Retomando argumentos de Helios Sarthou, “quien sostenía que se puede anular una ley mediante otra, y daba como ejemplo la ley 15.738 de 1985, que anulaba algunas leyes de la dictadura por razones de contenido”, mediante un comunicado, Unidad Popular afirma que “anular se puede y se debe, está implícito en las potestades del Parlamento y no implica mayorías especiales”.
En su argumentación toma como base el texto del plebiscito de 2009 y apunta a modificar la ley interpretativa de 2011 (18.831), que restableció en su artículo 1º el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, pero cuyos artículos 2º y 3º fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, planteará la imprescriptibilidad de los delitos cometidos desde 1968, cuando el gobierno de Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad.
“Pretendemos la recuperación de los valores democráticos y que todos seamos iguales ante la ley”, indicó Eduardo Rubio a la diaria. Consideró que durante los gobiernos frenteamplistas “ha faltado decisión política, más allá de los discursos, para terminar con la impunidad. No le resto intencionalidad a ninguno de los pasos que se han dado, pero tienen que primar la verdad y la justicia, y creemos que esta legislatura tiene un mandato histórico en este sentido”. Rubio presentará hoy el proyecto en el Parlamento.
En referencia a los pedidos que surgieron en la última semana dentro del Frente Amplio para que renuncie el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, Rubio expresó que su fuerza política discrepa con el nombramiento “de todo el gabinete” actual, y aunque consideró que “sería bueno que cambie el ministro, el tema es que el Estado uruguayo retome la capacidad de juzgar a todos por la misma ley”.