Alejandro Artucio, Wilder Tayler y Robert Goldman son tres de los 60 jueces y abogados que componen la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Esta semana visitan Uruguay en el marco de una misión de seguimiento al informe que emitieron en enero de este año titulado “Uruguay: la lucha por Verdad y Justicia en la encrucijada” en el que señalaban que los “ataques” del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la organización Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) parecían “de los años de la dictadura” y exhortaban al entonces gobierno electo de Tabaré Vázquez a que mostrase “determinación y liderazgo” en el abordaje del pasado reciente y adoptara las medidas necesarias “para prevenir el deterioro del debate”. En diálogo con la diaria, los juristas se manifestaron “optimistas” ante la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, pero advirtieron que ésta es “la última chance” que tiene Uruguay para romper con la impunidad.
Goldman, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opinó que si a este grupo no se le asigna el liderazgo y los recursos que Vázquez prometió, “Uruguay se convierte en España”, en referencia al estado de parálisis judicial en el que permanecen las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo.
“En estos 30 años de democracia, la falta de progreso en las causas uruguayas es inaceptable”, añadió. “Acá hay 30 años de frustraciones”, continuó Tayler, que enumeró la falta de Justicia desde la recuperación democrática, la aprobación de la ley de Caducidad, los plebiscitos con sus votos verdes y rosados que no aceptaron la anulación de la amnistía para los represores, la Comisión para la Paz y el “retroceso” durante la presidencia de José Mujica, “respecto al avance que significó el primer gobierno del Frente Amplio” en términos de investigación y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
“El segundo gobierno de izquierda tuvo un discurso convalidatorio de la impunidad. Por eso el nuevo Grupo genera expectativa -aunque con recaudos- en la sociedad civil. Se quiere creer [que esta vez habrá verdad y justicia]”, sostuvo el secretario general de la CIJ.
La misión mantuvo una reunión el martes con Vázquez, quien “manifestó su voluntad política de avanzar y proveer liderazgo en el tema, brindando instrucciones claras a sus subordinados, cuyas prácticas tengan consecuencias”, sintetizó Tayler.
Por su parte, los juristas destacaron especialmente dos falencias en la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado: “Primero, que tengan que optar entre la jubilación y la pensión reparatoria, cuando la primera forma parte del derecho laboral y lo segundo responde a lo que el Estado le debe como compensación por las violaciones que cometió; segundo, que sólo las víctimas que sufrieron lesiones gravísimas pueden calificar para la reparación”.
“Vamos a ver qué nos informan las autoridades en los próximos meses y habrá que reclamar por aquello en lo que no se avanza lo suficiente”, señaló Artucio, quien fue abogado de presos políticos hasta figurar en la lista de “condenados a muerte” por el Escuadrón de la Muerte. Estuvo cautivo en el Batallón 14, el 2º de Infantería, la Escuela de Armas y Servicios y en el sector 2B del Penal de Libertad. Ya libre, se convirtió en una figura emblemática entre quienes denunciaban desde el exilio las torturas y desapariciones en Uruguay. Durante el primer gobierno de Vázquez fue embajador ante Naciones Unidas en Nueva York.
Volver a casa
Seis meses han pasado desde que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, tildó de “imbéciles” a los integrantes de Serpaj y expresó que si esta organización de derechos humanos “lo autorizaba a torturar” él podía conseguir información de militares, como respuesta a la denuncia pública en la que se establecía que dicha cartera no cooperaba en las investigaciones ni entregaba archivos. En vísperas del 20 de mayo, el jerarca volvió a aludir como “enfermitos y enfermitas” a las organizaciones sociales y personas que ejemplificaban las dificultades para acceder a legajos militares. “Sigue haciendo lo mismo que antes y se deberá evaluar su continuidad en el cargo”, opinó Tayler. “Para la misión es claro que el ministro de Defensa le prestaría un gran servicio a la patria si se fuera para su casa. Si no, habría que cambiarlo. Para la CIJ es impresentable”, expresó Artucio.
“Organismos como Serpaj merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional,” indicó Tayler en el informe de enero.
Tun tun, ¿quién es?
Tayler, Goldman y Artucio también dialogaron con la Institución Nacional de Derechos Humanos, Serpaj, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y la Asociación de ex presos políticos Crysol.
En el informe de enero señalaban que Uruguay “tiene serios problemas”, en comparación con la región, para lograr un contexto de justicia transicional. Yvonne Klingler, una de las 28 ex presas políticas que realizaron en 2011 la denuncia colectiva por violencia sexual aplicada en forma sistemática durante la dictadura, recordó ayer ante los juristas que, en la actualidad, 60% de las causas de derechos humanos están en etapa de “presumario” para la Justicia nacional, a lo que se suman numerosas apelaciones por parte de las defensas de militares y policías imputados que “dilatan” las investigaciones.
Durante la reunión, desde Crysol remarcaron a los juristas su preocupación por la manifiesta “muralla” contra la que se toparían las causas por delitos de lesa humanidad cuando las sentencias llegaran a la Suprema Corte de Justicia.
“La Corte no puede sostener que el Derecho internacional no tiene injerencia en el Derecho nacional porque el primero es superior”, afirmó Artucio al recordar que Uruguay “adhirió a determinados tratados que completan las leyes nacionales y tienen más fuerza que éstas. Ningún juez puede dejar de cumplirlos porque estaría cometiendo un delito”.
El secretario general también criticó la expresión dicha en su momento por Mujica y reproducida hasta el presente: “Esto se acaba cuando nos muéramos todos...”: “Si un grupo de [ex] guerrilleros no quiere su reparación, ellos no tienen derecho moral ni jurídico para negar esto a los demás”, opinó.
“No se cierra una transición por decreto, ni se produce la pacificación por decreto”, agregó y concluyó: “No se puede decir que hay una democracia completa o reparación cuando se sostiene una política de olvido. No se va a conducir a la paz social si quienes han sido torturados deben seguir reclamando justicia”.