La Suprema Corte de Justicia (SCJ) elaboró un plan estratégico para los próximos diez años en el que plantea la necesidad de mejorar el acceso y la calidad de la Justicia en todo Uruguay. Además, el máximo órgano tiene la voluntad política de que el presupuesto quinquenal del organismo “esté absolutamente vinculado con los objetivos y metas del plan estratégico”, según explicó ayer el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique. Junto con el presidente del cuerpo, Jorge Chediak, recibió a la prensa en una instancia que la SCJ planea repetir periódicamente, con “agenda abierta”.
Pérez Manrique recordó que en las reuniones que los ministros mantuvieron con todos los candidatos a la presidencia plantearon que uno de los objetivos inmediatos de la SCJ era mejorar el servicio de Justicia en el interior, “para acercarlo lo más posible al que se presta en Montevideo”, y también se busca el rediseño de la Defensoría Pública. Según agregó, se prevé que en todos los lugares donde haya juzgados letrados también exista un “equipo técnico de apoyo” para mejorar en calidad el acceso a la Justicia. Además, la SCJ busca extender el servicio de mediación a todo el país, debido a que actualmente está restringido a algunas zonas por motivos presupuestales.
Pero todas estas medidas dependerán del presupuesto que el Poder Legislativo termine votando para el Judicial. Si bien los ministros señalaron que tienen la voluntad de impulsar una reforma constitucional para lograr la autonomía presupuestal de la Justicia, también manejan una alternativa que consiste en poder administrar los recursos que el propio organismo genera sin que vayan a parar a Rentas Generales. Ése y otros temas están pendientes de conversación con el presidente Tabaré Vázquez, con quien la SCJ se reunió en marzo y tiene previsto un nuevo encuentro que se viene postergando, en el que abordarán específicamente el próximo presupuesto.
De la mano
La implementación del nuevo Código del Proceso Penal es uno de los grandes temas que dependerán de la asignación presupuestal quinquenal del Poder Judicial. Si bien el Código aprobado por el Parlamento establece que la nueva norma entre en vigencia para todo el país el 1º de enero de 2017, existe la posibilidad de que la SCJ intente modificar ese aspecto, y según explicaron los ministros, se manejan planes “B y C”. Dependiendo del dinero con el que se cuente, se plantea la alternativa de dividir al país en “cuatro o cinco” regiones e ir implementándolo por partes. Una tercera posibilidad es comenzar a implementarlo únicamente en Montevideo y Canelones, por ser los departamentos con mayor población y donde generalmente se producen los delitos más complejos.
Además, los ministros señalaron que se avanzará “en un nuevo modelo de estructura judicial” en el que haya multiplicidad de salas de audiencias que vayan rotando, en lugar de despachos y salas por jueces. En este sentido, agregaron que para los juicios orales y públicos se contará con una sala de prensa especialmente acondicionada en la que se emitirán las audiencias.
Los jerarcas indicaron que actualmente se encuentran determinando los recursos humanos que se necesitan para la implementación, para después costearla. De todas formas, recordaron que desde el 6 de junio la SCJ cuenta con un integrante menos, porque Jorge Ruibal Pino alcanzó el límite de edad para ser ministro, por lo que serán decisiones que termine de tomar la nueva integración.
Consultado por la diaria, Chediak señaló que la SCJ no tiene una evaluación sobre el accionar del Ministerio de Defensa Nacional en las causas de delitos cometidos en la última dictadura y que es una consulta que habría que hacerle “a cada uno de los jueces” que indagan ese tipo de causas. Además, informó que seguramente el cuerpo se pronuncie en setiembre sobre los varios recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fallo que Vázquez espera para reglamentar la norma.