El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) brindó ayer una conferencia de prensa en la que aceptó las recomendaciones emitidas en ocho informes por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), respecto de la situación en la que se encuentran 44 de los 182 centros del sistema de protección de tiempo completo para niños, niñas y adolescentes. El director del INAU, Fernando Rodríguez, afirmó que el cuarto de contención del centro Tribal, que tiene denuncias por maltratos, fue clausurado a fines de 2014, aunque el MNP encontró a dos adolescentes dentro de esa habitación en su visita de mayo.
El informe global sobre el estado deficiente que presentan gran parte de los centros del INAU es “elocuente” sobre la problemática referida a vulneraciones de derechos que padecen niños, niñas y adolescentes, reconoció la presidenta del instituto, Marisa Lindner. La jerarca recordó que el Estado “tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños y trabajar para su reinserción y restitución de derechos en el ámbito de su familia”, pero también remarcó que las situaciones de las residencias muchas veces “desbordan” al funcionariado, por la complejidad que conlleva trabajar con “situaciones de extrema vulneración”.
El directorio valoró positivamente que se genere un proceso de seguimiento y monitoreo transparente sobre las situaciones en las que viven niños y adolescentes que tienen cercenado su derecho a vivir en familia. Como primeras respuestas, harán reformas edilicias y comenzarán a elaborar protocolos de actuación específicos para contener crisis psiquiátricas y situaciones de abuso y explotación sexual que se puedan presentar en los centros. El informe sobre el hogar Amanecer, de Maldonado, destaca que hay numerosos casos de adolescentes que llegan a este centro del INAU tras haber sido víctimas de explotación sexual. Además, enfatiza el riesgo latente de que sean cooptados por explotadores cuando realizan salidas no autorizadas, situaciones que “ponen en tensión el desarrollo de la autonomía progresiva de la adolescencia con el riesgo permanente de ser víctimas de redes de trata”, dijo Lindner.
Fernando Rodríguez destacó que el INAU brinda capacitación permanente a los funcionarios y se propone “cuidar a los equipos” mediante contención psicológica. No obstante, Diego Lapeyre, director nacional territorial del instituto, aclaró a la diaria que en la actualidad “no hay un plan determinado de capacitación”, más allá de que se brindan formaciones específicas según las necesidades que manifiesten los equipos en todo el país.
Respecto del abordaje de padecimientos psiquiátricos, el informe general del MNP identifica serias dificultades en la coordinación y derivación de niños, niñas y adolescentes a centros de salud mental. “La atención en salud mental es un problema que se registra a nivel país y requiere una revisión a fondo, no sólo en lo que respecta a las responsabilidades del INAU”, señaló Dardo Rodríguez, otro integrante del directorio. “Hay departamentos que no tienen psiquiatras infantiles, y los niños deben ser trasladados a Montevideo para ser atendidos por psiquiatras del INAU; así como otros departamentos que sólo tienen un psiquiatra infantil” para todos los niños, lo que dificulta el abordaje en tiempo y forma de cada caso, detalló Rodríguez, quien resaltó que, más allá de las deficiencias registradas, el INAU ya destina 10% de su presupuesto a salud.
Internada
La niña de 11 años que quedó embarazada producto de la violación de un hombre de 41 años, caso denunciado en mayo por la diaria, es monitoreada por la institución liderada por Lindner. El INAU, el Ministerio de Salud Pública y médicos del hospital Pereira Rossell evaluaron que el embarazo podía continuar porque la pequeña manifestaba su deseo de ser madre y el peso y la talla no representaban un riesgo para su salud. La Justicia dispuso que fuera derivada a un hogar de amparo. La semana pasada fue visitada por distintos profesionales del instituto que monitorean su salud y coordinan con médicos del Pereira Rossell. “Es un tema de alta complejidad y de riesgo para la niña, el bebé y su núcleo familiar. No queremos dar información específica del caso porque estaríamos vulnerando el derecho a la intimidad de la niña”, se excusó Lindner. La niña, que cumplió 12 años, cursa la semana 26 de embarazo y presenta los “riesgos propios de cualquier embarazo adolescente”.
En sentido contrario
Una de las denuncias más relevantes es la que cita testimonios de niños, niñas y adolescentes que pasaron por el cuarto de contención: una habitación en la planta baja de Tribal, que tiene rejas en la puerta y dos cuchetas en el interior, donde no hay luz natural ni artificial, aunque el MNP recomendó que hubiera iluminación. La coordinadora de turno explicó al MNP que “cada vez que colocan la lamparita, los adolescentes la sacan”, pero dentro del cuarto no se registra conexión eléctrica y la única fuente de luz cercana es un tubo ubicado fuera de la habitación.
En este cuarto los funcionarios practicaron “amarrocamiento”, que consiste en “dejar al individuo en el suelo con esposas en manos y pies [...] por varios días, como medida de castigo”. El MNP solicitó la creación de un protocolo para la utilización de este cuarto sólo en aquellos casos en los que se indica “internación compulsiva”, de acuerdo a lo previsto en el artículo 121 del Código de la Niñez y Adolescencia, pero que no se use como dormitorio.
la diaria preguntó a los integrantes del directorio si estaban al tanto de estas prácticas, que se asemejan a las de una celda de castigo. Fernando Rodríguez dijo que al día de hoy no les consta que esas prácticas “sigan siendo aplicadas”, pero aseguró que implementarán “mecanismos de investigación”. Si bien “no hay datos fílmicos que prueben la denuncia, existe el relato de los chiquilines, que para nosotros es un elemento de seriedad”. Ahora, dijo, “el hogar tiene elementos de garantía para detectar si esas situaciones pasan y [capacidad para] erradicarlas”, y afirmó que a fines del año pasado se decidió la clausura del cuarto de contención, por lo que “no se está usando”.
Luego de la conferencia, Lapeyre reafirmó el dato, pero cuando este medio señaló que el MNP registró en mayo que en ese cuarto había dos adolescentes durmiendo la siesta con la puerta cerrada sin llave -una situación habitual, según declaró la coordinadora del lugar-, indicó que en la tarde de ayer se reunirían con el equipo de Tribal para confirmar si la habitación fue o no cerrada.
Rodríguez subrayó que cumplieron con algunas recomendaciones, como la instalación de un nuevo baño (funcionaban tres de los cuatro baños) y que la Policía no esté presente en los salones, aunque permanecen en el ingreso al centro, un sistema de guardia criticado por la INDDHH. En Tribal se viven “situaciones de mucha exigencia humana y profesional que exigen capacitación permanente”. “Hay que tener en cuenta que se trabaja con adolescentes que provienen de estar en situación de calle. Jóvenes que vienen agredidos y, por lo tanto, con ganas de agredir. Situaciones que deben ser contenidas, pero la contención no tiene que ser física, sino psicológica y afectiva”, consideró.
El MNP remarcó la insuficiente atención médica en dicho centro, profundizada por la renuncia de la médica general. Lindner señaló que incorporaron un psiquiatra “como referente para la población que llega a Tribal”. “Debemos incrementar la presencia de profesionales en los centros, tanto de la salud como abogados”, dijo, y destacó que hay dificultad para completar vacantes de recursos humanos en el INAU, con llamados que quedan desiertos.