“Usted debe saber que la Policía en Uruguay tiene un poder inmenso”, advirtió el oficial a una mujer cuyo marido e hija habían sido detenidos cerca de la terminal Tres Cruces bajo un procedimiento irregular, tras recibir un llamado que consideraba “sospechoso” que el hombre llevara de la mano a la niña “con las cosas que pasan hoy en día”.
El Ministerio del Interior (MI) es el organismo con mayor porcentaje de denuncias en su contra (16,5%) registradas por la INDDHH. Estos datos pueden cruzarse con las denuncias por violaciones a la integridad personal, que representan 20,5% del total. Respecto de esta serie de denuncias que prueban abusos policiales en Montevideo, la INDDHH recomendó al MI aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes y que estos casos” sean utilizados como ejemplos de malas prácticas en los respectivos cursos de formación para Personal Superior y Subalterno de la Policía Nacional”.
Consultado al respecto por la diaria, el 22 de mayo el titular del MI, Eduardo Bonomi, desestimó las afirmaciones del informe en las que se remarcaba la demora o inexistencia de respuestas adecuadas por parte de ese ministerio. El funcionario agregó que no correspondía “señalar un hecho, otro hecho, que podrá ser producto de la acción de un policía. El MI ha reconocido cuestiones del estilo, como es el caso de Santa Catalina, donde salimos a pedir disculpas. Que busques tres o cuatro hechos para señalar problemas de derechos humanos en el ministerio me parece improcedente”, consideró.
En diversos comunicados emitidos durante 2013 y 2014, Ielsur y Serpaj advertían sobre “operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional”, legitimados por la tríada de leyes compuesta por la de Procedimiento Policial, la de Faltas (19.120) y la 19.055, que modifica los artículos 72 y 76 del CNA y establece un régimen especial de privación de libertad “no menor a 12 meses” para adolescentes mayores de 15 años y menores de 18.
Las organizaciones de derechos humanos consultadas sostienen que estas leyes constituyen una “escalada represiva” que lleva a la construcción de un “Estado policial desbocado” en el que se maneja una “política de amortiguación”. Ésta supone, por un lado, la aprobación de políticas de inclusión y derechos y, por otro “se continúa criminalizando a grupos y poblaciones vulnerables”, como los adolescentes.