En busca de respuestas

Autoridades reconocen que deben mejorar protección y soluciones a las víctimas de violencia de género.

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El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia (Sipiav), entre otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, impulsará la creación de una ley integral contra la violencia de género, y ayer debatió la posibilidad de crear...
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El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia (Sipiav), entre otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, impulsará la creación de una ley integral contra la violencia de género, y ayer debatió la posibilidad de crear normas específicas contra la trata y explotación de personas, así como fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes.

La directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, destacó el “clima propicio” para pensar el contenido del anteproyecto de la ley integral contra la violencia de género, así como el compromiso y la voluntad política del gobierno actual, que debe sumar la interlocución de organizaciones feministas y de mujeres “que cotidianamente nos acercan preocupaciones y propuestas” para resolver esta problemática. En esta discusión, la bancada bicameral femenina es una “aliada estratégica” para que la nueva normativa llegue a buen puerto en el próximo año legislativo; esa intención fue ratificada por la diputada frenteamplista Cecilia Bottino, quien manifestó la necesidad de “crear un marco jurídico fuerte y eficaz que genere conciencia y sensibilidad social”.

Si bien Mazzotti estableció que se debe articular en la posible nueva ley “una mirada de género y generaciones”, sostuvo que es importante “definir la materia y los sujetos” que la ley integral abarcará, porque las mujeres tienen “especificidades” que, si bien se intersectan con las de los niños, niñas y adolescentes, “son diferentes”. Por ello, y basada en las mesas de discusión con especialistas en derecho y género, la jerarca lanzó como interrogante -sin respuesta, por el momento-: “¿No tenemos que pensar en una ley de igualdad?”, en referencia a una ley que construya al sujeto destinatario de la norma como “activo y autónomo”, en lugar de seguir construyendo la figura de una víctima pasiva y plausible de que sus derechos se violen constantemente.

“Hay que mejorar el sistema integral de respuestas a mujeres víctimas de violencia de género para que sea más ágil y flexible, que ofrezca otras estrategias de intervención”, consideró la jerarca. “No puede ser que los jueces no tengan indicaciones claras de cuándo un varón -acusado de agresor- debe salir o no del hogar”, situaciones que derivan en que la mujer agredida deba salir de su propio hogar -muchas veces con sus hijos- para evitar más amenazas y agresiones, señaló. Para cambiar estos aspectos, una ley integral “debería incluir observatorios que efectúen seguimientos para evaluar el cumplimiento de las respuestas por parte de los tres poderes del Estado”, además de contemplar un presupuesto acorde para asegurar las herramientas necesarias y la capacitación permanente del funcionariado, añadió.

Por su parte, la titular del Sipiav, María Elena Mizrahi, indicó que es necesario integrar la normativa internacional que refiere a los derechos de niños, niñas y adolescentes para crear un “estatus de protección” hacia esta población y que las normas que abarcan sus derechos (como la ley de Violencia Doméstica y el Código de la Niñez y Adolescencia) dejen de tener un carácter “segmentado” que propicia la revictimización de las víctimas.

En el marco del debate, la abogada Diana González presentó, junto con su colega Alicia Deus, un estudio comparado de los marcos normativos en materia de género y generaciones. La letrada señaló a la diaria que “más que poner el acento en una ley, lo haría en una transversalizacion de género en normas que estamos discutiendo”, para que el Código Penal y el Código Procesal Penal tengan perspectiva de género. “Necesitamos una ley que proteja a las mujeres, prevenga los actos de violencia contra ellas y penalice las violencias que no están en el ámbito intrafamiliar. Es importante que esto sea contemplado por una ley integral”, añadió González, quien subrayó que “falta debate en el Poder Judicial” respecto de la reforma de un Código Penal “misógino”, suspendida en diciembre de 2014.

La abogada afirmó que del sistema de Justicia “nos preocupa la [falta de] integralidad en la atención de los casos”. En la actualidad, por un lado se atiende lo urgente en la órbita civil, lo otro en la penal. “Es un desquicio”, añadió. “Se está fragmentando el problema, y lo hacés desaparecer”, sostuvo, y ejemplificó: “Evaluás divorcio o evaluás régimen de visitas, sin tener en cuenta si [en ese núcleo familiar] existe una situación de violencia”.

“Si centramos el tema en la víctima, en la reparación y en la justicia restaurativa, es necesario que no hagamos peregrinar a la persona por distintos juzgados, donde seguramente encontrará resoluciones contradictorias. Las víctimas siguen diciendo que no reciben la respuesta adecuada, porque las atienden con distintos criterios. Hay falta de profundización en cómo se investigan los delitos de violencia de género”, opinó. “No es lo mismo investigar una rapiña que un caso de violencia sexual: no sólo a veces no se tiene en cuenta la especificidad, sino que se actúa en perjuicio de los delitos contra las personas. En este país se prueba muy fácil una rapiña, pero no un caso de violencia de género”, en el que cuesta validar la palabra de las víctimas, indicó. Por ello sugirió que “un problema complejo como éste debería ser abordado por un mismo tribunal que tome las medidas de protección, penales y civiles”.

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