Cuando sonaban las últimas notas de Pequeña serenata nocturna, de Mozart, interpretada por la Orquesta Juvenil de Montevideo, la IV Asamblea Nacional de Derechos Humanos promovida por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) llegaba a su fin.
El eje central de este encuentro fue la igualdad de trato y no discriminación, analizado en el abordaje de cinco temas: acceso a la Justicia; salud y salud mental; personas en situación de encierro o privadas de libertad; medioambiente y educación.
Más de 100 personas integrantes de colectivos y organizaciones sociales se dividieron en cinco equipos de trabajo que discutieron y acordaron en subgrupos qué era imprescindible abordar respecto de cada tema, qué acciones llevar a cabo y qué papel jugaría la INDDHH en este sentido. Cuatro horas de debate después, las conclusiones se expusieron en una plenaria de cierre.
En el primer tema se remarcó la “desigualdad en el acceso a la Justicia” como principal problema a resolver, destacándose la necesidad de adecuar la normativa vigente a la perspectiva de derechos humanos, brindar más acceso a la información judicial, y democratizar la Justicia, reconociendo que todas las personas somos sujetos de derecho, creando la figura del querellante y pudiendo participar en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. “Nuestro sistema de Justicia es ciego y sordo a las percepciones de los sujetos colectivos”, concluyeron.
Luego se planteó garantizar el acceso universal a la educación, tanto en alcance geográfico como en la accesibilidad edilicia, que asegure una educación “inclusiva y de calidad”, con formación “en la dimensión ética de los derechos humanos” para todos los niveles y contenidos de la currícula. Se habló de contrarrestar los problemas de xenofobia y racismo en las aulas brindando “clases amenas para todas las personas” y garantizando el acceso “para todos y en todo momento” a espacios culturales abiertos.
Propusieron crear grupos de investigación que tengan referentes en todo el país para poder seguir posibles denuncias por discriminación, coordinar resoluciones y dar un marco de “exigibilidad” para que se cumplan los derechos. En este planteo, consideraron que la INDDHH debería “motivar” un plan nacional de derechos humanos, realizar una relatoría sobre el estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y recomendar a las instituciones competentes la participación de la sociedad civil en la elaboración de un plan nacional de Educación en Derechos Humanos.
Cuentas claras
Durante 2014, la INDDHH realizó 449 intervenciones, de las cuales 176 fueron denuncias y 273 asesoramientos. De acuerdo a lo que establece la Ley N° 18.446, la INDDHH puede conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos a petición de parte o de oficio. El año pasado, 98% de las actuaciones fueron iniciadas a instancia de parte. La mayoría de las denuncias se concentran en la capital: 74,4% para los casos de denuncias y 68,5% en los casos de asesoramientos. Una leve tendencia indica mayor presencia de mujeres como denunciantes y solicitando asesoramiento. No ocurre lo mismo con las personas trans, que representan un porcentaje muy pequeño, indica la rendición de cuentas de la INDDHH. Sobre el total de los trámites iniciados por denuncias, 51,7% fueron resueltos y 48,3 están en trámite.
Contra la discriminación
El grupo que abordó la privación de libertad reunió integrantes del Comisionado Parlamentario, ONG que trabajan con niños, niñas y adolescentes de Montevideo, Cerro Largo, Río Negro y Paysandú, educadoras del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Patronato de Liberados, Junta Nacional de Drogas, usuarios de Salud Mental y abogadas penales. En conjunto sugirieron profundizar las acciones de monitoreo y vigilancia de la INDDHH por medio de su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y promover tanto las medidas alternativas a la privación de libertad para adultos y adolescentes como la desinstitucionalización infantil. A la vez, señalaron la discriminación que existe en el acceso a la salud, las oportunidades laborales y la educación en cárceles y centros del Sirpa. Para revertir este panorama, consideraron que se necesita mayor participación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en este tipo de actividades con organizaciones sociales, y exhortaron a potenciar el papel de la institución como “gran nucleador” entre la sociedad civil y los organismos estatales.
Por último, hicieron un “llamado a la concientización” dirigido a los medios de comunicación que, mediante sus mensajes y noticias, son “promotores de la violencia” y “estigmatizan” a personas privadas de libertad.
Desde el grupo de medioambiente solicitaron a la INDDHH que se expida sobre un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte sobre el potencial riesgo cancerígeno del glifosato y realice informes técnicos sobre el derecho al agua y el uso de agrotóxicos en Uruguay.
El grupo de salud se focalizó en la reactivación del debate sobre el proyecto de ley de salud mental. En la redacción esperan que se contemple la relación médico-usuario, que se trabaje por fuera de las lógicas manicomiales y se contemple la inserción psicosocial de los pacientes, entendiendo por esto el derecho a vivienda, educación, trabajo y una atención médica integral y humana. También que se brinde capacitación en salud mental a “todos los actores políticos y públicos” y haya un “abordaje comunitario del problema”.
En el cierre, Mirtha Guianze, que preside la INDDHH hasta el 23 de junio -puesto que pasará a ser ocupado por Juan Faroppa-, remarcó la intención de mantener reuniones periódicas con organizaciones sociales, informó que firmarán convenios con la Universidad de la República para mejorar las intervenciones en lo referente a desinstitucionalización y desmanicomialización, y lamentó que el Estado “todavía está renuente a participar” en las asambleas. “Queremos que en la próxima esté presente”, manifestó.
Más prevención
Durante 2014 el MNP se destacó por sus 52 visitas a 22 centros de privación de libertad que están bajo la órbita del Sirpa, de las que emitió 27 informes y 131 recomendaciones.
En setiembre del año pasado el MNP comenzó a realizar visitas de monitoreo en 44 de los 182 centros que dependen del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
A comienzos de julio emitirán un informe con el estado de situación de estos centros que conforman el sistema de protección de tiempo completo, en el que se analizan las condiciones de vida y cuidados cotidianos de la niñez; el trabajo con las familias de origen y el vínculo o separación de los hermanos; qué ocurre con los traslados y las salidas no autorizadas; para arribar a un diagnóstico, estrategias y proyectos de egreso.
Además, habrá informes específicos con recomendaciones a centros para su seguimiento.
El MNP también comenzó a monitorear la situación en las cárceles y en 2016 se extenderá este trabajo a hospitales y colonias psiquiátricas, más allá de algunos recorridos puntuales que efectuaron tras la muerte de un paciente de la Colonia Etchepare en marzo pasado. Más adelante tienen planificado recorrer residenciales de adultos mayores.