El secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, señaló ayer que “todo el programa [de refugiados] está sujeto a revisión” y que se evalúa con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las posibilidades económicas para que se concrete la llegada de otras siete familias sirias, unas 74 personas. El jerarca fue citado ayer por la Comisión de Derechos Humanos de Diputados para rendir cuentas sobre la adaptación e inserción de las cinco familias sirias que llegaron al país en octubre de 2014 y fue consultado por la continuidad del programa. Miranda expresó a la prensa que quiere seguir adelante con el programa, pero entiende que “hay argumentos económicos razonables que deben ser atendidos para revisar y hacer cambios e incluso evaluar su continuidad”. “El programa es costoso y Uruguay está en proceso de revisión de sus ecuaciones presupuestales. No se puede decir alegremente que este proyecto va a seguir, independientemente de la marcha económica del país”, añadió.
De las cinco familias que llegaron en 2014, tres permanecen en Montevideo, otra se encuentra en Juan Lacaze y la quinta en Maldonado. Uno de los “errores” del programa, que Miranda reconoció, fue haber ubicado a las familias todas juntas en un “albergue transitorio” durante los primeros dos meses, lo que derivó en “problemas de convivencia”. La segunda tanda de refugiados tendría un perfil de “productores rurales” y serían reasentados directamente en lugares agrícolas del interior del país, donde puedan realizar “tareas de la tierra”, porque “creemos que es más fácil para insertarse en la sociedad”, explicó.
Respecto a las denuncias por violencia doméstica, Miranda criticó el tratamiento “irresponsable” de algunos medios, señalando que un niño se fracturó un brazo, pero no fue por agresiones de ningún familiar, y “reconoció que hubo un caso de violencia física sobre una niña, por el que se le efectuaron advertencias al jefe de familia que había cometido la agresión”, detalló el diputado Pablo Abdala a la diaria. El legislador manifestó su “preocupación” por la demora en la llegada de la segunda tanda de familias y la posibilidad de que el programa se discontinúe, ya que el presupuesto previsto para los dos años de funcionamiento “no es un monto exorbitante”: 2.300.000 dólares. Consideró que aunque el MEF “pida prudencia fiscal, no es bueno no cumplir con los compromisos adquiridos con ACNUR”.