminista consideró que “acá queda en evidencia que siempre queda perjudicada la gente más pobre” y que estos casos ocurren porque “no hay protocolo que en situaciones como éstas permitan decir que se actuó con justicia”, en referencia a reglas que garanticen el acceso a derechos y que eviten abusos institucionales.
“El caso nos vuelve a replantear que, a pesar de la ley IVE, ¿el equipo está interviniendo en relación con evidencia o a partir de qué? ¿Una chiquita de 11 años está en condiciones de ser madre? Me importan nada su talla y su peso; me importan su edad y sus condiciones de vulnerabilidad. Me pregunto si hacerla tener un hijo producto de una violación es proteger su salud”, concluyó Abracinskas.