El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Marco Polo de Nero, visitó la Comisión de Deportes del Congreso brasileño el miércoles a pedido del diputado del Partido Democrático Laborista Marcelo Matos, inquieto por la posibilidad de que haya habido irregularidades durante la pasada Copa del Mundo de 2014 y expectante por conocer las medidas que esta organización tomará para evitar futuros actos de corrupción. Quien hasta el 16 de abril fue presidente de la CBF, José María Marín, es uno de los dirigentes detenidos en Zúrich a pedido de la Justicia estadounidense, por el caso de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). También la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de Chile citó al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de ese país, buscando esclarecer los presuntos sobornos que nueve de los diez presidentes de las asociaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) habrían recibido por los derechos de televisación, según la investigación del FBI. El Parlamento paraguayo fue el que jugó más fuerte hasta el momento. El miércoles, la Cámara de Senadores de ese país sancionó un proyecto que deroga la inviolabilidad del local permanente de la Conmebol, filial de la FIFA manchada por denuncias de sobornos vinculados con la comercialización de los derechos de televisación de la Copa América 2015 y otros torneos.
De una forma mucho menos rimbombante, el tema posiblemente aterrice en el Palacio Legislativo, una vez que se vote la integración de la Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Diputados. La integración de la comisión se formalizará en la próxima sesión de la cámara.
El diputado nacionalista Mario García (Alianza Nacional) quiere que “por lo menos” el Parlamento se interiorice en el tema. Sobre la FIFA, asegura, “se dice que es una multinacional, cuando en realidad es un organismo supranacional que está por encima de las naciones”. Para García, es necesario que los parlamentarios profundicen en “cómo funciona la FIFA, cuáles son las reglas que la rigen y por qué muchas veces no se puede investigar”. Eso, asegura, debe ser el “puntapié inicial” para adentrarse en un tema “sumamente complejo”. “Más allá de que el fútbol es una actividad privada, es sumamente importante para cualquier país, genera cuantiosos recursos y es el medio de vida de muchas personas, más allá de los deportistas”. García dice que los legisladores deben “informarse” sobre el tema antes de tomar cartas en el asunto o, eventualmente, legislar al respecto. Si bien sostuvo que “cobrar al grito no es apropiado”, dijo que su sector decidió poner el tema arriba de la mesa.
El otro representante nacionalista de la comisión, Amin Niffouri (Todos), dijo que sería bueno que la comisión aborde el tema “dentro de lo que podemos participar como comisión asesora”. El representante esbozó la posibilidad de invitar, por ejemplo, a las actuales autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a los clubes uruguayos que en diciembre de 2013 iniciaron una denuncia al por entonces presidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo (hoy preso en Zúrich), por montar una “organización criminal” por medio de la comercialización de los derechos de televisación de los torneos organizados por la Conmebol hasta 2020.
Si bien Niffouri no descartó la convocatoria del ex presidente de la AUF Sebastián Bauzá (votante nacionalista y ex suplente de la candidatura a la Intendencia de Montevideo de Álvaro Garcé y Edgardo Novick), sostuvo que priorizará citar a las actuales autoridades de la AUF. Bauzá negó haber recibido un soborno por los derechos de televisación de la Copa América y aclaró que lo que hubo fue un adelanto de la Conmebol a la AUF por 1,5 millones de dólares, debidamente registrado en la contabilidad de la institución. Según Niffouri, lo mejor es que las actuales autoridades de la AUF aclaren cuál es la versión de la institución sobre ese punto, aunque ésta, se sabe, coincide con la de Bauzá. “Queremos saber cómo se vienen moviendo las autoridades de la AUF en este tema, cuál es la hoja de ruta y qué medidas piensan llevar adelante”, resumió.
En el Frente Amplio, en cambio, no hay una postura única sobre el tema. Cuatro de los ocho integrantes de este cuerpo pertenecerán a la fuerza política. Uno de ellos, José Luis Gallo (Asamblea Uruguay), sostuvo a título personal que este cuerpo “por lo menos debería estar enterado de la situación, aunque no sé para hacer qué”. En cambio, Felipe Carballo (Compromiso Frenteamplista), sostuvo que no está en sus planes meterse en el tema: “No significa que no sea importante, pero tengo pensado tratar otras cosas”. Los integrantes por los demás partidos, Valentina Rapela (Partido Colorado) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), tampoco tienen intenciones de plantear el tema, según dijeron a la diaria.
Acá también, Eugenio
Mientras que la cámara baja continúa los procedimientos burocráticos para conformar la Comisión Especial de Deportes, la Justicia uruguaya se dispone a investigar a Figueredo, denunciado penalmente en Uruguay en 2013 por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y varios clubes por estafa, asociación para delinquir y lavado de activos. La causa tuvo el apoyo del empresario uruguayo Francisco Casal, que había presentado una oferta para la televisación de los derechos de los torneos organizados por la Conmebol hasta 2020, pero éstos fueron concedidos a la empresa T&T, que ofertó 400 millones de dólares menos que el uruguayo.
El fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez tomó en 2014 esta causa, demorada por un recurso de la defensa de Figueredo, que alegó incompetencia de la Justicia uruguaya para investigar, dado que la sede de la Conmebol se encuentra en Paraguay. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso. “No es posible convenir jurídicamente que sea el propio organismo trasnacional el que pretenda regular ante qué sistema penal habrá eventualmente que responder”, sostuvo el fallo del 8 de junio.
Gómez admitió en varias oportunidades que Uruguay cooperó con la investigación del FBI, y que ésta podría contribuir a la causa de Figueredo a nivel nacional. Así explicó Gómez la situación a Radio Oriental a fines de mayo: “En caso de probarse que algún producto de esa actividad [refiriéndose a los sobornos] fue introducido en el régimen bancario [o] en la adquisición de bienes en Uruguay, nos permitiría movilizar la figura del lavado de activos”.