Ayer fue la segunda sesión de la nueva comisión especial de la Cámara de Senadores, dedicada a los temas de seguridad pública y convivencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo más de cuatro horas en la comisión y trató varios temas. Explicó cómo fue la investigación sobre el caso más comentado en el último mes, el del secuestro de Milvana Salomone, y respondió consultas sobre los planes generales de su cartera y sobre El Guardián, el programa de escuchas telefónicas que comenzaron a utilizar la Policía y el Poder Judicial.
Sobre este último tema, Bonomi dijo ante la prensa, al finalizar la sesión de la comisión, que una vez que el Poder Judicial solicita una escucha en el marco de determinada investigación, la que recibe el pedido es la empresa telefónica, que es la que puede acceder al sistema. “Si uno va a tener temor por el hecho corrupto, el hecho corrupto puede radicarse en otro lado”, dijo, en referencia a que el Ministerio del Interior no podrá abusar del uso de El Guardián. Fue enfático en que el nuevo sistema “da muchas más garantías que lo que actualmente existe”. Coincidió en este punto la senadora oficialista Daniela Payssé (Frente Amplio), que recordó que tanto la Suprema Corte de Justicia como el fiscal de Corte, Jorge Díaz, avalaron el sistema.
Otra discusión se centró en los plazos para alcanzar el objetivo de reducir 30% las rapiñas. El senador Javier García (Partido Nacional) se quejó de que Bonomi no dio respuesta sobre los plazos para lograr esa meta, lo que a su entender pone en evidencia “las diferencias en cuanto a la urgencia de resolver los problemas relacionados con la seguridad pública”. “No podemos manejar plazos”, insistió Bonomi frente a la prensa. “Tenemos que mejorar la operativa para que los resultados se produzcan; ésa es nuestra preocupación y lo que se está haciendo”, aseguró.