Por mayoría de tres votos a dos, el TCA resolvió que Mariana Mota no tenía “derecho adquirido a permanecer en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno, ni su especialización y preferencia por la materia penal le conferían estabilidad en dichas funciones”. “El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, señala otro tramo del fallo citado ayer por El País y el Portal 180, en el que se agrega que el traslado de la magistrada del fuero penal al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1º Turno, en febrero de 2013, no significó un “descenso de categoría, por lo que no se perjudicó su carrera administrativa”.
Al momento de ser trasladada de un ámbito judicial a otro, Mota investigaba unas 50 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, además de otros casos penales. Sin embargo, el TCA afirmó que no existe “atisbo de arbitrariedad” en esta decisión, que se produjo simultáneamente al traslado de otros jueces, y reafirma la respuesta que en su momento dio la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la que rechazaba anular el traslado. “Ninguna norma del derecho positivo nacional prevé la selección de los cargos de jueces en función de las materias de su respectiva formación profesional o académica”, añadió el TCA.
El abogado de Mota, Antonio Rammauro, señaló que tenían expectativas con el fallo del TCA y lamentó que a tres de los cinco jueces les pareciera “suficiente” que la SCJ estuviera satisfecha con el argumento de que el traslado se debió a “razones de servicio”: “Nosotros y los dos magistrados que recogieron nuestro planteo señalaron, por el contrario, que esto es motivo suficiente para anular el traslado”, afirmó.
En la Justicia local no hay más apelaciones que hacer. Por ello, Mota evalúa denunciar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para mostrar la “intención política oculta” tras la decisión de removerla de su puesto, dijo Rammauro a la diaria. Lo que está de fondo es el “cuestionamiento a los superpoderes que se arrogan los integrantes de la SCJ, que toman decisiones sin dar explicaciones”, añadió.