Buscando que algún partido político ponga su firma para que la iniciativa ciudadana ingrese al Parlamento, Martín Prats y Gustavo Gómez, presidente y asesor del Centro de Acceso a la Información Pública (Cainfo), respectivamente, presentarán hoy ante diputados y dirigentes de diversos partidos un anteproyecto de ley sobre asignación de publicidad oficial. El texto, similar al que se presentó en 2009 y no llegó a ser estudiado por el Parlamento, pretende regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial de cualquier organismo público, procurando mayor transparencia en los criterios de asignación. Consultados por la diaria, representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en que hay una “mirada favorable hacia la intención” del proyecto.
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que estamos en “el momento histórico adecuado” para considerar un proyecto de este tipo, cuando ya han pasado por el gobierno “los tres partidos más grandes” y “ninguno ha sido capaz de autorregularse completamente en la materia”. En este sentido, consideró que el texto, “ambicioso y reglamentarista”, “es una buena base”.
El anteproyecto acota la publicidad oficial a una herramienta “para informar, comunicar y explicar” respecto de los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan los distintos organismos públicos de alcance nacional, departamental o municipal, sea estatal o no estatal (incluye a las sociedades anónimas de capital estatal) en cualquier medio de comunicación.
La información que transmita la publicidad debe ser “veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población”, por lo que prohíbe su uso para “presionar y castigar o premiar y privilegiar” a comunicadores o medios y también para fines propagandísticos de los partidos políticos, punto sobre el que hizo hincapié el diputado del Partido Independiente Iván Posada, quien sostuvo a la diaria que “hay ejemplos recientes y más lejanos de candidaturas que se han construido en relación a la publicidad estatal”.
Otro capítulo del texto prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo que sea en relación a la organización de las elecciones o en caso de emergencias, punto que coincide con el proyecto del senador Pablo Mieres, en estudio en una comisión de la cámara alta.
El principio general de asignación será la licitación pública, y los criterios para la selección de los medios de difusión serán la relación entre información y población objetivo, los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría, y el precio, un punto que Abdala consideró débil porque “deja la decisión final librada a la reglamentación del Ejecutivo de turno”. Dijo que de llegar a discutirlo en el Parlamento, “habría que hacer un esfuerzo mayor, y brindar criterios objetivos que funcionen por sí mismos, si no, al final de cuentas volvemos a la misma instancia”.
Al menos 30% del monto total asignado en publicidad deberá destinarse a medios de comunicación radicados en el interior, punto que fue avalado por el ex diputado colorado Fitzgerald Cantero, quien si bien consideró necesario “evitar el despilfarro”, dijo a la diaria no estar de acuerdo con “regular montos”, y también por el emepepista Alejandro Sánchez, quien valoró la “descentralización” que se propone.
El proyecto contiene un artículo que prevé la transparencia de mercado, por el que los medios de comunicación que reciban publicidad oficial deberán dar cuenta de los montos y características de la pauta recibida.