Mariana Mallet en la disertación “Paradigma de la Justicia restaurativa: medidas socioeducativas no privativas de libertad”, ayer, en la Intendencia de Montevideo. Foto: Sandro Pereyra

Educar en la pena

Reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia genera dificultades para aplicar medidas no privativas de libertad, según ex fiscal.

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“No se puede continuar con la respuesta represiva [hacia los adolescentes], como si ellos no fueran parte de la sociedad y como si ésta no fuera la responsable de que terminen agrediendo”, indicó el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, en la apertura de un seminario que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) realizó ayer en la Intendencia capitalina. Sus palabra...
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“No se puede continuar con la respuesta represiva [hacia los adolescentes], como si ellos no fueran parte de la sociedad y como si ésta no fuera la responsable de que terminen agrediendo”, indicó el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, en la apertura de un seminario que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) realizó ayer en la Intendencia capitalina.

Sus palabras marcaron el pulso de la jornada, en la que se analizó la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad establecidas en los artículos 80 a 84 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, destacó la vigilancia asistida y medidas reparatorias hacia la comunidad. “Consideramos que ésta es la mejor vía de recuperación desde el punto de vista terapéutico, social, de contacto con la comunidad y de reinserción social para los jóvenes que han cometido infracciones”.

Frecuencia alterada

“El CNA se viola todos los días”, dijo sin titubear la ex fiscal al responder una consulta del público, proveniente de algunos padres cuyos hijos están privados de libertad. Éstos habían preguntado: “¿Qué derechos tienen los adolescentes durante un interrogatorio en una comisaría?”. “Los malos tratos en las comisarías son muy frecuentes y se realizan con habilidad para que no queden marcas”, agregó Mallet, quien remarcó que debe garantizarse que, al momento de tomar declaración a un menor de edad, estén el juez, el fiscal, el policía y el defensor oficial asignado. Además, consideró que se debe reunir sistemáticamente todas las veces que se registran malos tratos en una seccional, y comunicarlo al Ministerio Público.

Fulco señaló que el número de adolescentes que cumplen medidas alternativas, enmarcadas en los conceptos y principios de la Justicia restaurativa, unos 120, “es inferior al que se pretende”. Por eso, promoverá el aumento de abordajes de este tipo, con el apoyo de equipos interdisciplinarios del Programa de Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad y Mediación (Promesem). Los 12 educadores que lo integran sostienen propuestas de inserción educativa en primaria o secundaria, apoyo pedagógico, salidas didácticas, propuestas preocupacionales en talleres de cerámica, pintura, dibujo, joyería, orientación laboral y cine-foro. Además, entregan informes trimestrales a la Justicia para dar cuenta del diagnóstico del adolescente, su vínculo con el entorno familiar y comunitario, y qué registro tiene de su responsabilidad en la infracción cometida. Refuerzan nociones de respeto, como “sacarse el gorro para estar en los talleres” y cumplir puntos del reglamento, como “llegar en hora” a las actividades pautadas, explicó la educadora Marcela Andrioli ayer en un seminario.

Ser o no ser

En su disertación en el seminario, Mariana Mallet, que hasta hace un año era fiscal y se desempeña como docente grado 5 en Derecho Penal Adolescente, combinó el marco jurídico con su experiencia profesional. La jurista defendió las medidas socioeducativas no privativas de libertad, aunque marcó las contradicciones y los obstáculos que tiene su aplicación en el sistema penal vigente, en el que conviven el CNA (Ley 17.823) y la Ley 19.055, que modificó en 2012 los artículos 72 y 76 de dicho código. Esta reforma establece un régimen especial de privación de libertad por un año como mínimo para infracciones “graves y gravísimas” para personas de entre 15 y 18 años. “Tenemos un Estado esquizofrénico”, espetó Mallet. “Por un lado, sostiene medidas represivas; por otro, da lugar a medidas no privativas [de la libertad]”, dijo. “Tratemos de que la aplicación de la Ley 19.055 no sea tan obligatoria”, sugirió, aunque reconoció que está “bastante sola en esto”. La ley considera gravísimas infracciones penales como “homicidio intencional agravado, lesiones gravísimas, rapiña, secuestro”.

Agregó que “falta diálogo” entre profesionales que abordan desde distintas disciplinas a los adolescentes en conflicto con la ley penal (jueces y fiscales, Promesem y organizaciones de la sociedad civil que suelen acompañar el proyecto de reinserción de los jóvenes).

Si bien la ex fiscal bregó por más medidas socioeducativas en lugar de “la descarnada privación de libertad de los menores de edad”, se preguntó si “es posible educar en sujeción, educar en la pena”, cuando la ley establece “que la educación sea una pena, una sanción”. Consideró que se debe profundizar en la “prevención especial positiva”, enmarcada en las doctrinas “re” (rehabilitación, resocialización y reintegración de los adolescentes), fomentando especialmente la mediación y evitando la continuidad de medidas preventivas “específicas” que “pretenden volver inocuo” al adolescente en proceso infraccional: “Lo internamos, no lo vemos, lo desaparecemos de la sociedad”.

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