Están de vivos. Negros malandros. Ése es el saludo habitual de los funcionarios policiales en Las Piedras, departamento de Canelones, a los adolescentes que ven en la calle. “Vas a terminar como tu hermano o tu papá”, les dicen, a sabiendas de que éstos pueden estar presos.
Detenciones arbitrarias, hostigamiento e incomunicación en comisarías por tiempo prolongado son situaciones que aparecen en relatos juveniles de esa localidad canaria. “Conocimos muchas historias de abuso y ahora pudimos comprobar que son ciertas”, dice John Díaz Cortés, educador del proyecto Minga, que el 5 de junio lo vivió en carne propia. Una camioneta policial llegó a su casa, donde estaba junto a uno de los adolescentes que participan en el mencionado proyecto salesiano. Los oficiales le dijeron que se tenían que llevar a un joven de 15 años que estaba con él, “por disposición judicial”. Como no presentaban ninguna orden, Díaz se negó a que detuvieran al adolescente. “Te arreglás vos”, vociferaron, y se fueron. Al rato volvieron con una orden de allanamiento y los detuvieron a ambos. Estuvieron incomunicados entre las 10.30 y 14.00 en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Las Piedras, dependencia lindera con la Seccional 4ª. Luego fueron trasladados al Juzgado de Las Piedras y querían que declararan aunque no estaban presentes ni la jueza ni el fiscal, sino actuarios; además, les impidieron hablar con su abogada hasta las 17.00. Mientras esperaban a que se regularizara la situación, “los policías nos prendían como ‘gracia’ una aplicación de celular que se llama ‘mosquito’, una frecuencia que te aturde. Nos aturdieron dos horas con la aplicación. Cuando yo les pedí que pararan, me preguntaron cuántos años tenía. Les respondí que 25 y me dijeron: ‘No te preocupes, a los 30 ya no lo sentís’”, contó John a la diaria. Él y el joven estuvieron dos días con dolor de cabeza y una “sensación de eco”, por lo que tuvieron que consultar a un otorrinolaringólogo.
No es la primera vez que hay casos de abuso policial en Las Piedras. No es la primera vez que funcionarios policiales quieren “abrazarle” una causa (como se conoce en la jerga cuando quieren “armar una causa” y acusar a alguien de un delito que no cometió) al adolescente que Díaz acompaña desde febrero, cuando supo que había sido detenido varias veces y que había sufrido persecución policial. De primera mano Díaz puede probar que no fue el joven, pues a las horas en que supuestamente se cometieron los ilícitos de los que lo acusan, el adolescente estaba a su lado.
El caso llegó esta semana al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que pondrá en conocimiento de esta situación y planteará su “preocupación” por la reiteración de estos hechos de violencia institucional a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). “Pudimos saber que no fue una situación puntual, sino algo que se sostiene en el tiempo”, afirmó el abogado de Ielsur, Luis Pedernera, a la diaria. El instituto también evalúa denunciar el hecho ante la Justicia y ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior.
“Son procedimientos sobre niños y adolescentes a quienes se les han vulnerado una serie de garantías que deben tener ante una detención, que están contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia [CNA]. Por ejemplo, tenerlos incomunicados durante horas está expresamente prohibido en el Código, y a estos adolescentes se los incomunica como regla”, afirmó Pedernera. Tampoco se los pone en contacto con la familia. “Hay imposibilidad de contactar a referentes adultos, sean éstos familiares o representantes legales, y también han sentido los coletazos de la violencia policial muchos educadores de proyectos socioeducativos -muchos de ellos en convenio con el Estado- de los que los jóvenes forman parte, en un desprecio y falta de reconocimiento a su tarea”, agregó el abogado.
Si bien Ielsur no recibía desde hace un tiempo testimonios sobre abuso policial en Las Piedras, “eso no significa que no hayan ocurrido”, aclaró Pedernera. “Hemos recibido testimonios de educadores que indican que la Policía les prohíbe a los adolescentes circular por determinados espacios de la ciudad”. De hecho, Díaz considera que como en la localidad canaria “se conocen todos”, hay “temor de denunciar” los abusos policiales.
También se podría decir que a nivel social hay cierta naturalización y legitimación de actitudes violentas: los relatos de detenciones arbitrarias, procedimientos policiales irregulares e incomunicación se repiten en reuniones de amigos. Como les ocurrió a dos muchachas que caminaban por la calle en la madrugada a comienzos de mayo y fueron detenidas sin razón aparente, con burlas de distintos funcionarios y funcionarias policiales de la Seccional 4ª, que las mantuvieron incomunicadas durante horas en el calabozo, mientras uno de ellos se mofaba diciendo: “Tu papá no va a poder hacer nada. Acá tengo nueve balas”, y hacía girar el tambor del arma reglamentaria.
“Sería bueno que esto se investigara, porque si hay agentes que operan por fuera de la legalidad, deben ser investigados y sancionados, ya que están formando parte de una fuerza que debe investigar y perseguir el delito”, sostuvo Pedernera.
El “algo habrán hecho” y el “no te metás” siguen impregnando esta comunidad canaria. “Los golpean por las dudas o para que digan que Fulano hizo tal cosa”, cuenta Díaz. “Actúan con impunidad y no existen herramientas claras para proceder -continuó Díaz-. La represión no educa. Por el contrario, marca, no colabora en nada y reafirma las estigmatizaciones que estos jóvenes sufren a diario”. “Queremos dar a conocer esta situación para que estas cosas dejen de pasar. El maltrato es innecesario”, añadió el educador.
Para revertir esto, Minga comenzó hace cinco años a “quitarles horas de calle” a los gurises, sobre todo de noche, “cuando estaban más expuestos a la droga, la explotación sexual, a los golpes”. Por eso, implementaron el Patio Abierto, un espacio donde poder pensar sus proyectos de vida y contar qué les pasa. El proyecto creció y ahora cuentan con apoyo pedagógico, talleres artísticos y de estudio.
El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y Ielsur llevarán adelante una serie de talleres junto con los adolescentes y el equipo educativo de Minga para que conozcan los derechos que tienen si son detenidos por la Policía. Para Mauro Tomasini, integrante de Serpaj, “más allá de la necesidad de una fuerte y profunda formación con enfoque de derechos de los funcionarios policiales, debería modificarse el marco de intervención estatal en relación al espacio público”. “Es imperiosa la creación de equipos multidisciplinarios de abordaje, con psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que tomen en cuenta las complejidades que tienen los universos infantil y juvenil y sus contextos. Deben desarrollarse respuestas sociales ante problemas sociales, no respuestas punitivas que sólo fortalecen los estereotipos y las hipótesis existentes en relación al ‘otro’, como pasa hoy en día”, analizó.
A la vez, Tomasini consideró que para que exista “una extensa y eficiente protección de derechos se deberían instalar dispositivos de control y denuncia de cercanía a los niñas, niños y adolescentes”. Consideró que en cada espacio de educación formal y no formal debería existir una oficina que recoja, sistematice y ejecute denuncias de violencia policial a nivel institucional. También los referentes adultos en estos espacios de educación deben hacerse cargo de acompañar y dar seguimiento a las situaciones de violencia. “De lo contrario, el dispositivo educativo será una prolongación del dispositivo policial, cuando debería ser su reverso. Recordemos que somos los adultos quienes vulneramos y protegemos los derechos de los niñas, niños y adolescentes. De no entender eso, seguiremos fomentando la naturalización de la violencia y profundizando las fallas simbólicas de las instituciones del Estado”, advirtió Tomasini.
Díaz Cortés llamó a que “la comunidad entienda que debe darles oportunidades a estos gurises”.