La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados recibió ayer a una delegación del Sindicato de Trabajadores de Prosegur (Sitpro) que informó sobre irregularidades en las condiciones laborales, en particular, en el transporte de valores. El Sitpro denunció en marzo a la multinacional ante el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), que depende del Ministerio del Interior (MI), por la ausencia de “armeros”, el estado de los chalecos antibalas y camiones blindados, la falta de mantenimiento de las armas y de capacitación periódica, así como la carencia “de carné habilitante que expide la Renaemse para el desempeño de la función” de custodia de valores.
Esta denuncia generó que el organismo ordenara una inspección a Prosegur de peritos de la Policía, que además de comprobar la mayoría de las denuncias del sindicato, constataron 22 armas calibre 38 y 9 milímetros “no declaradas” y chalecos antibalas “vencidos” que fueron “incautados”. Según consta en el informe presentado al director de la Renaemse, comisario inspector Guillermo Expócito, se comunicó del procedimiento al juez penal de 19º Turno Gabriel Ohanián, quien dispuso que la Policía Técnica “haga un estudio” sobre el material incautado y eleve “antecedentes en sobre cerrado”.
Los peritos también constataron que Prosegur Transportadora de Caudales Sociedad Anónima, una de las cinco empresas del grupo en Uruguay, tiene vencido el seguro de responsabilidad civil desde el 13 de mayo de 2013, y que 12 funcionarios “se encuentran con el curso y el test psicológico vencido”.
Fuentes del MI indicaron que es “de procedimiento” enterar a la Justicia sobre este tipo de inspecciones en las que participa personal policial y en las que se analizan armas y chalecos antibalas. Según pudo saber la diaria, el 11 de junio deberán comparecer ante la Justicia el gerente general de Prosegur y el asesor en seguridad de la empresa, el coronel retirado José Díaz.
A partir de lo denunciado ayer en el Parlamento por el Sitpro, los diputados de la comisión resolvieron “trasladar” el acta de la sesión a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, “convocar a la empresa para que dé respuestas acerca de los incumplimientos” e “integrar el tema” en la agenda de reuniones bimestrales que la comisión mantiene con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, según explicó el diputado Óscar Andrade, que preside ese ámbito legislativo. “Hubo denuncias de todo tipo sobre armas, municiones, chalecos y camiones en mal estado. Hay que tratar de buscar mecanismos de fiscalización más adecuados”, agregó.
Gustavo Risso, delegado del Sitpro, dijo que también van a pedir una reunión con la Unidad Nacional de Seguridad Vial porque los vehículos blindados “no tienen hecho el computest” ni están habilitados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya que Prosegur aduce que “no está catalogada como empresa de transporte de carga”. “Hay camiones que se han quedado sin frenos; camiones a los que se les han roto los ejes porque se les coloca blindaje y aumenta su peso; algunos tienen las troneras trancadas y los parabrisas rasgados”, añadió. El Sitpro también planteó la situación “deplorable” de los “autos de apoyo” de los blindados, que son alquilados por Prosegur a terceros.
Por su parte, José Pintos, también delegado del Sitpro, dijo que la situación de los chalecos vencidos afecta a los tres sectores de la empresa: “Física, que son los guardias de seguridad en locales comerciales o financieros; alarmas, que son aquellos que patrullan y van a un lugar donde suena una alarma; y transporte de valores, que es el personal que traslada dinero en blindados”.
Risso reconoció que a partir de la denuncia, la empresa comenzó a dar señales positivas y cambió algunos chalecos, pero advirtió que también “ha comenzado a tener actitudes con los trabajadores, especialmente con los delegados, haciendo inspecciones por cosas irrisorias y dividiendo a los funcionarios según el sindicato al que pertenecen”. La mayoría de los trabajadores de Prosegur, unos 1.200, están afiliados al Sitpro, mientras que una parte minoritaria pertenece a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que tiene afiliados en otras empresas del rubro.
Con esta denuncia, el Sitpro pretende que se revierta la situación y aumenten los controles a las empresas de seguridad, porque si no, “pagan la multa” que impone la Reanemse y no “tienen mayores consecuencias”, dijo Risso.
La Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase), de la que el Sitpro es filial, ha denunciado situaciones similares en otras empresas del rubro, en el que se desempeñan 40.000 trabajadores. Además, la Unatrase ha advertido sobre las dificultades que existen para la sindicalización, los altos niveles de informalidad de algunas empresas y la fuerte presencia en el rubro de ex militares y policías, resistentes a cualquier actividad de tipo sindical. la diaria intentó comunicarse con la Renaemse, pero no obtuvo respuesta.