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En la enseñanza y la salud, los mayores beneficios de renuncia fiscal son recibidos por hogares de mayores ingresos.

Dentro de las políticas públicas, es común la aplicación de subsidios, transferencias de ingresos y servicios públicos diferenciales para determinados grupos de población, cuantificados explícitamente y autorizados generalmente por medio de un proceso legislativo, y también de lo que se denominan tratamientos especiales, que reducen o suprimen los impuestos que cargan una determinada actividad. Al sacrificio fiscal que implican estos últimos se lo suele denominar gasto tributario, y se lo estima como la pérdida de recaudación que se generaría en comparación con la estructura normal de un impuesto.

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La Asesoría Económica de la Dirección General Impositiva (DGI) estimó el gasto tributario entre 2011 y 2013 para cinco impuestos: al Valor Agregado (IVA), a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), a la Rentas de las Personas Físicas (IRPF), al Patrimonio (IP) y al Específico Interno (Imesi).

El sacrificio fiscal procedente de éstos alcanzó 71.659,4 millones de pesos en 2013, lo que implicó 33,9% de la recaudación total y 6,08% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en el costo que tuvieron dichas medidas para el país en el mismo año. Si bien el gasto tributario se incrementó con respecto a 2011 y 2012, el porcentaje sobre la recaudación total, así como sobre el PIB, se redujo en esos períodos.

Las pérdidas de recaudación más relevantes encontradas en el IVA corresponden al costo de gravar determinados bienes y servicios a la tasa mínima, lo que representó un costo de 0,57% del PIB, unos 6.693,4 millones de pesos. Les siguen las ventas de naftas (4.654,6 millones), los arrendamientos de inmuebles (3.131,6), la enseñanza (2.796,5), las ventas en freeshops y tiendas de frontera (2.152,6) y las importaciones de maquinaria y equipos (2.047,3). Otros, menos relevantes, son la devolución al sector agropecuario, que implicó una renuncia fiscal de 1.499,1 millones de pesos, y los juegos de azar no gravados, de 1.195,4. A nivel general, el costo del IVA para el país fue de 2,96% del PIB, unos 34.824,7 millones de pesos.

En cuanto al IRAE, que grava las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en territorio uruguayo, el sacrificio fiscal ascendió a 16.647 millones de pesos, 1,41% del PIB. La principal línea de exoneración corresponde a las obtenidas por los usuarios de zonas francas, unos 4.413 millones de pesos. La exoneración de la que gozan 30.000 pequeñas empresas se determinó en 4.075 millones.

El gasto tributario por IRPF representó 6.015 millones de pesos, 0,51% del PIB. El principal ítem del sacrificio fiscal fueron los derivados de los Fondos de Ahorro Previsional, que implicaron unos 2.910,2 millones de pesos. La normativa de este impuesto establece que las rentas se separan en dos categorías: la primera comprende las rentas de capital e incrementos patrimoniales, que implicaron una renuncia de 4.251,7 millones de pesos, y la segunda, de rentas del trabajo, de 1.763,4. Por otro lado, el total de las exoneraciones en el IP, que recae sobre el patrimonio de las personas físicas, los núcleos familiares, las sucesiones indivisas, así como de aquellas empresas que obtienen rentas empresariales comprendidas en el IRAE, asciende a 13.310 millones de pesos.

Por último, el Imesi, impuesto selectivo al consumo, generó una renuncia de 862,7 millones de pesos: 401,5 del subsidio a la cerveza, 303,8 a las solicitudes de excepción de importaciones en aduanas y 157,4 al descuento otorgado por el decreto de combustible de frontera.

Por ingresos

El informe también analiza el gasto tributario en función de los diferentes deciles de ingresos de los hogares uruguayos, de lo que surge que la renuncia fiscal del IVA es decreciente con la escala de ingresos. “Esto nos muestra que existe progresividad en los efectos de los tratamientos fiscales especiales (exoneraciones y aplicación de tasas diferenciales) y que, por lo tanto, provocan un resultado redistributivo a favor de los sectores de menores ingresos”, afirma en el documento la DGI.

Si bien en la mayoría de los rubros el gasto tributario se corresponde a una tendencia decreciente con el ingreso, no es así en el caso de los servicios de enseñanza, en el que el mayor beneficio es recibido por los hogares de mayores ingresos, lo cual se asociaría a “una mayor participación de los servicios provistos por privados a medida que crece el ingreso”, según el informe.

“Debe dejarse claro -advierte la DGI- que la cuantificación del gasto tributario [...] no es equivalente al ingreso que se obtendría en caso de eliminar la exoneración”, sino que ese monto dependerá del efecto del cambio impositivo en los agentes económicos.

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