Hace tiempo que Uruguay dejó de ser un país “de tránsito” para personas en situación de trata y explotación sexual y comercial, y se consolidó como lugar de origen y destino. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) firmó el viernes un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) que servirá de marco para la formulación de un anteproyecto de ley integral contra la trata de personas y tráfico de migrantes, que las autoridades quieren presentar en noviembre de este año. De esta manera, el Estado cumplirá con parte de las numerosas recomendaciones internacionales que en los últimos años solicitaron respuestas por una problemática que está presente en todo el territorio.
El diseño del anteproyecto de ley integral irá de la mano con la formulación de un plan nacional de combate a la trata, que “por un motivo u otro se ha ido posponiendo”, señaló a la diaria Alejandra Costa, ministra de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRREE, quien consideró que la normativa “permitirá una temprana identificación y posterior tratamiento de los casos”.
El carácter integral del texto supone que la trata “no sólo se asocie a mujeres, violencia y explotación sexual, sino entender que se da en niños y hombres, y que puede implicar fines comerciales”, opinó Acosta. Para trabajar el anteproyecto, la cancillería convocará en los próximos días a las instituciones implicadas en el tema, centralizará la discusión y contará con los servicios y el apoyo de la OIM para contratar a un consultor externo que reúna las ideas y busque asesoramiento especializado. El trabajo será “intensivo” para que la propuesta sea presentada en noviembre, confirmó Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
En materia de legislación y diseño de políticas públicas, se creó en 2008 la Mesa Interinstitucional de combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, integrada por siete ministerios, el Ministerio Público y Fiscal, el Poder Judicial, el Poder legislativo, la OIM e instituciones de la sociedad civil, como espacio de referencia en el tema, aunque el decreto de funcionamiento es de 2014. Dos subgrupos de esta mesa han trabajado en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y de una ley integral, como la que se propugna ahora. En 2010 diseñaron un protocolo interinstitucional que contó con el apoyo mayoritario de sus integrantes, aunque la aprobación permanece “trancada” desde entonces.
En consonancia con la creación de la mesa, en 2008 se votó la Ley 18.250 -reglamentada al año siguiente-, que tipifica los delitos de trata y tráfico de personas y establece agravantes especiales cuando la víctima es un niño, un adolescente o una persona con discapacidad. Se crearon dos juzgados de crimen organizado con competencia nacional, dos defensores de oficio (Ley 18.362, de 2008) y dos fiscalías especializadas (Ley 18.390, de 2008), cuya finalidad es procesar los delitos de trata de personas.
Para Andrea Tuana, representante de la sociedad civil en la Mesa Interinstitucional, el diseño de la ley integral es un avance “bien importante”. Si bien hace 20 años “se comenzó a hacer visible el tema, con la denuncia de una red de explotación sexual que unía Montevideo y Milán (Italia), en dos décadas los avances han sido mínimos y muy costosa la visibilización de esta problemática”.
De eso se trata
Inmujeres cuenta desde 2011 con un servicio público de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. Las víctimas llegan, en su mayoría, por el boca a boca. El servicio es gestionado por la ONG El Paso, que brinda apoyo social, psicológico y legal. Las tareas implican contactar con refugios en los que puedan pernoctar, tramitar la cédula de identidad, facilitar el acceso a beneficios sociales, brindar contención y acompañamiento para que puedan salir de la red de explotación y solucionar los daños que produce haber pasado por esta situación.
El servicio de atención a las víctimas busca, junto con el Ministerio del Interior y juzgados de crimen organizado, el momento más seguro para que hagan la denuncia y no queden expuestas ante sus explotadores. “Apelamos a investigaciones proactivas”, señaló Tuana, que integra El Paso. Relaciones Exteriores apoya en cuestiones de traslados y repatriación.
Mazzotti recalcó con preocupación que el número de mujeres atendidas “ha ido en aumento”, lo que da cuenta del “crecimiento del problema”. En este momento hay víctimas que están en lista de espera. Para ilustrar este fenómeno, contó que en los últimos cuatro años fueron abordados 300 casos; sólo en febrero de este año pidieron apoyo 50 mujeres víctimas de trata.
La titular de Inmujeres indicó que se registra una alta demanda de atención por parte de mujeres de origen dominicano “que llegan a Uruguay engañadas y que buscan salir de las redes de explotación sexual”, así como en los departamentos fronterizos con Brasil y Argentina, en especial en Río Negro y en Paysandú. La complejidad de la problemática hace que varios casos impliquen abordajes familiares y comunitarios. “El ejercicio de prostitución no es tal, sino que son situaciones de explotación sexual que se deben desvelar”, agregó Mazzotti.
La ley integral es “sumamente necesaria en este momento, porque la trata y explotación sexual y comercial es una situación de violencia totalmente invisibilizada en Uruguay, y los marcos jurídicos vigentes no están actualizados”, concluyó.