La regularización del mercado del cannabis puso a Uruguay en la mira mundial como uno de los países que luchan contra el narcotráfico por un camino alternativo al prohibicionismo. Según el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, Uruguay no es el único; “Hay una gran corriente de países -fundamentalmente latinoamericanos- que están clamando por la finalización del enfoque de ‘la guerra contra las drogas’, que hasta el momento ha causado más daño que las drogas mismas”.
Los tiempos han cambiado, las mentalidades también, y la agenda marca un “debate abierto, inclusivo y sin tabúes”, sostuvo Romani ayer en la presentación de un documento que propone al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una serie de “directrices básicas” para el reconocimiento de los derechos humanos en las políticas de drogas, y que el país pretende que se incorpore en la discusión de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General, en 2016.
“Seguimos reclamando revisar las políticas que tanto daño le han hecho durante estos años a nuestros países [...] producto de un enfoque moralista y absolutamente conservador”, continuó Romani. La propuesta tiene como marco diez directrices básicas que buscan integrar los principios éticos de respeto a las personas en el reconocimiento de su autonomía plena para la toma de decisiones, lo que implicaría, entre otras medidas, reformular las legislaciones nacionales de estupefacientes para su armonización con los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos, con especial énfasis en: abolir la pena de muerte para ofensas en drogas, despenalizar el uso y posesión personal de drogas, y el principio de proporcionalidad y presunción de inocencia. Por otro lado, asegurar que las políticas impliquen la defensa de los derechos individuales, pero también comunitarios, respetando la diversidad de estilos de vida, identidades culturales, la cosmovisión de los pueblos originarios, así como las tradiciones y prácticas espirituales que incorporen el uso de sustancias controladas.
Dos representantes de la sociedad civil invitadas a comentar el aporte aplaudieron la propuesta, pero también señalaron las contradicciones con la legislación interna y el especial cuidado que debería haber para con los niños, adolescentes y mujeres. Gianella Bardazano, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, sostuvo que en Uruguay “por un lado, se ha avanzado en derechos al implementar la regulación del mercado del cannabis, pero, por otro, se profundizaron los efectos de ‘la guerra contra las drogas’”, en referencia a la ley que volvió inexcarcelable el delito de venta de pasta base, así como la propuesta de forzar la internación de aquellos a quienes el Estado considere adictos. Emilia Pérez, de Proderechos, llamó la atención sobre los abusos policiales y también sobre la estigmatización de los detenidos.